Las víctimas de ETA entran en juego en la causa que sigue la Audiencia Nacional contra nueve militantes del ala más radical de los CDR por delito de terrorismo. La asociación Dignidad y Justicia está preparando su escrito de personación en este procedimiento que dirige el magistrado Manuel García Castellón, alegando que existen vínculos entre este colectivo detenido el pasado lunes en el marco de la 'operación Judas' y la izquierda 'abertzale' más radical del País Vasco.
De este modo, la asociación de víctimas de la banda terrorista busca entrar en la causa contra estos nueve miembros del Equipo de Respuesta Táctica (ERT), de los cuáles siete están en prisión provisional por delitos de terrorismo, tenencia de explosivos y conspiración para cometer estragos. El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 acordó esta medida cautelar contra todos ellos atendiendo al criterio de la Fiscalía de la Audiencia Nacional y ante el temor de que actuaran con motivo de la publicación de la sentencia del 'procés' o del aniversario del 1-O; fecha esta última bautizada como el día 'D'.
De hecho, en los autos de prisión acordados para los siete integrantes de esta facción radical, el juez explica que de los pinchazos telefónicos se concluye que existía un "plan de conspiración contra las instituciones del Estado" y más específicamente una intención concreta de ocupar "de forma ilegal" el Parlamento catalán con motivo del aniversario referéndum ilegal. El juez relata en sus escritos que los presuntos cabecillas de este grupo, como es el caso de Guillem Xavier Duch, estaban implicados de manera directa en este cometido encomendado por parte del denominado 'CNI catalán'.
Otra prueba de la coordinación de los detenidos es que todas las acciones que estudiaba la facción del ERT las llevaron a cabo empleando teléfonos clandestinos, 'walkie talkies' y mediante un "lenguaje convenido". Los investigadores precisan que así se desprende de otras acciones llevadas a cabo por los detenidos como es el caso de los disturbios que tuvieron lugar durante el Consejo de Ministros celebrado en Barcelona el 21 de diciembre de 2018 o la planificación y el derramamiento de aceite en la carretera autonómica C55 que une Barcelona con Manresa al paso de un convoy escoltado por Guardia Civil. El mismo trasladaba a los políticos encarcelados desde el centro penitenciario de Lledoners a Madrid para asistir al juicio del 'procés'.
Las conversaciones ponen de manifiesto que Duch y Jordi Ros -considerado como cabecilla de los nueve detenidos- integraron lo que García Castellón denomina "núcleo productor", el cual adquirió productos químicos para la fabricación de artefactos caseros. De hecho, el operativo de detención de todos ellos vino acompañado de una decena de registros en diversas localidades de la provincia de Barcelona en los que se incautaron de abundante material informático , termita ya mezclada (aluminio y óxido metálico) así como una lista de sustancias consideradas precursores para la elaboración de este tipo de artefactos y planos del cuartel de la Guardia Civil en Canovelles.
Al respecto la Asociación Dignidad y Justicia considera que existen vínculos que podrían unir a estos ERT con la izquierda radical 'abertzale'; motivo por el cual piden ahora su personación en un procedimiento que arrancó hace más de un año y que continúa bajo secreto de sumario. Aunque la asociación considera que se trata de una causa todavía muy incipiente, entienden que el avance de la investigación podría determinar vínculos con la ilegalizada Batasuna. De esta facción de los CDR, el juez explica que su objetivo es "instaurar la república catalana por cualquier vía, incluida la violenta" y que cuentan para ello con "tácticas y maniobras con un alto nivel de profesionalización".
El magistrado también apunta a la presunta función de mediadora que habría llevado a cabo la hermana de Carles Puigdemont entre éste, huido en Bélgica, y el actual mandatario catalán Quim Torra. Al respecto asegura que el día 15 de septiembre de 2018 desde el ERT se planificó y ejecutó "una reunión secreta in itinere" entre ambas partes con la intención de "entregar documentación sensible y establecer comunicaciones seguras" entre los dos miembros del PDeCAT. Anna Puigdemont, por su parte, niega haber actuado de enlace entre ambos.
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