A las 9.45 de la mañana, Roberto Carpio deposita en el suelo un altavoz de gran tamaño, conecta un micrófono y espera unos segundos mientras meditaba sus palabras. Está en una de las cuatro esquinas de la Plaza Simón Bolívar de Caracas. Este hombre ya anciano pero nada achacoso, se aclara la garganta, prende el altavoz y dice: "Estoy llamando al pueblo para denunciar al Gobierno de Nicolás Maduro. Queremos participar en las elecciones pero nos han cerrado los medios de comunicación. Y queremos denunciar los engaños de Maduro. Nos prometió un salario de 30 millones de bolívares, pero nuestro sueldo no llega a esas cantidades. Y las pensiones van menguando".
Algunos viandantes como Jorge Jaime comienzan a asentir. "Tengo un quiste en el riñón y no me han atendido en el hospital porque no tengo Covid. Estoy jubilado y no tengo dinero para pagar las medicinas", afirma con rabia mientras escucha a Roberto Carpio.
Mateo Ortiz, un educado funcionario de la alcaldía de Caracas, vestido con una camiseta roja, se acerca a Carpio y le dice que no puede hacer eso porque necesita una autorización. "Tengo derecho a expresar mi opinión. Lo dice la Constitución", grita Carpio. El funcionario le dice que puede opinar lo que quiera, pero esa plaza es de interés cultural y está prohibido usar altavoces sin autorización. Carpio señala la otra esquina de la plaza y le grita. "¿Y los del PSUV sí pueden montar allí su tarantín?”. Algunos viandantes gritan con Carpio: “Es verdad, ¿por qué no les dice nada a los del PSUV?".
Los del PSUV a quienes se refieren con rabia los viandantes son los miembros del Partido Socialista Unido de Venezuela. Es el partido de Nicolás Maduro, el partido más poderoso, el partido del poder, el que seguramente va a ganar las elecciones legislativas del 6 de diciembre, el partido que hace lo que quiere en Venezuela. Pero Roberto Carpio no es del PSUV. Es del Partido Comunista y odia al PSUV porque cree que ha traicionado a Hugo Chávez. “Están matando a Chávez cada día”.
Esta trifulca explica lo que está pasando en las filas del chavismo en los últimos años. Por un lado están los chavistas que forman parte del enorme tinglado oficial y extraoficial del Estado. Ministros, secretarios, funcionarios de alto nivel, miembros del PSUV bien colocados, militares de alto rango, o gente pobre que depende de las dádivas del Estado para sobrevivir. Son los nuevos siervos de la gleba: tienen que doblar el espinazo ante los poderosos del chavismo para recibir comida. Todos ellos chavistas, por supuesto, que siguen cantando las maravillas de la revolución socialista.
Pero hay otro núcleo de chavistas. Es el pueblo sin recursos. Buhoneros (vendedores callejeros), asalariados del Estado (con sueldos bajos en bolívares), pensionistas que ganan 400.000 bolívares al mes (menos de medio euro), asalariados de empresas privadas, o gente como Carpio que hizo la revolución con Chávez, le acompañó en los años de la lucha, pero que ahora se sienten abandonados. Muchos de ellos vivieron la parte bonita del cuento de Hugo Chávez, de 200 a 2013, cuando el barril de petróleo pasó de 14 a 100 dólares, y Chávez les regaló viviendas, les regaló bonificaciones, les regaló comida y hasta les pagó el recibo de la luz. Recuerdan esa época como los griegos recordaban la era de los héroes que cantaba Homero.
"Cuando llegó Maduro, todo se jodió", dice Carpio. "Ha privatizado empresas y no ha preservado el bolívar, como prometió Chávez". Para colmo, el Tribunal Supremo de Justicia ha cortado la cabeza a los partidos que molestaban a Maduro, como el Movimiento Revolucionario Tupamaro, Bandera Roja, Patria para Todos y algunos más. Partidos marxistas, comunistas y de izquierdas que se oponen a Maduro y que le llaman traidor.
En una medida insólita, a lo largo de este año el TSJ, controlado por Maduro, ha destituido a la junta directiva de una decena de partidos de derechas, centro e izquierdas, y ha nombrado a los sustitutos. Es como si el Tribunal Supremo español, gobernado por Podemos, destituyese a la junta directiva del PP, y les dictara quiénes deben ser los nuevos miembros que les van a representar en las elecciones.
Entre los partidos represaliados está una escisión llamada Tupamaro-José Pinto. Este político es el secretario general del Movimiento Revolucionario Tupamaro. Fue encarcelado hace más de cinco meses, acusado de la muerte de un adolescente. Ya no podía presentarse a las elecciones. "Es un montaje de la policía de Maduro", dice un miembro de Tupamaro a las puertas del Tribunal Superior de Justicia donde se espera que venga la camioneta con el detenido para declarar. Mientras llega su líder, los miembros de Tupamaro levantan el puño, posan para la prensa, y gritan. "¡Venceremos, no jodas!". La camioneta llega escoltada por la Guardia Nacional, se detiene unos segundos, y reanuda la marcha para entrar por la parte de atrás.
Alternativa Popular Revolucionaria es la coalición de partidos comunistas que se opone a Nicolás Maduro. Está integrada por escisiones de otros partidos como Patria Para Todos-Corriente Rafael Uzcátegui, Movimiento Tupamaro de Venezuela-Corriente José Pinto, y también por Lucha de Clases-Corriente Marxista Internacional, Izquierda Unida, Movimiento Bolivariano Revolucionario 200 y más organizaciones de izquierdas.
Su voto irá al Partido Comunista de Venezuela, el único de ellos que tiene "tarjeta" (autorización) para presentarse a las elecciones del 6 de diciembre. A pesar de sus pancartas, su militancia y sus proclamas, el Partido Comunista de Venezuela no tiene la máquina de propaganda que tiene el PSUV, cuyos carteles electorales están por todos los sitios. El PSUV tiene además la televisión pública, la radio pública y controla grandes medios de prensa como 'El Universal' y 'Últimas Noticias', antes en manos de empresarios privados independientes. "A nosotros nos han cerrado los medios de comunicación", sigue gritando Roberto Carpio desde su altavoz en la Plaza Simón Bolívar.
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