Sábado, 14.12.2019 - 08:53 h
Los presidentes solo duran una media de 3 años

¿Empresas públicas en 'rojo' y con jefes políticos... para competir en igualdad?

Un grupo de trabajo de Fide coordinado por Mario Garcés aboga porque los gobiernos no interfieran en la gestión de las compañías estatales.

grafico fide
 

La reforma del sector público institucional y la aplicación a las grandes empresas públicas de los mismos modelos de gestión, gobernanza y evaluación de resultados que a los grupos privados ha sido siempre una de las grandes discusiones del ámbito político y empresarial español. La necesidad de mantener vivo ese debate para sacarle el mayor partido posible al dinero público sin que eso suponga un coste inasumible para los ciudadanos, ha animado a un grupo de más de 20 expertos de la Fundación para la Investigación del Derecho y la Empresa (Fide) a elaborar una serie de recomendaciones para gestionar las empresas públicas, que entre otras grandes directrices marca la necesidad de que a este tipo de entes se les independice por completo de las decisiones políticas de turno y se les obligue a tener una rentabilidad similar a la que tienen las empresas privadas con las que compiten.

Se trata de empresas como Renfe, Correos, Puertos del Estado, Aena, Loterías, Cesce o los miles de sociedades que hay en España en las que participa alguna administración (estatal, autonómica o local), con o sin mayoría, pero con el control de las decisiones. Según los datos del estudio, existen en nuestro país más de 5.750 entes públicos de todo tipo, de los que unos 2.280 se pueden considerar empresas públicas. Los responsables del estudio han marcado cinco grandes líneas de reforma con 25 propuestas concretas para mejorar “la gobernanza” de las empresas públicas españolas, que se refieren tanto a la separación de propietarios y gestores, como a la necesidad de hacerlas rentables, pasando por los modelos de nombramiento de sus directivos y la calidad de sus consejos de administración.

Los coordinadores de informe han sido el interventor del Estado en excedencia Manuel Fresno, y el auditor, inspector fiscal y candidato a portavoz económico del PP, Mario Garcés, y entre los expertos consultados se cuenta con analistas en gestión y derecho público de las grandes consultoras y despachos en España, una exsecretaria de Estado de Presupuestos, responsables de la CNMC y de varias empresas públicas, y hasta la directora de Estudios de la Intervención General del Estado. En total se han celebrado siete sesiones conjuntas para analizar esta temática, con invitados y ponentes de todo tipo, durante los últimos nueve meses.

Frente al exceso de burocracia en la toma de decisiones, el control difuso de la propiedad y de los objetivos cuando entra en juego un ministerio o una comunidad autónoma en la gestión de una empresa, y la falta de profesionalización de los miembros de los consejos de administración, el documento plantea que a las empresas públicas se les trate en el mercado sin ningún tipo de discriminación fiscal, financiera o regulatoria (sin avales que distorsionen la competencia), aunque para ello haya que separar su actividad principal de la prestación de algún tipo de servicio público universal a que les obligue la ley.

Lo que los expertos exigen es “que las actividades económicas de las empresas públicas generen una rentabilidad similar a la de sus empresas privadas competidoras”, algo complicado en muchos de los casos que vemos cada día. Para ello, la posible compensación estatal (contratos programa, subvenciones, ventajas fiscales, etc…) debe realizarse “de forma separada y a través de procedimientos transparentes y auditables”. Si es necesario, el informe no descarta que, de acuerdo con la normativa europea, a las empresas públicas no eficientes se les permita quebrar. 

Consejeros independientes y sin ayudas a partidos

Otra de las medidas más llamativas que plantean desde el grupo de trabajo de Fide es la necesidad de que las empresas públicas cuenten con consejeros independientes en sus órganos rectores, así como un sistema de organización que premie el mérito y ponga a profesionales de cada sector al frente de las sociedades, en lugar de hacerlo mediante nombramientos políticos. Los expertos se lamentan de que en España no haya todavía un procedimiento reglado para el nombramiento de los altos cargos de este tipo de entidades, algo que sí ocurre en otros países de nuestro entorno.

Más al contrario, se advierte que nuestro país está a la cabeza de los países de la OCDE donde más rotan los trabajadores públicos, hasta el punto de que, desde 1995 hasta la actualidad, la duración media de los presidentes de las once principales empresas públicas es de 3,1 años (12 presidentes en la entidad de más rotación y 5 en la de menos), frente a los más de 12 años que están en Suiza, los 6,5 años de Francia, 5,8 en Alemania y 4,8 en Italia.

Si bien es entendible que en este tipo de empresas existan siempre ciertas presiones “especiales” derivadas de la interacción entre las consideraciones empresariales y las políticas, el estudio reclama un mayor grado de autonomía para los consejos de administración y, en ningún caso, se debería aceptar utilizarlas para financiar actividades de naturaleza política, como financiar partidos o hacer campañas de prensa y comunicación ajenas a la actividad de la compañía.

De cara a mejorar la calidad de esos consejos de administración, se plantea la necesidad de que tenga un mandato claro por parte de la “propiedad”, sea de tamaño reducido y esté compuesto por personas elegidas de forma transparente y en virtud de su cualificación. Los expertos llegan a recomendar que “los cargos políticos con capacidad de influencia en las condiciones operativas de las propias compañías no deben formar parte de las mismas o, al menos, deberán pasar un periodo de ‘cooling-off’”.

Los analistas reunidos por Fide también se hacen eco de los casos de corrupción que ha habido en numerosas empresas públicas y plantean incluso la creación de mecanismos de revisión independientes que tomen las medidas adecuadas cuando este tipo de casos se detecten, con la opción incluso de que se reciban “inputs de la sociedad civil, medios de comunicación y ciudadanía en su conjunto”, dice el documento.

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