El abogado Rafael Redondo, socio del comisario jubilado José Manuel Villarejo, ha admitido ante el juez del caso Tándem que el clan cobró 7,5 millones de euros de Ángel y Álvaro Pérez-Maura si bien ha enmarcado dichos pagos en concepto de servicios jurídicos que prestaron desde el entramado empresarial a los hermanos navieros, según informan fuentes jurídicas. De este modo se ha desligado de cualquier plan delictivo y ha explicado que el servicio en concreto consistió en labores de asesoramiento por el proceso de extradición abierto en la Audiencia Nacional contra Ángel Pérez-Maura.
El letrado, que estaba llamado a declarar en el marco de esta pieza cuarta del macroprocedimiento, ha asegurado que los servicios que contrataron los Pérez-Maura estaban relacionado con asesoramiento jurídico. Con todo, sí ha reconocido los abonos que se fueron efectuando desde la mercantil Pérez y Cía S.L -imputada recientemente en la causa por delito de cohecho- a las cuentas de Cenyt y de Stuart&McKenzie. Además, ha confesado que intentaron contratar con el entonces magistrado de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón para frenar el proceso de extradición contra Ángel Pérez-Maura.
Redondo ha apuntado que no podía aportar muchos datos al respecto porque las gestiones de esta presunta contratación las llevó a cabo su socio y Adrián de la Joya pero que, en cualquier caso, finalmente no salió adelante. Los audios relativos a las reuniones mantenidas en abril de 2017 por los acusados ponen de manifiesto como se refirieron al juez inhabilitado en varias ocasiones con el pseudónimo de 'El Mago'. De hecho, por la presunta intermediación de Garzón pidieron un millón y medio de euros más puesto que apuntaron que conseguirían, a través de él, entorpecer las pesquisas de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).
Redondo es uno de los principales acusados del entramado por figurar como apoderado de parte de las empresas del comisario jubilado, dedicadas, según alegan ellos, a prestar servicios en este caso de "defensa legal" en España y en Guatemala ante la investigación abierta en el país centroamericano. La Justicia del país acusa a los empresarios cántabros de haber acordado pagos de hasta 30 millones de dólares al entonces presidente Otto Pérez Molina y Roxana Baldeti a cambio de adjudicarse de manera irregular la explotación de una terminal de contenedores en la estratégica zona de Puerto Quetzal.
"Servicios de inteligencia empresarial"
Los Pérez-Maura contrataron al menos verbalmente desde el 21 de abril de 2016 un conjunto de servicios con las dos sociedades del grupo por prestación de servicios de inteligencia empresarial en España, Estados Unidos y Guatemala. La hoja de encargo firmada entre Álvaro Pérez-Maura y Redondo recogía también "la defensa de los intereses y derechos de todo tipo de Ángel y la sociedad Pérez y Cia y en particular de cualquier repercusión económica" que pudiera recaer sobre la mercantil en virtud del contrato firmado a APMT el 8 de marzo de 2016.
APM Terminals, del gigante holandés Maersk, compró la empresa de hermanos Pérez-Maura Grup Marítim Terminal de Contenedores de Barcelona (TCB). El grupo se personó como acusación particular en la causa puesto que esta mercantil es la que está bajo la lupa de la Justicia guatemalteca por la adjudicación presuntamente irregular de Puerto Quetzal. En el marco de estas gestiones ha declarado también como investigado el empresario Armando Mateo Flandorfer. Las fuentes consultadas explican que el abogado se ha presentado como consultor jurídico y que su papel se ciñó únicamente a gestionar esta operación de venta al gigante holandés.
Contratos de 10 millones de euros
El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 acordó una batería de citaciones dentro de esta pieza bautizada como 'Pit' entre las que se encontraba la de Redondo. El juez le imputa los delitos de cohecho, tráfico de influencias, encubrimiento y falsedad en documento mercantil por su labor dentro del entramado. Redondo, que fue detenido junto con Villarejo en un operativo practicado en noviembre de 2017, firmó los contratos que los navieros cerraron con el entramado empresarial por un importe inicial de 10 millones de euros.
Los investigadores de la causa se apoyan en los audios que obran en el sumario del procedimiento y según los cuáles los planes de Villarejo, Redondo y el empresario Adrián de la Joya pasaban por, por un lado, frenar el proceso de extradición que seguía la Audiencia Nacional contra Ángel Pérez-Maura y garantizar su impunidad ante la Justicia y, por otro, evitar que prosperaran las pesquisas que seguía la CICIG en Guatemala por la adjudicación irregular a TCB.
Los planes incluían además aupar a la presidencia de Guatemala al entonces embajador Julio Ligorría con la ayuda del jefe de campaña de Donald Trump, Paul Manafort, y conseguir así que controlara desde su alto cargo el avance de las pesquisas. Precisamente el diplomático fue el primero en inaugurar la ronda de interrogatorios de esta semana. Compareció ante el juez junto con José Manuel Villarejo Gil, hijo del comisario jubilado, y el inspector Antonio Bonilla. Todos ellos negaron irregularidades en torno a este asunto si bien en lo que respecta a Ligorría dijo que su trabajo se ciñó a labores de consultoría para la mercantil del también investigado Enrique Maestre.
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