La nueva legislatura que comenzó el 3 de diciembre es muy diferente a las 13 anteriores. Por primera vez, el Parlamento español tendrá diputados de 16 partidos diferentes. Y muchos de ellos pueden marcar el devenir de las futuras leyes o reformas de la Constitución que anuncian PSOE y Unidas Podemos. El que puede poner trabas a toda la nueva legislación es Vox. Sus 52 diputados le permiten presentar recursos de inconstitucionalidad contra todo aquello que no encaje en sus planteamientos. Y los que pueden dificultar e incluso disuadir de las reformas constitucionales son los partidos nacionalistas e independentistas. Que por primera vez tienen el peso suficiente en el Parlamento para obligar a que toda modificación del texto pase por referéndum.
Si finalmente hay Gobierno de coalición y se inicia la actividad parlamentaria con normalidad, esta nueva etapa legislativa va a dar mucho que hablar en el ámbito de la materia constitucional. Algo que ya anticipó Santiago Abascal en la misma noche electoral del 10-N, cuando recordó que ahora podrían elevar ante la máxima instancia posible todos los recursos que considerasen. El Tribunal Constitucional será el principal afectado por esta estrategia política, ya que es el encargado de decidir sobre esos recursos presentados contra las futuras normas impulsadas por el Ejecutivo. Pero en Vox no disuade en ningún caso que vayan a contribuir al 'colapso' de trabajo que sufre en la actualidad el Alto Tribunal. De hecho, ya han anunciado el primero, por el que buscarán que se declaren ilegales las promesas o juramentos del cargo de los diputados nacionalistas e independentistas.
Fuentes del Constitucional consultadas por este diario señalan que no existen más límites que los de la legislación para que la dirección de Abascal se valga de sus 50 diputados para presentar recursos. Es decir, no hay un número máximo de procesos que discutan una ley para que sean estudiados por los 12 magistrados que forman el tribunal. Lo único que Vox debe medir son los tiempos en los que trabaja sus alegaciones en esta vía judicial. Para hacerlo disponen de tres meses desde la publicación en el BOE de la ley, disposición o acto con fuerza de ley. Pero la alargada tramitación de ciertas normas, como aquellas que son más complejas, puede permitir que el reloj corra a favor de su equipo jurídico.
Los buenos resultados de las urnas, que ya fueron anticipados en todas las encuestas, sirvieron para vaticinar que la extrema derecha iba a tener mucha capacidad de decisión. Aunque este plan de contribuir al 'colapso' del Constitucional no supondrá que se paralicen las iniciativas impulsadas desde el Gobierno o el Congreso que tengan el respaldo de la mayoría de las cámaras. Todas seguirán su curso, pero podrían recortarse o suspenderse si los magistrados así lo deciden. Donde sí tendrá Vox influencia asegurada es en la Mesa del Congreso. La vicepresidencia obtenida por Ignacio Gil Lázaro les da acceso a información de primera mano sobre el funcionamiento de la Cámara y acceso a cuestiones de Estado.
El peso nacionalista
El 10-N y la representación de 10 partidos en el arco parlamentario también pueden tener consecuencias que también están recogidas por la ley. Por primera vez, el nacionalismo y el independentismo cuenta con un 10% de diputados en el Congreso. Lo que les da facultad para obligar a que se sometan a referéndum todas las reformas de la Constitución que sean aprobadas por las Cortes. En esta suma entrarían ERC, Junts per Catalunya, PNV, Bildu, CUP y BNG, que entre todos suman los 35 escaños necesarios para llevar a cabo esta medida. Aunque habría otras fuerzas que podrían sumarse a sus demandas, como es el caso de Compromís.
El artículo 167.3 del título X del texto constitucional es el que permite esta posibilidad de obligar a que toda reforma tenga que pasar por las urnas. Y ahí no jugaría ningún papel el Tribunal Constitucional, ya que no es necesario que se pronuncie al respecto. Esto supone un hándicap para los socialistas, que pretenden sacar adelante en esta legislatura varios cambios en la Carta Magna que llevan en su programa electoral. Por lo que las negociaciones sobre asuntos de esta magnitud también tendrán que contar con ese peso independentista en el Parlamento. Un texto que ha sido rechazado históricamente por la mayoría de estas fuerzas.
Hasta el momento, la última reforma de la Constitución que se llevó a cabo fue en el año 2011. PSOE y PP se aliaron para asumir la exigencia de Bruselas de modificar el artículo 135 para que reflejara la obligatoriedad del equilibrio presupuestario en las Administraciones Públicas. Lo que supone anteponer el pago de la deuda para evitar un déficit excesivo y cumplir con la estabilidad financiera. En el lado contrario están las que se han quedado en el tintero, como la anunciada hace más de una década sobre la Corona para que los herederos hombres no tengan preferencia por delante de las mujeres.
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