El proyecto consiste en reemplazar la mitad del consumo de este mineral por una caldera de Combustible Derivado de Residuo (CDR), que supondría una disminución de 150.000 toneladas de emisiones de CO2.
Le acompañan la ministra de Educación y Formación Profesional, Pilar Alegría, y la delegada del Gobierno en Catalunya, Maria Eugènia Gay. No está la alcaldesa, Agnès Lladó (ERC), que ha rechazado la visita.
La Sala de lo Penal ha avalado gran parte de las resoluciones del instructor Manuel García Castellón, aunque también le ha corregido en varias ocasiones como en el archivo de la investigación a Repsol y CaixaBank.
Ni el Gobierno central ni los autonómicos han planteado sus iniciativas para este fondo, en el que el país se juega 35.000 millones de euros. Hasta la fecha, tan solo Grecia ha conseguido el visto bueno de Europa.
Varios centenares de manifestantes quemaron algunos contenedores y tumbaron otros en medio de la calle tras la manifestación convocada por el aniversario del referéndum independentista.
Hoy han comparecido seis y los siete restantes lo harán entre el jueves y el viernes. A nueve de ellos les imputó además un delito de tenencia, depósito y fabricación de aparatos explosivos e inflamables.
El juez Manuel García Castellón atribuye también a nueve de los investigados los delitos de tenencia, depósito y fabricación de sustancias o aparatos explosivos e inflamables de carácter terrorista.
Presuntamente preparaban sabotajes o acciones violentas en empresas y sedes oficiales por un delito de pertenencia a organización terrorista.
La acción se produjo horas después de que el presidente del Gobierno anunciara el lunes en Barcelona la concesión de los indultos a los nueves líderes independentistas en prisión condenados por el 1-O.
"Planificaron" a través de la aplicación de mensajería Signal "la realización de diversas acciones violentas" contra el Parlament de Cataluña, la consellería de Interior o de Justicia, cuarteles del cuerpo.
Se le culpa por un delito de atentado a la autoridad, pero lo absuelve del de desórdenes públicos de que estaba acusado, al entender que no fue violenta ni se produjo "una alteración de la paz pública".
Las manifestaciones convocadas por los CDR a las 9.00 horas en el puente de la plaza Joan Serrats con otra veintena, se han disuelto en torno las 11 horas.
Horas después del anuncio de la creación de un consocio público-privado, con Seat-Volkswagen e Iberdrola, abierto a otros socios, para poner en marcha la primera fábrica de baterías para eléctricos.
Los manifestantes prenden fuego a un furgón de la Guardia Urbana con agentes dentro, que pudieron salir a tiempo sin heridas, y provocan daños sobre varias oficinas bancarias y en el mobiliario urbano.
Durante las seis jornadas de movilizaciones precedentes, los Mossos d'Esquadra y la policía local han detenido a 109 personas y se han registrado más de un centenar de heridos.
La Plaça Artós, situada en el corazón del barrio, se ha convertido en el epicentro de los grupos más conservadores mientras que, unos metros más arriba, un 'stand' de Junts per Catalunya hace campaña.
La entidad separatista, conformada por simpatizantes de otras plataformas, afirma que "lo empezamos a consensuar y trabajar desde septiembre de 2019" para evitar una coalición con los socialistas.
El barómetro regional y local anual del CdR muestra que la pandemia de coronavirus está ampliando las disparidades sociales y económicas existentes en la UE.
Además de en Barcelona, en la ciudad de Girona también se ha llevado a cabo una detención, donde varios grupos de CDR hicieron barricadas y quemaron contenedores.
Una manifestación convocada por los CDR para protestar contra la inhabilitación terminó con diversos incidentes en el centro de la Ciudad Condal.
Los odos ellos pesa la acusación por delitos de posesión de explosivos, terrorismo y conspiración, y se han acogido a su derecho de no declarar.
- Foment exige a Quim Torra que reaccione ante el bloqueo de 'Tsunami' en la AP-7
- Han llamando a la movilización a todos aquellos que no puedan acudir al corte de la AP-7 en La Jonquera.
- Fiscalía pide siete meses de cárcel para una CDR por presunta incitación al desorden
- La Fiscalía pidió hasta dos años y medio de cárcel por desobediencia, resistencia a la autoridad y desórdenes públicos.
- Acusa a la activista de tener "funciones de coordinación" de los CDR y emitir directrices para las protestas producidas en 2018.
- El Juzgado Central de Instrucción número 6 ha acordado la libertad provisional de Jordi Ros y Germinal Tomàs.
Página 1 de 3