Hay un relato nuevo que no cotizó ni de lejos en las elecciones del pasado 23-J. Ni mención. Lo que antes era negro ahora es blanco y si los coches circulaban por la derecha ahora deben hacerlo por la izquierda. Recuerda a la canción infantil que decía aquello de 'por el mar corren las liebres, por el monte las sardinas, tralará'. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, defiende ahora que el referéndum unilateral e ilegal que organizó el nacionalismo catalán entre sus acólitos o la proclamación de la independencia en sede parlamentaria nunca debieron ser judicializados. Para subsanar el error, el jefe del Ejecutivo cree que debe ofrecer la amnistía a los miembros de Junts a cambio de sus 7 votos para la investidura.
Paralelamente, el mantra de "la economía va como una moto" que pregonaba Sánchez antes del 23-J se ha tornado en un mensaje algo menos propagandístico y moderado que reconoce que el panorama por delante no es alentador. Lo cierto es que la economía también ha asistido a una reescritura de su historia reciente tras los cambios en el cálculo de la contabilidad nacional desde 2020 hasta ahora. El Instituto Nacional de Estadística (INE) ha aflorado 20.000 millones de euros de PIB nominal que además sirven para reducir por debajo del 110% la ratio deuda/PIB, la métrica usada para medir la sostenibilidad de la deuda o la capacidad de repago.
Según la nueva radiografía estadística, la economía española adelantó su recuperación a los niveles previos a la pandemia al cierre del año pasado y presenta un aspecto mucho más saludable en el momento actual (primera mitad de 2023). La realidad es que tampoco cambia el resultado: España se sitúa a la cola de la zona euro en el periodo acumulado de los últimos cuatro años. La deuda pública en términos absolutos no ha hecho otra cosas que crecer hasta superar los 1,5 billones de euros porque el gobierno ha seguido gastando por encima de sus posibilidades, incurriendo en déficits y convirtiéndolos en endeudamiento a largo plazo. Ahora el coste anual de esa deuda se hace cada vez más insostenible y la capacidad de refinanciar se ha puesto cuesta arriba porque el Banco Central Europeo (BCE) ya no saldrá a comprar bonos del Estado al 0% como hizo en 2020 y 2021.
Por otro lado, la amnistía en la que trabaja el actual gobierno de coalición puede borrar el delito de sedición de 2017 pero no cambia los hechos. Una minoría política (hoy solo un tercio de Cataluña votó nacionalista en las últimas elecciones) engañó a sus propios electores para celebrar un referéndum unilateral y proclamar una independencia ficticia que no se ajustaba a ninguna legislación. Sorprende hasta la estupefacción que el PSOE haya pasado de apoyar el proceso judicial contra los miembros del Gobierno autonómico de Carles Puigdemont a una segunda fase de indulto -que reconoce el delito pero perdona las penas- y ahora a la amnistía. Todo a golpe de necesidad para seguir en Moncloa. Lo lamentable es que se pretenda vender este cambio fundamental como algo producto de la imaginación del elector que acudió al 23-J a votar una cosa y le están dando otra. Gato por liebre.
Con este panorama revisionista impulsado desde Moncloa sobre la sociedad española, la investidura del candidato del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, llega al Congreso con todos boletos para ser un proceso fallido salvo sorpresa de última hora. No es descartable tampoco porque el sapo que se están viendo obligados a tragar algunos diputados del PSOE es de grandes dimensiones. Aunque fracase, la presencia del político más votado el pasado 23-J permitirá rescatar el relato real, el que ha vivido todo el mundo, de la memoria política y económica reciente. Visto así, Feijóo cumplirá una misión de servicio público a partir de esta semana. Fracasará y saldrá derrotado por la aritmética parlamentaria pero puede convertirse en ganador a medio plazo si se alza con el trofeo de la credibilidad y confianza, algo que su rival Sánchez probablemente ha perdido para siempre.
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