El fallo de la Audiencia Nacional que anula la prórroga de la planta de Ence en Pontevedra ha supuesto un duro varapalo para la compañía que, además, ha visto como sus inversores han huido ante la incertidumbre que genera la situación. En apenas dos días -desde que se conoció la decisión judicial-, la papelera ha perdido más del 20% de su valor en bolsa. Pese a que han recurrido la decisión y esta semana tienen previsto celebrar una reunión con inversores para aclarar la situación, Ence enfrentan un importante desafío para el futuro de su compañía, ya que debe valorar diferentes alternativas si su recurso ante el Tribunal Supremo no prospera.
La actividad en la planta de Pontevedra es clave es las cuentas de la compañía. Actualmente aporta el 44% de la producción de celulosa y el 35% del EBITDA del negocio papelero, por lo que "la cancelación de la concesión y su probable cierre suponen un impacto relevante en los planes de la compañía", según destaca Pablo Fernández, analista de Renta 4. Pero, además del impacto operativo a medio plazo derivado del cierre de la fábrica, Ence tendrá un impacto directo por encima de 185 millones de euros, de los que unos 75 millones serán directamente en caja, por el desmantelamiento de la fábrica, cancelación de contratos y ERE y el resto contable por deterioro del activo.
El mercado esperaba un resultado más favorable, "quizás no rechazar el recurso pero sí al menos que la compañía pudiera continuar operando la fábrica hasta 2033", apunta Fernández. Como consecuencia, los inversores han reaccionado con ventas masivas de sus acciones. El viernes cerró con una caída superior al 9% y este lunes amplió el recorte y perdió un 12,46%. Todo ello le hace retroceder hasta mínimos desde noviembre de 2020, cuando empezaba a recuperarse de la crisis del último año, y su recorte anual roza el 25%.
La incertidumbre continuará en el valor, según avanza Pedro Echeguren, analista de Bankinter, tras la "mala noticia" para la compañía ya que supone "una pérdida de producción importante para la empresa". La evolución en las próximas semanas dependerá de de la resolución del recurso. Sin embargo, Echeguren cree que "será difícil que Ence gane la batalla jurídica". En esta línea se pronuncia Fernández, que señala que el proceso será "largo", pero "los motivos de la sentencia son muy claros y establecen comparativas con otras fábricas similares que parecen no justificar su ubicación actual a ojos del tribunal".
Los inversores buscan mayor claridad y certidumbre que Ence espera dar en una reunión con ellos este martes. El objetivo de esta 'conference call' es "dar respuesta a las cuestiones que se puedan suscitar" tras el fallo judicial y es probable que la compañía avance las alternativas que baraja. Por un lado, si prospera su recurso, puede obtener una sentencia definitiva favorable para el grupo que implicaría la confirmación de la actual prórroga hasta 2073, la mejor opción para la firma.
Sin embargo, como indican los analistas, la aceptación del recurso no parece posible, por lo que, la solución menos mala sería obtener una indemnización compensatoria por las inversiones realizadas desde 2018 que le permitieran financiar el desmantelamiento y posterior levantamiento de una fábrica nueva en otra ubicación. Aún así, Pablo Fernández insiste en que no cree "sea una opción hasta que haya una sentencia firme sobre la que no quepa recurso". En cualquier caso, los analistas de Banco Sabadell también advierten que tiene más sentido posicionarse "en un escenario de cierre de la planta en un corto periodo de tiempo (entre 1 y 3 años)".
El fallo de la sala de lo contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional responde a los recursos de Greenpeace y el Ayuntamiento de Pontevedra contra las resoluciones de la Administración central por las que se acordó, por un periodo de 60 años, la prorroga a la concesión a Ence. La continuidad de esta concesión, otorgada por el Gobierno de Mariano Rajoy, implicaba la ocupación de una superficie de 373.524 metros cuadrados de dominio público marítimo terrestre con destino a esta fábrica de pasta de celulosa Kraft en la franja entre Pontevedra y Marín, en los terrenos de Lourizán.
Los otros negocios de Ence
Ante el cierre de la planta, Ence puede apostar por potenciar el resto de sus negocios. "Aún cuentan con la planta de Navia, que es más eficiente y sobre la que se iban a acometer inversiones para aumentar y diversificar su producción", explica Fernández. Su plan inversor continúa paralizado a la espera de la superación de la pandemia y de la normalización en los precios de la pulpa. Se trata de una compañía cíclica, dependiente de los precios de las materias primas, en este caso de la celulosa, que registra precios máximos. Pero Ence no solo se dedica a la celulosa, sino que su otra rama es la de energía, en la que puede seguir creciendo. Desde Renta 4 indican que en esta división "tiene un 'pipeline' interesante y la llegada de fondos europeos del plan Next Generation EU podría ayudar a financiar".
Ence cuenta como principal accionista con Juan Luis Arregui. El fundador de Siemens Gamesa controla una participación superior al 29% a través de la firma Turina 2000. También han visto desplomarse el valor de su inversión en la compañía José Ignacio Comenge, socio de la embotelladora de Coca-Cola y dueño de casi el 6,4% del capital de Ence, o Víctor Urrutia, exvicepresidente de Iberdrola, que posee el 6,2% de las acciones.
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