Las explicaciones que dio el hijo de José Manuel Villarejo en sede judicial por sus vínculos con el entramado empresarial de su padre no han convencido al magistrado de la Audiencia Nacional al frente de este caso, Manuel García Castellón, el cual le ha llegado a espetar en un momento determinado del interrogatorio que podía decir lo que quisiera, pero que no entendía cómo podía alegar ahora desconocimiento cuando las grabaciones muestran que él estuvo presente en muchas de las reuniones en las que se trataron detalles concretos de uno de los encargos al comisario jubilado.
José Manuel Villarejo Gil estaba llamado a declarar este lunes en el marco de una batería de citaciones acordadas por el instructor de cara a dilucidar las pesquisas que se investigan en la pieza cuarta de la causa, bautizada con el nombre de 'Pit'. La misma indaga pagos de 7,5 millones de euros por parte de los hermanos navieros Pérez-Maura al entramado empresarial de Villarejo a quien le encargaron que frenara una investigación abierta en Guatemala contra la mercantil de ambos por la adjudicación irregular de una terminal privada de contenedores de Puerto Quetzal.
Tras escuchar las explicaciones del hijo del exagente encubierto, el magistrado acordó retirarle el pasaporte y prohibirle salir del país. Le impuso además comparecencias quincenales, atendiendo de este modo las peticiones formuladas por los fiscales de la causa. Villarejo Gil, a quien el magistrado imputa ahora cohecho y falsedad documental por su implicación en esta parte concreta del macroprocedimiento, se desligó de estos contratos afirmando que él simplemente ejerció en calidad de administrador de algunas empresas del entramado de manera que la parte relativa a contrataciones y gestiones la llevaba directamente su padre y el socio de este último, Rafael Redondo.
Apoderados del entramado empresarial
Precisamente el abogado, que está citado a declarar para este mismo martes, figura como apoderado tanto de Cenyt como del despacho Stuart&McKenzie al igual que el hijo de Villarejo, de acuerdo con el auto de medidas cautelares del magistrado. El mismo recoge que el hijo mayor del agente encubierto era el autorizado junto con el abogado de las cuentas de las dos sociedades que recibieron los pagos efectuados por Ángel y Álvaro Pérez-Maura desde su mercantil Pérez y Cía S.L, imputada como persona jurídica recientemente en la causa.
Preguntado por todos estos extremos durante el interrogatorio, Villarejo Gil dijo que no tenía nada que ver con las gestiones que encargaban a su padre (incompatibles con su función de comisario de Policía). Es más, dijo que simplemente se encargaba de las bajas laborales, las vacaciones del personal y otros asuntos de esta índole; lo que llevó al titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 a reprocharle en un momento determinado que respondiera de esa forma teniendo en cuenta que figura en las grabaciones incorporadas al sumario de la causa, según explican a este diario fuentes de la investigación presentes en el interrogario. Igualmente se le preguntó por otros pagos al despacho de Díaz Bastién de los cuáles también se desligó.
Con todo, las transcripciones de las conversaciones que mantuvo el hijo de Villarejo junto con otros acusados en esta pieza de la causa -como el empresario Adrián de la Joya o los propios hermanos navieros- demuestran cómo negociaron el cierre de estos servicios, valorados en un primer momento en 10 millones de euros. Es en ese contexto en el que el principal acusado del procedimiento le ordenó a su hijo que suministrara unos terminales de teléfono nuevos ante las sospechas de que el CNI había pinchado los aparatos de algunos de ellos.
"Clarísima la película"
Es en ese momento cuando Villarejo hijo trae nuevos terminales y les explica a ambos cómo deben hacer uso de ellos. Igualmente recoge otro extracto de otra conversación en la que en un momento dado De la Joya afirma: "Bueno vamos a ver, yo tengo clarísima la película. Pero claro de cojones. Nosotros lo que estamos hablando con este señor es que no ingrese en prisión, que no le extraditen, que le desimputen, todo eso es de lo que estamos hablando", dijo. En efecto, el encargo efectuado consistió por un lado en evitar el avance de las pesquisas en Guatemala por presuntos sobornos al gobierno de Otto Pérez Molina y, por otro, frenar el proceso de extradición abierto en la Audiencia Nacional contra Ángel Pérez-Maura.
El plan en cuestión incluyó incluso aupar a la presidencia del país al entonces embajador guatemalteco Julio Ligorría de cara a frustrar las pesquisas de la CICIG respecto a este asunto. Por ese motivo, el juez también interrogó este lunes al propio diplomático así como al inspector jubilado Antonio Bonilla. A ambos les impuso medidas cautelares; en el caso de Ligorría consistentes en comparecencias mensuales ante el juzgado y en el caso de Bonilla libertad sujeta al pago de fianza de 10.000 euros a depositar en un plazo máximo de 15 días.
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