Una actuación contraria “a la confianza recíproca”, según Pablo Llarena, el magistrado que instruye la causa contra el Gobierno de Puigdemont y la Mesa del Parlament por el 'procés'. Un intento de juzgar “la actuación de las autoridades judiciales de otro socio” que puede afectar “a la propia estructura política y a los valores de la UE”, según la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. Una interpretación errónea del Acuerdo Marco que establece idéntica regulación de la Orden Europea de Detención y Entrega (OEDE) para todos y cada uno de los Estados miembros, según la Fiscalía del alto tribunal.
La decisión de la Justicia belga de no entregar a los exconsejeros catalanes huídos en Bélgica Antoni Comín, Meritxell Serret y Lluís Puig por un defecto de forma ha sido la gota que ha colmado el vaso. La cúpula judicial española, encarnada en el Supremo, y la Fiscalía General del Estado, que dirige el también magistrado del alto tribunal Julián Sánchez Melgar, se han hartado de los obstáculos de sus colegas de Bruselas. Sus reproches han saltado de las conversaciones privadas a las resoluciones y escritos. Ayer lo hicieron visible a todos en tres nuevos documentos que ya obran en el sumario de la causa del ‘procés’.
El tribunal de primera instancia de la capital belga declaró “irregular” el pasado miércoles la euroorden emitida por España contra los tres exconsejeros que se fugaron junto a Carles Puigdemont. El motivo fue puramente formal y la resolución no entró en el fondo del asunto. Según la justicia belga, la orden europea necesitaba estar respaldada por una orden de busca y captura nacional que debía estar firmada por el propio Llarena, el instructor del caso en el Supremo, y no por la juez de la Audiencia Nacional que se encargó inicialmente de la causa, Carmen Lamela.
Llarena no dudó ayer de enmendar el criterio de sus colegas belgas en una carta enviada a la fiscalía de la Audiencia Territorial de Schleswig-Holstein, la encargada de impulsar la orden europea contra Puigdemont en Alemania. En ella explicaba -para evitar que la defensa del expresident recurriera al mismo argumento que el tribunal de Bruselas- que esa orden se sustentaba en el auto de procesamiento contra todos ellos que dictó el pasado 21 de marzo en el que se acordaba mantener para todos la prisión provisional en caso de que sean detenidos.
Previamente, el instructor afirmaba que la decisión del tribunal de primera instancia de Bruselas era contraria “al principio de confianza recíproca” al valorar “la naturaleza jurídica de resoluciones previstas en el ordenamiento jurídico español discrepando de la que el Tribunal Supremo ha informado que tienen”. Para Llarena, los belgas denegaron la entrega por considerar inválido el auto de procesamiento para justificar la euroorden y todo ello pese a las explicaciones del alto tribunal español de que ese auto era “equiparable a una orden de detención”.
La UE, en peligro, según el Supremo
Sin embargo, la mayor carga de profundidad contra Bélgica -aunque también implícitamente contra Alemania, donde se encuentra Puigdemont- la lanzó la Sala de lo Penal que ayer rechazó en un auto revisar la prisión de la expresidenta del Parlament, Carme Forcadell, y de los exconsejeros Jordi Turull, Raül Romeva, Josep Rull y Dolors Bassa.
La resolución, redactada por el magistrado Miguel Colmenero y firmada por sus compañeros Alberto Jorge y Vicente Magro, se refería a la posibilidad de que los encarcelados, en caso de salir en libertad, consideraran “una opción atendible la huida de la acción de la justicia española” para justificar su permanencia en prisión. Pero al enunciar esa hipótesis aprovechaba para 'dar una lección' sobre el funcionamiento de la OEDE a sus colegas europeos.
El auto se refería “a los sistemas de cooperación judicial internacional instaurados en el ámbito de la Unión Europea”, es decir, a la euroorden. Y afirmaba que esos instrumentos “no tienen por finalidad enjuiciar la actuación de las autoridades judiciales de otro socio, sino que pretenden aumentar la agilidad de la colaboración basándose en un reconocimiento de las resoluciones judiciales que tiene su razón en el respeto mutuo y en la confianza recíproca”.
La resolución reconocía las “evidentes dificultades existentes” para conseguir la entrega de los antiguos miembros del Govern y del Parlament huidos “en diversos paises de la Unión”. Pero advertía de que, en caso de que lograran su objetivo de escapar de la justicia española, esto “podría afectar a la propia estructura política y a los valores de la Unión”.
La fiscalía, con Llarena
La última institución en referirse a la decisión de Bélgica de no entregar a los tres exconsejeros fue la Fiscalía del Tribunal Supremo. Los fiscales Javier Zaragoza y Fidel Cadena enviaron un informe a Llarena en el que hacían suyas las críticas del instructor a la resolución del tribunal de Bruselas y recordaban, como había hecho este previamente en su carta a la fiscalía alemana, que el auto de procesamiento valía para sustentar una OEDE por lo que no era necesaria una nueva orden interna de busca y captura.
Pese a ello, “vistas las discrepancias de carácter formal suscitadas por las autoridades judiciales competentes de Bélgica” y “ante la necesidad de asegurar la adecuada tramitación de la OEDE, así como la entrega y puesta a disposición de este órgano jurisdiccional de los fugados”, reclamaba a Llarena que redactara, como pedían sus colegas belgas, un auto de ratificación de la prisión provisional y una nueva orden europea contra Comín, Serret y Puig.
Si Llarena transige y escucha al Ministerio Público, la pelota volverá a estar en Bruselas. La justicia de ese país tendrá que entrar en el fondo y decidir si entrega a los exconsejeros por rebelión y malversación, como le pide España; solo por el segundo delito, como parece más posible; o por ninguno de ellos. En este último caso, los tres exmiembros del Govern quedarán confinados en el pequeño país europeo sin poder volver a Cataluña ni al resto de España. Al menos hasta que no prescriban sus delitos.
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