De producirse, sería el mayor retroceso en un mes de agosto desde 2019, cuando se perdieron 213.000 puestos de trabajo, después del crecimiento de los dos últimos años por el fin de las restricciones.
Este acuerdo con Caixabank, BBVA, Societé. Bakinter y Kutxabank permite adaptar los términos y condiciones de la financiación a los criterios e indicadores ESG (Environmental, Social and Governance).
Otra de las prioridades del Gobierno moscovita es reforzar el potencial de la Flota rusa del mar Negro y fortalecer la infraestructura militar-naval de la anexionada península de Crimea y de la región de Krasnodar.
Además de la filial del grupo que preside Beatriz Corredor, Cellnex, Lyntia, Axion, Phoenix, Vantage Towers y la australiana BAI también han presentado ofertas al operador ferroviario.
Una violación reiterada de la ley establece una sanción económica de entre una décima parte y una quinta parte de los ingresos totales en un ejercicio fiscal anterior.
El candidato será responsable del desarrollo de asuntos gubernamentales clave para las zonas europeas donde la compañía esté presente y servirá como contacto clave con el Gobierno español y regional.
Recoge los delitos de intrusión no autorizada en equipos informáticos y de intercepción ilegal de comunicaciones.
Las preocupaciones sobre el crecimiento se ciernen sobre los inversores a medida que el mercado busca recuperarse después de una primera mitad del año difícil, con el S&P 500 un 20% por debajo de máximos.
El proyecto de las grandes potencias económicas más industrializadas del mundo pretende movilizar más de 568.000 millones de euros para crear infraestructuras sostenibles en naciones aliadas en desarrollo.
El eurodiputado asegura que se trata del caso de espionaje político "más grande conocido hasta ahora" y remarca que atenta contra el secreto de las comunicaciones, la intimidad y la inmunidad parlamentaria.
Las comunicaciones por falta de pago experimentaron un repunte durante el primer confinamiento, que se repitió con la llegada de la segunda ola.
Será válida la notificación practicada colocando la comunicación correspondiente en el tablón de anuncios de la comunidad, o en lugar visible de uso general habilitado al efecto.
Por mantenimiento, administración, emisión de una tarjeta… estos son algunos de los servicios por los que las entidades suelen cobrar un ‘extra’ a sus clientes.
Entre los objetivos del pliego está el análisis forense digital de dispositivos móviles para identificar incidentes y recopilar evidencias. El anuncio previo se realizó un mes después del espionaje al ministro.
Un familiar de una víctima ha cedido el teléfono a los agentes que lo estudiarán con el objetivo de localizar documentos, vídeos, fotografías que solo se trasladarán al juez para "preservar la intimidad" de la familia.
Las ofertas de empleo destitnadas a titulados en Formación Profesional (FP) representan el 40% de vacantes del mercado laboral en España.
Los expertos destacan que las conversaciones por 'WhatsApp' muestran la trayectoria previa a los hechos desde el momento en que se rompió la relación a causa de una "infidelidad" reconocida por la acusada.
El ministro asegura que en los cinco primeros meses de 2022 se han contabilizado un millón de contratos más en comparación con 2017 y 2019 y son el grupo de los jóvenes entre los que más se ha incrementado.
Interior ha enviado notificaciones a algunas de las grandes empresas con riesgo sistémico para todo el país ante posibles incursiones de 'hackers' en ámbitos como la electricidad, el gas o las telecomunicaciones.
Cuca Gamarra (PP) señala que con la destitución ha quedado claro que en España "gobiernan los independentistas" y ha defendido a Esteban, que asegura tiene una hoja de servicios intachable.
Tras el ataque al SEPE, el espionaje a móviles y la guerra en Ucrania, el sector público no ha dudado en conceder contratos millonarios para proteger sus telecomunicaciones y renovar y reforzar sus teléfonos.
El ministerio reconocía limitaciones para detectar vulnerabilidades y afrontar amenazas avanzadas. Cinco compañías, entre ellas Telefónica, Vodafone e Hisdesat, se repartieron un contrato de 170 millones.
El portavoz de la formación morada, Pablo Fernández, ha señalado que se trata de una afirmación genérica para cuando se esclarezca quién ordenó el presunto espionaje. No achaca culpa directa a Margarita Robles.
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