Impidió la entrada a varios diputados

El TC confirma las condenas tras el asedio al Parlament de Cataluña en 2011

El TS condenó a ocho de los acusados a tres años de cárcel por un delito contra las instituciones. El alto tribunal dijo que la libertad de expresión y el derecho de reunión no pueden paralizar otros derechos.

La Fiscalía y los Mossos identifican a una docena de autores del asedio al Parlament
El TC confirma las condenas tras el asedio al Parlament de Cataluña en 2011.

El Pleno del Tribunal Constitucional ha avalado las condenas de tres años de prisión que impuso el Supremo a los ocho acusados por el asedio al Parlament de Cataluña el 14 y 15 de junio de 2011, que impidió la entrada a varios diputados.

Fuentes jurídicas han informado a Efe de que los magistrados han rechazado con siete votos en contra y cuatro a favor la ponencia de Cándido Conde-Pumpido que se inclinaba por estimar el recurso de amparo de una de las condenadas contra la resolución del Supremo que les condenó por un delito contra las instituciones del Estado.

Otra opción que se barajaba era devolver la causa al Supremo para que redactara una nueva sentencia pero el tribunal la ha descartado. Por tanto, ahora el Pleno deberá acordar el nombramiento de un nuevo ponente que redacte una nueva sentencia que recoja la opinión mayoritaria del tribunal de avalar las condenas de los acusados y rechazar el amparo.

Los hechos se remontan al 15 de junio de 2011, cuando una concentración, convocada en contra de los "recortes" presupuestarios por el movimiento del 15M ante el Parlament, derivó en el asedio a esta institución.

Esto provocó que se impidiera el paso a muchos de los diputados y, entre ellos, al presidente de la Generalitat Artur Mas cuando viajaba en su vehículo oficial, por lo que tuvo acceder al Parlament en helicóptero junto a otros parlamentarios.

La Audiencia Nacional absolvió a los acusados de delitos contra las instituciones del Estado, atentado y asociación ilícita, al considerar que estaban protegidos por su derecho a manifestarse. Pero la Fiscalía, la Generalitat y el Parlament recurrieron y el Tribunal Supremo condenó a ocho de los acusados a tres años de cárcel por un delito contra las instituciones del Estado.

El alto tribunal basó su sentencia en que la libertad de expresión y el derecho de reunión no pueden paralizar otros derechos, como el de la participación política a través de los representantes legítimos.

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