La falta de oferta de viviendas de alquiler lleva años provocando tensiones en el mercado, incapaz de seguir el ritmo de una demanda que se mantiene en niveles muy elevados. La escasez de viviendas disponibles frente a la cantidad de españoles que buscan alquilar empuja los precios de arrendamiento al alza, provocando una tendencia inflacionista que los sueldos de muchos inquilinos no logran compensar. Esta disparidad sigue aumentando mientras cada vez más propiedades se trasladan del mercado del alquiler al de la venta.
La nueva Ley de Vivienda ha sumado al desequilibrio del mercado, ya que los propietarios evitan tener que cumplir los requisitos impuestos por la nueva normativa retirando sus pisos de agencias y plataformas para alquilar viviendas. Un estudio publicado por la Federación de Asociaciones Inmobiliarias (FAI) el pasado 23 de octubre informaba de que la oferta de alquiler habitual en España había descendido un 30,57% desde la entrada en vigor de la Ley de Vivienda en mayo de este año.
En cuanto a las expectativas a futuro para el precio de la vivienda, el informe Actualidad y Perspectivas del sector inmobiliario 2023 elaborado por la inmobiliaria Forcadell y la Universitat de Barcelona (UB) prevé que el alza del coste del alquiler convencional alcance el 7,5% en 2023. Para el año 2024 esperan una subida del 3% o el 10%, en caso del alquiler de habitaciones, impulsada en parte por la huida de los propietarios del negocio del alquiler residencial al sector de arrendamiento de temporada y al turístico.
Las agencias inmobiliarias pierden clientes
Además de un encarecimiento del alquiler que perjudica a las familias de bajos ingresos, la retirada de propiedades de este mercado también afecta a las agencias inmobiliarias, que pierden a los clientes que se decantan por alternativas con las que lograr una mayor rentabilidad por su vivienda. FAI señalaba en su estudio que las operaciones de gestión de alquiler en las agencias inmobiliarias cayeron un 28,83% desde mayo, y casi la mitad de ellas afirmaron haber visto su cartera de pisos en alquiler reducida. Un 16,71% de las inmobiliarias se vieron forzadas a renunciar al negocio del alquiler en su totalidad por la escasez de oferta.
La Agencia Negociadora del Alquiler (ANA) señalaba en octubre que muchos inversores habían abandonado el alquiler convencional en favor de otras opciones con legislación más flexible, como alquileres turísticos, de residencias universitarias, por habitaciones u otras modalidades en suelos no necesariamente residenciales. Ante las nuevas obligaciones, muchos propietarios deciden gestionar por cuenta propia su alquiler, restando negocia a las agencias, pero también restando visibilidad a estas ofertas y dificultando el acceso a las mismas.
El pago de los honorarios de agencia
El 10,86% de las agencias sostiene que ha mejorado el servicio de alquiler para inquilinos, con al intención de atraer demandantes a pesar de la subida de precios, pero muchos propietarios se muestran aun reacios a trabajar con ellas porque la nueva Ley traslada el coste de honorarios de inmobiliarias de los inquilinos a los arrendadores. Por lo tanto, los propietarios piden que se mejoren también las condiciones para ellos, con el fin de justificar el gasto por los servicios de agencia.
El inversor inmobiliario José Muñoz propone una fórmula para que las inmobiliarias ofrezcan un valor añadido a los propietarios, que supondría pasar del actual sistema de comisión a uno de "suscripción". Así, las agencias cobrarían una tarifa no solo por buscar un inquilino, que no supone un gran reto en un mercado con exceso de demanda, sino también por hacerse cargo de otras labores que requiere el alquiler. Entre estas nuevas responsabilidades para las agencias se encontrarían el cambio de suministros o el trato a los inquilinos, por ejemplo.
Así, las agencias tendrían la posibilidad de aumentar su cartera de clientes, además de ayudar a compensar la falta de oferta proporcionando condiciones beneficiosas tanto para inquilinos como para propietarios, asegurando el cumplimiento de las condiciones establecidas por la Ley que exime a los arrendatarios de pagar los gastos por honorarios pero evitando sobrecostes no compensados también para los arrendadores.
