Una de las negociaciones más complicadas en el Gobierno de coalición está viviendo sus últimos episodios. PSOE y Unidas Podemos se encuentran a punto de llegar a un acuerdo para llevar al Consejo de Ministro la Ley de Vivienda, un compromiso que acumula casi cinco meses de retraso debido a las enormes diferencias que han separado durante todo este tiempo a los equipos de una y otra parte del Ejecutivo. El equipo de José Luis Ábalos ha puesto encima de la mesa su última propuesta, según indican fuentes implicadas en las conversaciones. Se trata de un sistema mixto que incorpora una limitación de precios, que no rebaja, e incentivos fiscales voluntarios.
El PSOE no se va a mover mucho más. Así se lo ha transmitido el ministro de Transportes y máximo responsable de la política de Vivienda a su colega Ione Belarra, que ha capitaneado las conversaciones en la coalición. Su propuesta es la siguiente: por un lado, ha aceptado prohibir las subidas de los contratos de alquiler en zonas de mercado tensionadas. Es decir, si un inquilino termina su contrato tendrá derecho a renovar el acuerdo en las mismas condiciones durante el tiempo en el que el mercado siga tensionado. Un mes, seis, un año, tres o cinco. El tiempo que sea necesario.
Asimismo, y este era uno de los puntos en los que ha habido una potente discusión, el PSOE ha aceptado incluir en la futura Ley de Vivienda que los nuevos contratos que se firmen en estas zonas de mercado tensionadas tengan que servirse de la referencia del contrato del inquilino anterior y, por tanto, no podrán experimentar una subida entre uno y otro . El pacto ya está cerrado en este sentido, confirman fuentes de PSOE y de Unidas Podemos.
Es la primera vez desde que comenzaron las negociaciones en la coalición sobre la Ley de Vivienda que se llega a este acuerdo. El PSOE, destacan fuentes del partido, ha evolucionado a lo largo de las mismas y ha accedido a incluir esta medida. Dicen que, incluso, ha sido propuesta suya aunque desde Unidas Podemos afirman que han sido ellos quienes, gracias a su insistencia, han conseguido hacer moverse a sus socios de Gobierno.
La última propuesta de Ábalos también incluye un sistema de incentivos fiscales a los propietarios de vivienda que, de forma voluntaria, respeten los precios de referencia que se van a fijar en zonas de mercado tensionadas -las grandes ciudades- y no alquilen sus pisos o locales por encima de esos límites. Transportes se ha fijado para este planteamiento en la fórmula portuguesa para promover los alquileres a precios asequibles. De esta forma, los propietarios que accedan a rebajar sus alquileres por debajo del índice de referencia tendrán beneficios en determinados impuestos, esencialmente en el IRPF.
En el país vecino, por ejemplo, quien lo hace puede disfrutar de exenciones totales en el IRPF sobre las rentas de ese alquiler y de garantías reforzadas de seguridad, como un seguro que garantizaría el cobro del alquiler en caso de que el inquilino no pueda abonar la mensualidad. En Portugal también se pueden aplicar deducciones en el IMI, el IBI español, aunque esta competencia se encuentra transferida a los ayuntamientos y el Gobierno central de PSOE y UP no podrían decidir sobre ella.
Pero para Unidas Podemos la regulación que propone el departamento de Ábalos no permitiría bajadas de los precios del alquiler. Es, por tanto, "insuficiente", aseguran fuentes moradas, y van a seguir peleando y siendo "cabezones". Se remiten al acuerdo presupuestario entre ambas formaciones donde se recoge que se aprobarían herramientas para bajar esos precios. En ese documento, que cerró el exvicepresidente segundo Pablo Iglesias, ambas formaciones se comprometieron, textualmente, a aprobar "mecanismos de contención, o eventualmente bajada de los precios, tanto de los nuevos contratos como de los contratos existentes".
Si el Gobierno acaba aprobando la regulación de los alquileres con estas condiciones no se daría cobertura a la ley catalana de vivienda, la primera en regular los precios del alquiler en España y que permite, incluso, bajarlos. Esta normativa fue recurrida este martes por el Consejo de Ministros ante el Tribunal Constitucional aunque finalmente no se pidió la suspensión de la misma tras un debate en la coalición.
PSOE y Unidas Podemos continúan negociando otro aspecto importante en la Ley de Vivienda: establecer un recargo en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) por cada vivienda vacía durante los últimos dos años. Los ayuntamientos tendrán a su alcance este gravamen extraordinario que busca movilizar los inmuebles sin ocupar. El equipo de Ábalos propone un 75% de incremento en el impuesto municipal y el de Belarra, un 200%. Todavía no hay acuerdo, indican desde el Gobierno, aunque una opción que se está estudiando es que sea un recargo progresivo en función del número de inmuebles por propietario.
Los equipos negociadores, por tanto, continúan trabajando intensamente para lograr un acuerdo en una Ley que lleva más de cuatro meses de retraso. Unidas Podemos considera este tiempo "injustificable ante la emergencia habitacional que vive nuestro país". En el PSOE aseguran que la norma se encuentra prácticamente cerrada a falta de este escollo de los alquileres.
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