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¿Dónde está la base jurídica del nuevo impuesto contra la banca?

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado este martes que el "gran reto de España es la inflación" y ha pedido a los ciudadanos que no se dejen llevar por las tesis de "curanderos", en alusión al PP, que culpan al Ejecutivo de ese problema. Antes de su intervención hablaba con la vicepresidenta primera, Nadia Calviño.
¿Dónde está la base jurídica del nuevo impuesto contra la banca?
EFE

Le va a resultar muy complicado a Nadia Calviño ofrecer unas explicaciones realmente convincentes y académicas desde el punto de vista de la Hacienda Pública para justificar el nuevo impuesto a la banca, más allá de reiterar que las grandes entidades están entre las empresas que más se benefician de la crisis que está generando la guerra en Ucrania, sin decir ni cómo ni cuándo ni por qué, que es algo preceptivo a la hora de estructurar un tipo impositivo. Este mismo viernes ha ido un poco más allá para intentar complementar ese escueto argumento para que los bancos “arrimen el hombro” con que el Estado ya gastó mucho dinero público en la pandemia para reactivar la economía y eso le vino bien a los bancos, y a toda la sociedad, claro está. El caso es que a pesar de haberse reunido con los responsables de las principales entidades y de las advertencias de expertos juristas y banqueros, la base sobre la que fundamentar un tributo que debe generar 1.500 millones al año a las arcas públicas durante dos ejercicios, es tan peregrina y escueta que genera perplejidad a cualquiera que sepa por qué se pagan impuestos en un país.

A falta de conocer los detalles técnicos y el contenido esencial del hecho imponible de ese nuevo tributo, todas las sospechas apuntan a una posible confiscatoriedad, contraria a la Constitución. Hay que recordar, de acuerdo con la última sentencia sobre la plusvalía urbana, y otras del Supremo y el Constitucional, que el hecho de que un impuesto sea confiscatorio no solo se sostiene porque suponga detraer casi la totalidad de la renta de un contribuyente o un porcentaje demasiado elevado de su riqueza (eso no les va a pasar nunca a los bancos salvo cataclismo), sino que es necesario que la capacidad económica que justifique el gravamen sea real, se pueda calcular sobre parámetros creíbles y evidentes, más allá de meras argumentaciones filosóficas o ideológicas. Decir que los bancos ganan más con la guerra, no vale para justificar un impuesto. Ni que en la pandemia se gastó mucho dinero. Al contrario, puede ser ofensivo: nadie gana con una guerra y todos los gastos de la pandemia fueron pocos para salvar vidas.

El presidente del Gobierno anunció este sábado que los dos tributos nuevos, el de las eléctricas y el de la banca, van a llegar como proposiciones de ley esta semana al Congreso. Sería muy sano para la normalidad democrática que en esas proposiciones se defina de forma clara cuál es el hecho imponible que se va a utilizar, a sabiendas de que se trata de un hecho transitorio y excepcional, a dos años, que se basa en un supuesto beneficio extraordinario que ganan las grandes empresas derivado de la coyuntura económica de la guerra. Ya hay un hecho imponible por el que tributan los beneficios, se llama impuesto de Sociedades, y crear algo similar sería doble imposición, dado que no se trataría de una “capacidad económica” distinta. Otra cosa es que se decida aumentar el tipo nominal de ese impuesto en dos o tres puntos, a partir del 30% nominal que ya pagan, con un mínimo del 15% sobre el resultado contable.

Por si eso no es lo suficientemente complicado, se ha anunciado ya la “prohibición” de que las entidades financieras trasladen a los clientes ese nuevo coste fiscal. Si acudimos a los expertos en Derecho Penal, la incógnita que se genera es casi similar a la de la configuración del tributo: cuál es el tipo penal que se va a poner encima de la mesa para prohibir que los bancos trasladen a sus comisiones o intereses las décimas necesarias para compensar el nuevo coste. ¿Se va a prohibir que funcione el mercado? Si los dirigentes económicos de este país no son conscientes de que cualquier elevación de costes se va a trasladar, sí o sí, a los precios finales de los productos o servicios que se presten, como siempre ha ocurrido, es para empezar a preocuparse por aquello de 'en manos de quién estamos'.

Aunque resulte complicado de entender por parte de quienes no manejan elevadas sumas de dinero, los bancos y todo el sector financiero español pagan grandes cantidades de dinero en impuestos. Miles de millones. Aquellas acusaciones sobre el escaso 7% del beneficio que pagaban las grandes empresas en Sociedades que llegó a lanzar Montoro han quedado tapadas por la evidencia de el tipo calculado sobre resultado contable, que es como lo estipula la ortodoxia fiscal, está muy cerca del 20% si no lo supera en muchos casos. Es cierto que los bancos han sido los grandes beneficiados de los créditos fiscales que se descuentan de la base imponible por pérdidas acumuladas, pero aquella fue una medida necesaria en la gran crisis para que no sucumbieran las entidades y las finanzas de todos los españoles. Se puede argumentar que es momento de acabar con ese beneficio fiscal y otros muchos, como plantea la reforma en ciernes, pero eso es otro debate. Ya llegará. Los bancos y sus accionistas perdieron cientos de miles de millones en la anterior crisis, a pesar del rescate bancario, y eso se ha olvidado demasiado rápido por quienes gobiernan con la premura del voto a corto plazo y las medidas populistas.

A nadie nos gusta pagar intereses y mucho menos ver como suben por culpa de una inflación provocada desde Moscú en plena guerra energética, sobre todo cuando las entidades anuncian miles de millones de beneficio. Pero también lo es que, con ese dinero, sustentado en provisiones y reservas, bajo estrictos controles de liquidez y sostenibilidad, se mete combustible a una economía que va a necesitar más que nunca músculo financiero para salir de la crisis que se avecina. La banca es una parte sistémica de la economía de cualquier país, sin la que es imposible mantener los niveles de bienestar que la UE ha alcanzado y que Putin ha puesto en duda. Su apoyo al canalizar los fondos ICO o ahora, para frenar la exclusión financiera, son evidentes. Y si hay que ponerles un impuesto por algo que esté plenamente justificado, se discute y se hace. Pero solo porque ganan dinero, sin una base jurídica que lo justifique, no es razón. Los tipos han estado a cero durante once años y la rentabilidad de la banca bajo mínimos. Ahora les toca recuperarse, para dolor de nuestros bolsillos, pero es que esa es la “normalidad” financiera del mercado. Es fácil criticar a los bancos, pero no nos engañemos, de su actividad vivimos casi todos, aunque sea endeudados. 

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