El resultado de las elecciones del 23 de julio ya avanzaba una complicada negociación para cada una de las materias que el Gobierno tratase de sacar adelante, pero la caída del primer real decreto-ley con contenido laboral de la legislatura y la amenaza a los Presupuestos Generales del Estado han llevado a los agentes sociales a reducir sus expectativas para los próximos cuatro años. Los ministerios de Trabajo y Seguridad mantienen abiertas varias mesas de trabajo con la patronal y los sindicatos a través de las que esperan reducir la jornada laboral máxima, reformar el subsidio o ampliar el alcance de las fórmulas que compatibilizan el trabajo y la percepción de la pensión. Al tiempo que el nuevo titular de Función Pública también tiene pendiente abordar algunos de estos temas respecto a los funcionarios y a los trabajadores públicos.
Sin embargo, a diferencia de la legislatura capitaneada por el Gobierno de coalición de PSOE y Unidas Podemos, los representantes de los empresarios y los trabajadores no cuentan con ninguna garantía de que los textos trabajados en esas mesas vayan a recibir la luz verde del Congreso de los Diputados. Primero, porque los partidos que integran el Ejecutivo ya no pueden dar por descontada la convalidación de los reales decretos-leyes aprobados en Consejo de Ministros y segundo, porque estos tendrán que introducir modificaciones que cubran las demandas de los grupos minoritarios sobre los que sustentan su mayoría, los que en ocasiones pueden querer ir en contra del espíritu inicial del texto al ser de corte independentista y de distintas ideologías.
La agenda del Gobierno es prolija, según se refleja en el pacto cerrado entre las dos partes, pero los negociadores sociales no están dispuestos a ser la herramienta a través de la que se canalicen las peticiones de los grupos o al contrario, el elemento al que se puedan aferrar las diferentes carteras para dotar de legitimidad a un texto para el que no reúnen los apoyos precisos. Esto deja un escaso margen para aprobar las materias más urgentes, sobre todo las vinculadas al desembolso de fondos Next Generation o las que se pueden desprender de negociaciones previas, como es todo lo referido a la jubilación parcial o la Estrategia de Salud y Seguridad en el Trabajo. Para el resto de proyectos, las mesas de negociación corren el riesgo de convertirse en una mera recopilación de aportaciones sobre textos cuya viabilidad está en duda.
Sistema público de pensiones
Si bien, lo cierto es que en la última legislatura ya se dieron precedentes en los que el Ejecutivo tuvo que negociar a varias bandas, con las instituciones europeas, con los grupos parlamentarios y con los agentes sociales para poder aprobar la reforma laboral y la del sistema público de pensiones -que constó de dos partes-. Justo fue la ausencia de este proceder lo que hizo decaer el real decreto-ley que contenía la reforma del subsidio por desempleo vinculada al cuarto pago de los fondos europeos dado que los problemas provinieron de Podemos. No obstante, la diversificación de los apoyos parlamentarios de Pedro Sánchez llevan a los negociadores a aventurar que las peticiones políticas primarán sobre las sociales, por mucho que se abandere la insignia del diálogo tripartito desde alguna de estas carteras.
Este escenario y el resultado de la primera reunión para abordar la reducción de la jornada laboral dejan un papel protagonista en esta área al diálogo bipartito, es decir, a los acuerdos a los que puedan llegar los sindicatos y las patronales por separado. En 2023 consiguieron aglutinar sus puntos de vista en el Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC) en el que destacaron la necesidad de establecer días de teletrabajo y trabajo presencial o de facilitar la información sobre algoritmos a los representantes de los trabajadores, así como el recurso a las mutuas para agilizar las bajas traumatológicas que la responsable de Seguridad Social, Elma Saiz, afirmaba este miércoles que ya está sobre la mesa de trabajo. Mientras que en la reducción de las jornadas de trabajo ya han progresado de facto en los convenios colectivos.
Mientras que los representantes de los empleados públicos no tienen otra opción y requieren del respaldo político para sacar adelante las cuestiones pendientes del Acuerdo Marco para una Adminstración del SXXI, como la jubilación parcial a la que ya puede acceder el personal laboral pero no los funcionarios, y el cambio en la regulación de los permisos y las vacaciones. "Nos preocupa la inestabilidad parlamentaria y la incertidumbre política porque, a nuestro entender, este Gobierno y este país necesita unos Presupuestos Generales del Estado para sacar adelante las reformas" subrayaba la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) en un comunicado difundido tras la comparecencia de José Luis Escrivá en el Congreso en el que solicitaba que se establezca un calendario para abordar las negociaciones.
