Hace apenas un año, cuando ni se sospechaba que Vladimir Putin optaría por invadir Ucrania, la banca española peleaba todavía con los tipos en negativo. En diciembre de 2021, el Euríbor cotizaba en el -0,505%, estaba saliendo de la crisis del Covid-19 y continuaba lidiando con los efectos de una etapa 'extraordinaria' que se comía su rentabilidad. No han pasado ni doce meses y bajo la premisa de que el indicador hipotecario previsiblemente ha cerrado noviembre en el 2,83%, ahora la situación extraordinaria es otra: el mantra es que los bancos se benefician de la subida de los tipos de interés y, por tanto, de la inflación que merma el poder adquisitivo de los españoles.
La realidad estadística, por el momento, parece distinta. Con los últimos datos disponibles del Banco de España, provisionales de septiembre, el tipo TEDR (el interés TAE excluyendo comisiones) de la cartera viva de crédito es del 2,05%. Es el mayor interés desde 2016, pero es inferior al del periodo 2011-2015, donde se mantuvo entre el 3,90 y el 2,38%.
Auditada desde varios frentes, la banca doméstica está cada vez más atada de manos y ahora también desincentivada para crecer. Con los supervisores presionando para que extremen la cautela ante el escenario macroeconómico que podría aparecer en el futuro, el mensaje de que es necesario elevar las provisiones no es un gran incentivo para tomar riesgos. Y el nuevo impuesto sobre los ingresos financieros que ya ha dado el salto al Senado, no parece el mejor aliciente para tratar de ganar cuota de mercado o crecer con fuerza porque penaliza el tamaño. Caixabank, el Banco Santander y el BBVA son los más damnificados en volumen, pero para los grupos más dependientes del mercado español es proporcionalmente más dañino porque afecta a todo su negocio. ¿Merece la pena invertir para crecer si el esfuerzo lo primero que va a incrementar es la recaudación pública?
La banca está dispuesta a dar batalla legal si la tasa sale adelante. El nuevo tributo la coloca en desventaja respecto a sus competidores europeos y el planteamiento con el que nace es erróneo porque no considera incrementos, sino el grueso del margen de intereses y las comisiones en su conjunto independiente de que suba o baje. Parece complicado que pueda considerarse un termómetro de que el crecimiento del negocio sea 'extraordinario', que es la base sobre la que se construyen estos tributos. Las entidades financieras no pueden ser otra cosa más que beligerantes en este sentido porque deben defender a los accionistas, que se van a ver perjudicados por este contexto. Porque la batalla política parece que la han perdido.
Los bancos se han quedado solos en su intento de suavizar el golpe. A diferencia de las energéticas, apoyadas por el PNV, el sector no ha conseguido amortiguarlo durante el proceso de tramitación en el Congreso... más bien al revés y eso que se encontraba negociando en paralelo las medidas de alivio para los hipotecados. El porcentaje del gravamen no se ha reducido -sigue en el 4,8%-, y por el contrario se ha dejado la puerta abierta a hacerlo estable alargando la batalla a la campaña electoral. En lo único en lo que se ha escuchado a las entidades financieras es en que los bancos extranjeros que operan en España también deberán abonarlo, con el único límite de que sus ingresos estén por encima de los 800 millones.
El Congreso ha aprobado un texto en el que el "Gobierno" valorará si los impuestos deben ser estables en diciembre de 2024. Es decir, que esa decisión la tomará un Ejecutivo diferente al que está al mando ahora y ya deja cuentas pendientes para la próxima legislatura entre el PSOE y Bildu, que fue el promotor de dicho punto.
No es difícil anticipar que los impuestos van a ser un tema crítico durante la campaña electoral que se avecina y que los impuestos a la banca y a las energéticas son dos temas que evidentemente crearán discrepancias entre los dos partidos teóricamente candidatos a ocupar La Moncloa. El PP votó en contra del texto en el Congreso, por lo que a priori debería estar inclinado a derogar el impuesto. En contraste, el impuesto a la banca siempre ha formado parte del ideario de Pedro Sánchez, que si bien renunció durante una temporada a su puesta en marcha, es evidente que nunca abandonó la idea. El sacarlo adelante, además, 'come' terreno a una parte del electorado 'morado' y al lugar que pueda ocupar la vicepresidenta Yolanda Díaz con Sumar. Parece que nos quedan meses por delante en los que se va a hablar mucho del tema.
La estrategia de defensa de la banca para esta guerra está muy lejos de lo que puede entender el ciudadano medio, por lo que posicionarse a su lado de forma masiva se complica. Los bancos tratan de explicar que la situación es todo menos 'positivamente extraordinaria' refiriéndose al ROTE, al ROE y al coste de capital. Apunta que todavía su rentabilidad está por debajo de lo que les 'exige' el mercado, lo que les coloca en una situación de debilidad, pero es un concepto demasiado complejo para que cale entre la mayoría de los ciudadanos, que se quedan más fácilmente con la cifra de crecimiento de los beneficios. Hasta septiembre, el sector ganó 16.000 millones, un 32% más. El crecimiento, aunque construido sobre unos pilares que contradicen que estén sacando partido al contexto, es demasiado redondo como para no reforzar las argumentaciones de sus detractores porque seguimos pensando que los bancos no deberían ganar dinero y nos equivocamos.
Cuando a la banca le va bien, es cuando se anima a competir por los clientes aunque sea en un mercado maduro como el español y surgen buenas ofertas que habitualmente mejoran el contexto para los clientes. Pero cuando les va mal, los que puedan suelen miran hacia otros mercados más atractivos para crecer, y los que no, pueden quedarse aletargados.
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