La pataleta de Calviño con CaixaBank o el Estado como 'proxy'

No era difícil disfrutar un almuerzo con José Folgado, tristemente fallecido a causa de la pandemia. Peso pesado del área económica durante los gobiernos populares de José María Aznar y presidente de Red Eléctrica (REE) ya con Mariano Rajoy, siempre afloraba entre plato y plato su vertiente pedagógica. De los modelos fiscales a los problemas del sector energético en su última etapa, nunca dejó de ejercer como el profesor que era, a menudo tirando de vehemencia para defender con convicción sus postulados. Tras años de servicio público, en mayo de 2014 afrontó una situación que a buen seguro le incomodó. Tras una agria polémica entre cargos intermedios del PP, la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) -a la sazón representante del Estado y de su 20% en REE- se abstenía en la junta de accionistas de la compañía y evitaba apoyar los sueldos del presidente y la cúpula directiva. Los ‘problemas de conciencia’ del Ejecutivo también se pusieron de manifiesto meses después en otras empresas con participación estatal como Indra o Enagás. Folgado tuvo que donar un 25% de su retribución para guardar las apariencias. La realidad es que REE no dejaba de ser una empresa cotizada, con exigencias por parte de fondos y otros accionistas más allá del Estado. Tampoco puede obviarse que la designación del presidente en estas sociedades es estrictamente política. Baste recordar cómo a Folgado le sustituyó Jordi Sevilla apenas aterrizar Sánchez en Moncloa. ¿Conclusión? Mezclar lo público y lo privado es mal negocio.

“Si el Gobierno se queda en CaixaBank manda un mensaje aterrador, no hay argumento político que lo soporte”, reflexionaban fuentes financieras próximas a la operación con Bankia antes de que esta se ejecutara. Y es que, en puridad, cuesta asumir que en una economía liberalizada un Estado mantenga nada menos que un 16% en una entidad bancaria privada sin siquiera plantear un calendario de desinversiones en un tiempo razonable. De aquellos polvos, estos lodos. El Ejecutivo de Sánchez, con Calviño, Escrivá y Yolanda Díaz de ariete, salía en tromba hace un par de semanas tras conocerse la política de retribución de la compañía y el ERE masivo en marcha. La vicepresidenta económica pedía de urgencia la intervención del Banco de España, el ministro encargado de la Seguridad Social recordaba las ayudas públicas recibidas por la entidad y la nueva abanderada del frente morado remitía al banco hasta un escrito de advertencia para que se moderaran su ajuste de plantilla. La ofensiva culminaba este viernes con el voto en contra del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) -instrumento a través del cual el Estado canaliza su cuota en el capital- a la política de retribuciones de la firma. Todo un varapalo a los gestores.

A la vista de los acontecimientos, no faltará quien estime que el Gobierno ha sido coherente con sus postulados públicos a la hora de votar en contra del sueldo de Goirigolzarri. Sin embargo, llevado al extremo el argumento, más sensato hubiera sido no aprobar la fusión, en tanto el Ejecutivo no podía ser ajeno ni a los despidos que venían ni a las remuneraciones que habitualmente se perciben en los bancos. ¿O acaso si era ajeno? Fuentes conocedoras del proceso explican que, aunque en el gabinete se era perfectamente consciente de las duplicidades que entrañaba la fusión, sin duda la magnitud del ajuste y las condiciones planteadas desde la entidad para la salidas -con el ruido sindical con eso conlleva- han sobrepasado con creces el nivel de decibelios que Moncloa podía soportar. Con el temor siempre presente a que desde determinadas facciones de la coalición vuelvan a abrirse debates sobre la recuperación de las ayudas a Bankia o incluso sobre una banca pública. Con las sensibilidades a flor de piel, la entidad se apresuró a explicar que los 4.272 millones de ‘badwill’ incorporados por la absorción de Bankia son un mero efecto contable que no genera caja -sí una inyección de solvencia-, ante la presión de los sindicatos para utilizar ese colchón en la mejora las condiciones del expediente de regulación.

Lejos de la transparencia de los 'proxy' a la hora de establecer criterios para sus informes, lo único que hemos escuchado del Gobierno para justificar su no al sueldo de Goiri es demagogia.

Queda claro, por tanto, que una vez cerrado el trato el Estado va a ser un accionista incómodo para la nueva CaixaBank. De hecho, tal vez esa sea la mayor enseñanza de la votación acaecida el pasado viernes. Por eso, sería deseable canalizar la discrepancia y activar un protocolo de actuación. Y es que por el bien de la entidad financiera, no resulta deseable que de forma recurrente un 16% de su accionariado -que en función del quórum puede dotarle de un peso cercano al 30% en la junta- dirima el sentido de su voto en los medios de comunicación en función de intereses ajenos a las propias necesidades de la empresa. ¿Hubieran sido tan insistentes y duras las reclamaciones de Calviño&Co. si el anuncio del ERTE no se hubiera producido en plena campaña electoral en Madrid? La duda existe. Ya en época del ‘affaire REE’ el Partido Popular se planteó abiertamente la necesidad de que el Estado fijara e hiciera pública una hoja de ruta con los criterios que deben cumplirse para que otorgue su aprobación a aspectos básicos en la gestión de las empresas en las que ostenta una participación relevante. Entre ellos, sin ir más lejos, la política retributiva. Ese paso, que nunca llegó a darse, permitiría objetivar el voto y dar certezas no solo a los gestores sino también a otros accionistas. Y si los Goiri o Gortázar de turno deben vivir con un accionista en eterno rechazo a puntos concretos de los órdenes del día, que lo asuman o modifiquen sus políticas.

El ejemplo más claro es el de los ‘proxy advisor’ o asesores de voto, claves para la toma de decisiones de los inversores institucionales. En los últimos tiempos, por ejemplo, esas entidades han hecho bandera de los criterios medioambientales o sociales, los denominados factores ESG, al punto de condicionar las estrategias de los consejos de administración. Eso sí, sus directrices aparecen perfectamente explicitadas y sus informes simplemente constatan cómo la gestión empresarial se adapta a ellas. En el caso de CaixaBank, uno de los principales, el estadounidense Glass Lewis, cuestionó sin ambages el salario de Goiri, al considerar que no estaban bien equilibradas las partes fija y variable de la retribución. Tras la explicación técnica, el aviso a navegantes está lanzado y es la firma quién debe -o no- recoger el guante de cara al próximo ejercicio con el riesgo de recibir una recomendación contraria a esa remuneración. Por ahora, lejos de tal ejercicio de transparencia, lo único que hemos escuchado del Gobierno para justificar su decisión es demagogia.

Del mismo modo, dirimir el debate por cauces profesionales evita las teorías de la conspiración que recorren en estos días restaurantes y plantas nobles de las empresas del Ibex. En ese ‘Matrix’ y a ojos del Ibex, la última ofensiva del Gobierno contra los bancos no vendría sino a confirmar la desafección creciente de quienes mandan en la Avenida Puerta de Hierro con las grandes corporaciones nacionales. Bueno, en realidad entre los primeros y aquellas compañías -todas menos dos- que ya han deducido que el grueso de los fondos europeos no recaerá en sus tan bien aquilatados proyectos. Golpeadas con dureza por la regulación en sectores varios, y seguras de que el maná comunitario no lleva su nombre, tampoco estarían por la labor de hacerle el caldo gordo a los dueños del Boletín Oficial del Estado. No ayudaría a apaciguar su desasosiego el paseíllo que ven hacer a sus pares en los tribunales, con designaciones clave en el ámbito de la justicia en manos de una exministra socialista. Demasiadas instancias que deberían circular por carreteras paralelas tienden a parar en las mismas estaciones de servicio. “Los procesos de generación de decisiones adecuadas en el ámbito del sector público son, en mi opinión, más complejos que en el sector privado y, por consiguiente, adquiere especial relevancia un buen liderazgo”. Folgado ‘dixit’, allá por 2014. Sirva como recuerdo de aquellos almuerzos.