El Gobierno recurrirá la declaración soberanista si la Abogacía lo aconseja

  • El Gobierno recurrirá la declaración soberanista aprobada por el Parlamento de Cataluña si la Abogacía del Estado considera que es contraria a la Constitución, para lo que el presidente del Ejecutivo, Mariano Rajoy, ha encargado un informe con carácter urgente.

Madrid, 25 ene.- El Gobierno recurrirá la declaración soberanista aprobada por el Parlamento de Cataluña si la Abogacía del Estado considera que es contraria a la Constitución, para lo que el presidente del Ejecutivo, Mariano Rajoy, ha encargado un informe con carácter urgente.

El Gobierno está convencido de que el texto acordado en la Cámara autonómica el pasado miércoles, apoyado por el 63 % de los diputados catalanes y que define Cataluña como un "sujeto político y jurídico soberano", no tiene efectos jurídicos y, por lo tanto, no será necesario llevarlo ante el Tribunal Constitucional.

No obstante, el jefe del Ejecutivo ha explicado en una conversación informal con periodistas durante su visita oficial a Chile que desea que los servicios jurídicos del Estado sean los que determinen si eso es así y estudien con detalle si el hecho de que ahora el Ejecutivo no lo impugne puede tener alguna consecuencia en el discurrir futuro de la declaración.

Ante esta posición, la Generalitat de Cataluña ha invitado al Ejecutivo, en lugar de acudir a los tribunales, a abordar el asunto "en términos de análisis político, de debate, de entender que hay democracia detrás de esta expresión y una inmensa mayoría del pueblo de Cataluña".

Rajoy ya se pronunció ayer en una rueda de prensa en Lima (Perú), donde se encontraba de viaje oficial, y aseguró que la declaración "no sirve para nada", pero que el Ejecutivo siempre aplicará la ley.

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha declarado, tras la reunión del Consejo de Ministros, que el Ejecutivo impugnará esta iniciativa si lo aconseja la Abogacía del Estado.

El Gobierno se pronunciará una vez tenga un "análisis riguroso y exhaustivo", ha añadido Sáenz de Santamaría, quien ha sostenido que el texto "no se ajusta a las normas del marco de convivencia acordado entre todos", además de añadir "incertidumbre en un momento en el que la estabilidad es muy necesaria".

La Generalitat de Cataluña, a través del conseller de Presidencia, Francesc Homs, ha interpretado la actitud del Gobierno como la reacción de "un burócrata más pidiendo un informe a la Abogacía del Estado".

Homs ha destacado que del "menosprecio" inicial en "las primeras horas después de la aprobación de la declaración" se haya pasado "a encargar un informe, ni más ni menos, que a la Abogacía del Estado".

Rajoy ha insistido en que está dispuesto a hablar "de lo que quiera" con el presidente de la Generalitat de Cataluña, Artur Mas, a quien ha dicho también en una entrevista en ABC Punto Radio que "tendrá que cumplir la ley" o el Ejecutivo acudirá a los tribunales.

El presidente quiere trasladar a Mas su posición de serenidad y sin estridencias en esta cuestión en la próxima reunión que mantengan en La Moncloa, una cita para la que no hay fecha pero sobre la que hablaron cuando coincidieron el pasado 8 de enero en la inauguración del AVE entre Girona y Figueres.

Mas viajará la próxima semana a Madrid para mantener un encuentro con el Rey en el Palacio de la Zarzuela, dentro de la ronda de contactos del monarca con los presidentes autonómicos elegidos en los últimos meses.

Aunque esta cita no está motivada por la declaración del Parlament, el contenido del texto podría ser abordado en la reunión que tendrá lugar el próximo jueves.

Don Juan Carlos, según ha comentado Rajoy, está "preocupado" como todos los españoles por lo que está pasando en Cataluña, además de por la crisis económica.

El resto de autonomías ha continuado durante esta jornada pronunciándose en contra de la iniciativa catalana, un "brindis al sol" que "no va a tener ningún efecto", según el presidente de Extremadura, José Antonio Monago.

También ha arremetido contra la declaración el presidente de Cantabria, Ignacio Diego, quien cree que es "inviable" y que Cataluña "es una parte más del Estado español" y lo será "siempre".

Tras el rechazo frontal a las pretensiones del Parlament hecho público ayer por las autonomías -a excepción del País Vasco y Canarias, que expresaron su respeto-, la Generalitat catalana ha tachado de "oportunismo de poca monta" la oferta hecha por el presidente valenciano, Alberto Fabra, a las empresas para trasladarse a su comunidad.

Las diferencias en el seno del PSC por la votación en el Parlament (cinco de sus diputados rompieron la disciplina y no votaron en contra al ausentarse del hemiciclo) se han saldado con la decisión de la dirección de sanciones económicas.

Para el líder de los socialistas catalanes, Pere Navarro, lo ocurrido es el "reflejo de lo que está pasando" en esta comunidad, que está "hoy más dividida socialmente" y afecta a los partidos "que representan una Cataluña más transversal".

La actitud de los socialistas ha sido criticada por el secretario general de CiU, Josep Antoni Duran Lledia, quien les ha acusado de actuar en "clave españolista" y siguiendo los intereses del PSOE y de la exministra Carme Chacón.

Una llamada a Mas y CiU a "recuperar el seny (juicio)" y "a centrarse" en los casi 900.000 parados en Cataluña ha hecho la presidenta del PPC, Alicia Sánchez-Camacho, quien ha pedido que destierren el "discurso victimista y de confrontación". EFE

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