La propuesta del Gobierno de alcanzar los objetivos de rehabilitación energética que marca la Comisión Europea ya es oficialmente una obligación para el país. El contrato firmado por ambas partes para que España reciba el fondo de rescate de la UE incluye la propuesta realizada por el Ministerio de Transición Ecológica para renovar tanto viviendas residenciales como edificios destinados a un fin distinto al del hogar. Esto supone que el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) y las comunidades autónomas tendrán que lograr la reducción de al menos un 30% del consumo de energía en el equivalente a 40.000 viviendas y a 690.000 metros cuadrados de inmuebles no residenciales. Un hito que tiene dos fechas clave, que son 2023 y 2026. Y del que tendrá que hacerse responsable la vicepresidenta tercera, Teresa Ribera.
Como señala el documento desvelado por el Ejecutivo, el IDAE diseñará un plan de adjudicaciones que gestionarán las comunidades autónomas para que una parte del inmobiliario camine en la senda del ahorro energético. La reducción del consumo de un 30% tanto en casas o pisos como en bloques de oficinas o de otra actividad será el mínimo exigido para cumplir con lo marcado por Bruselas. Aunque existen matices sobre alcanzar el 'arreglo' de esas 40.000 casas o pisos y los casi 700.000 metros cuadrados de oficinas o activos de otro tipo. Por ejemplo, se tendrán en cuenta las superficies en las que se ha llevado a cabo la obra de mejora para que la exigencia de cumplimiento sea mayor o menor.
Una de las grandes novedades del pacto es que Transición Ecológica deberá detallar de qué manera ha incentivado esta rehabilitación. Según el contrato, el departamento de Ribera deberá dejar claro si lo ha impulsado a través de ayudas directas, de bonificaciones fiscales o de otro esquema de financiación, en el que podría entrar la colaboración público-privada. Una reclamación de información que la Comisión realizará seleccionado un número determinado de activos de muestra sobre el listado de los que el Gobierno asegure haber renovado. Y por la que el ministerio tendrá que elaborar un documento específico señalando cómo ha desarrollado las inversiones sobre las que le pidan información.
El primer paso será el de la adjudicación, y deberá estar completado en 2023. Entonces, Moncloa enviará un documento en el que explique cómo ha llegado a alcanzar las exigencias que aparecen en el contrato. En los anexos tendrá que recoger el listado completo de residencial y no residencial sobre los que se van a realizar las rehabilitaciones para reducir el consumo. Concretamente, deberá indicar el código postal, la localización, los metros cuadrados que tienen, su uso, el número de personas que viven en ella o la resolución por la que ese activo ha sido seleccionado. El otro año clave será 2026. Para entonces, el proceso deberá haberse completado. Las pruebas de haber cumplido serán muy parecidas, especificando en ellas cómo se ha desarrollado el plan para lograr el objetivo.
En el resto de la documentación que tendrá que presentar España ante el órgano de gobierno europeo destacan dos certificados. El primero es el del consumo energético previo a la rehabilitación de los activos sobre los que se realicen los trabajos. El otro es el que se expedirá tras haber llevado a cabo las obras, en las que deberá aparecer el porcentaje de ahorro que se espera alcanzar tras haber realizado el proceso. Además, habrá que remitir las resoluciones publicadas en los boletines oficiales, tanto el del Estado como los autonómicos, en las que se le dará carácter de norma a esa estrategia de rehabilitación.
Otro de los objetivos que aparecen reflejados en el contrato es la apuesta que ya anunció el Ejecutivo de impulsar la rehabilitación energética en los municipios con menos de 5.000 habitantes. La reducción de consumo a lograr será la de un 30% como mínimo, y deberá llevarse a cabo sobre al menos 26.000 viviendas. Transición Ecológica deberá facilitar el listado de las localidades elegidas y el número de población que hay en cada una de ellas. Además, y como ya ocurría en el caso anterior, tendrá que remitir los certificados previos a los trabajos y los que se emitan posteriormente, en los que se recoja qué grado de ahorro se puede alcanzar tras haber realizado el trabajo. El plazo para ello también expira en 2026.
Esta estrategia es independiente de las ayudas a rehabilitación energética que impulsa el Ministerio de Transportes. Este paquete de subvenciones, que fue aprobado por el Consejo de Ministros en el mes de octubre, está especialmente pensado para las comunidades de vecinos. Al mismo también podrán acogerse las administraciones públicas que quieran aprovechar el maná europeo para renovar sus edificios. En total, habrá disponibles cerca de 3.400 millones de euros, con los que habrá que lograr la renovación de siete millones de activos antes de 2050. Dichas ayudas, que pueden alcanzar hasta el 60% del coste de la obra a realizar, no tributarán por IRPF en la declaración de la renta.
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