Los berlineses dieron la espalda a las grandes empresas. El alza en los precios de alquiler durante los últimos años hizo que el 57% se pronunciara a favor de crear una ley para expropiar pisos a los gigantes inmobiliarios en el referéndum del pasado 26 de septiembre. Mientras, las autoridades holandesas han planteado la posibilidad de ofrecer rebajas fiscales a los caseros con alquileres baratos. En medio de esto, España prepara su nueva ley de vivienda. El Gobierno de coalición lleva cerca de nueve meses preparándola y los mayores desencuentros giran en torno a la regulación de los alquileres y el margen de maniobra fiscal de los tenedores.
La Asociación de Propietarios de Viviendas en Alquiler (ASVAL) considera que las medidas propuestas en el referéndum de Berlín, pese a que generan un gran ruido mediático y debate, no son una solución efectiva, ya que limitan la inversión y generan inseguridad, factores que dañarán los niveles de la oferta. Además, los expertos señalan a 'La Información' que esto es repetir una historia que no tuvo un buen final :"Ya hemos visto cómo medidas similares han perjudicado la oferta de vivienda cuando la presión social llevó al gobierno de Berlín a congelar los precios de los alquileres".
En el campo empresarial, el resultado alemán supone una amenaza para la fusión de las inmobiliarias Deutsche Wohnen y Vonovia, que ya pende de un hilo tras la negativa de Vonovia a aceptar la oferta planteada en el primer intento. Con el resultado del referéndum, las cúpulas de ambas empresas pueden dar un paso atrás al no considerar que el ecosistema es el más favorable.
Sin embargo, la realidad no es la misma en España y Alemania. Gran parte del parque de vivienda berlinés está en manos de grandes tenedores, mientras que en España, solo el 4% de los inmuebles está dentro de las carteras de las empresas. La mayoría del stock pertenece a pequeños propietarios, por lo que la medida expropiadora tendría una repercusión menor en el mercado nacional. Ante esto, los expertos abogan por adoptar medidas que mejoren y aumenten la oferta de vivienda de alquiler, especialmente la social y asequible.
En el caso de Holanda, su normativa de vivienda también tensa el debate de los presupuestos generales. Las autoridades deberán decidir pronto si conceden rebajas fiscales a los tenedores de vivienda social, que conforman el grupo de propietarios que cobra un máximo de 750 euros al mes por su alquiler. La medida busca fomentar la construcción de viviendas asequibles, y el Estado tendrá que 'sacrificar' una recaudación de 1.800 millones de euros anuales.
El aumento de la vivienda social también es una tarea pendiente en España. Los datos del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana indican que el parque solo cuenta con 0,9 viviendas sociales por cada 100 habitantes, y la situación ha ido a peor con los años. Carolina Roca, Directora General del Grupo Roca y vicepresidenta de ASPRIMA, comentó en una entrevista a este medio que la producción anual de inmuebles asequibles ha pasado de 75.000 a 5.000 en los últimos 10 años.
La coalición se ha comprometido a resolver sus diferencias y aprobar la ley antes de que acabe el año. Raquel Sánchez fue nombrada por Pedro Sánchez ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana en sustitución de José Luis Ábalos durante el verano y sus posturas se acercan más a las de Unidas Podemos. De hecho, cuando fue alcaldesa de Gavá reguló los precios del alquiler al imponer topes en zonas tensionadas. Su presencia podría inclinar la balanza hacia estas posturas y desenredar los flecos sueltos para que la normativa vea la luz antes de la llegada del próximo año.
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