El organismo argumenta que no incluye a algunos trabajadores a tiempo parcial que quieren trabajar más horas o a los desocupados no inscritos en el paro pero que desean trabajar, los llamados 'desanimados'.
Tras conocer la declaración de la Airef, que alerta de que la reforma de Escrivá no cubrirá el alza del gasto en pensiones, la formación ha lanzado un cuestionario a la Comisión Europea para conocer su amparo a este plan.
La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal calcula que la norma elevará el déficit público en 1,1 puntos del PIB en 2050, puesto que el aumento de los ingresos del 1,3% es insuficiente frente al 2,4% que eleva el gasto.
En total, la Autoridad Fiscal ha formulado 277 propuestas al departamento que encabeza María Jesús Montero que afectan a un total de 81.000 millones de euros de gasto público.
Al recibir estas recomendaciones, el ministerio o CCAA tienen la obligación de cumplirlas o bien explicar su incumplimiento, como han hecho los ministerios de Asuntos Económicos, de Hacienda o Castilla y León.
Hernández de Cos ha expuesto sus consideraciones sobre la propuesta de reforma de las reglas fiscales planteada por la Comisión Europea, con la cual se podría constituir "un punto de partida prometedor".
El organismo coloca a Madrid y Navarra con una tasa de crecimiento intertrimestral del 0,4%, mientras que a Castilla-La Mancha, Andalucía, Canarias, Murcia y Castilla y León les otorga un incremento del 0,3%.
El 33,4% de la población activa tiene entre 50 y 64 años, según la EPA del tercer trimestre, o lo que es lo mismo, en los próximos 17 años se jubilarán alrededor de 7,5 millones de trabajadores.
La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal calcula que creció 9 décimas más de lo esperado inicialmente y en línea con la estimación del Gobierno, que apunta a un incremento superior al 5%.
Pide un cambio en el diseño institucional porque es "excesivamente reglamentista y rígida" e impide avanzar hacia un sistema más eficiente y eficaz para cumplir con los compromisos en la cooperación.
Murcia (-3%), Comunidad Valenciana (-2,7%), Castilla-La Mancha (-1,9%), Cataluña (-1,3%), Canarias (-1,2%), Extremadura (-1,1%) y Andalucía (-1,1%) despedirán ejercicio con el mayor desequilibrio en sus cuentas
Su presidenta, Cristina Herrero, ha señalado que estiman que España cerrará el año con un déficit público equivalente al 4,6% del PIB, cuatro décimas por debajo de la estimación del Gobierno.
Sin la presión de la energía, la inflación se mantendrá aún alrededor del 5% el año próximo y podría restar 1,3 puntos al crecimiento, mientras que el alza del precio del dinero podría comerse otro punto adicional
El avance interanual sería del 2,2% a falta de más información sobre el periodo, lo que acerca la posibilidad de que el crecimiento anual supere finalmente el 4,4% que incorpora el cuadro macroeconómico.
Hasta 494.000 hogares, excluyendo País Vasco y Navarra, recibían la prestación en octubre. Los potenciales demandantes sumarían 1,35 millones. La renta y el patrimonio deja fuera al 60% de familias.
Revisa al alza los ingresos y, en mayor medida, los gastos, sin considerar el Plan de Recuperación y prevé para 2022 una mayor recaudación de ingresos a través del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales.
La AIReF advirtió que el impuesto tendría que entrar en vigor ya este año, dado que el plan presupuestario del Gobierno de Sánchez recoge que la recaudación de ese nuevo tributo tendrá ya efectos en 2023.
Este año, para el que el Ejecutivo ha establecido una referencia del -0,6% a las autonomías, la Autoridad Fiscal prevé que Castilla y León, Extremadura, Castilla-La Mancha y Andalucía tampoco se ajusten.
El organismo fiscalizador advierte de que la deuda y el déficit público podrían enquistarse como mínimo hasta 2026 si se prorrogan las medidas extraordinarias anunciadas por el Gobierno
Al contrario que el sistema actual, con objetivos anuales, la autoridad propone un compromiso tope para cuatro años que se determinaría considerando el endeudamiento a medio plazo del país y no el déficit.
La ministra ha mostrado su sorpresa porque la autoridad responsable de la consolidación fiscal critique de esa forma los presupuestos y ha asegurado que el Gobierno tiene "clarísimo" lo que es gasto estructural.
El organismo fiscalizador lamenta que las cuentas no incorporen las actuaciones previstas para paliar los efectos de la inflación, dado que pueden "desvirtuar la calidad del presupuesto" por su importe.
La ministra de Asuntos Económicos ha explicado que los PGE se han elaborado desde "la prudencia" y ha señalado que están preparados para poder responder a cambios macro o necesidades que puedan surgir.
Apunta que el escenario macroeconómico propuesto es "alcanzable", pese a que percibe riesgos a la baja en el desarrollo previsto para el año que viene, que estima en el 1,5% frente al 2,1% del Gobierno.
El organismo revisa dos décimas al alza sus estimaciones para el periodo julio-septiembre. Las estimaciones para el conjunto del ejercicio caen sin embargo al 4,2% frente a sus previsiones de abril.
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