La negociación de los Presupuestos Generales del Estado de 2024 con los socios parlamentarios que dieron su apoyo a la investidura de Pedro Sánchez va a servir a modo de 'test de estrés' para el gobierno de coalición. Fuentes próximas al ministerio de Hacienda confirman a este diario que ya hay conversaciones en marcha con los distintos grupos. La vicepresidenta primera y máxima responsable de la elaboración de las cuentas públicas, María Jesús Montero, se mostraba confiada en sacarlas adelante y ponía en valor la "disposición" por parte de la mayoría de ellos para debatirlos en una entrevista concedida el jueves a Antena 3 donde aseguraba, además, que espera alcanzar los apoyos suficientes, incluido el de Junts.
La propia Montero se puesto como referencia temporal para tratar de tener los presupuestos aprobados el mes de abril. La ley más importante de la legislatura, al menos en lo económico, estará marcada por una coyuntura muy compleja. Primero en lo político, como ya evidenció la votación de los objetivos de estabilidad presupuestaria y deuda pública. Estos salieron adelante en segunda votación y por mayoría absoluta (con 179 votos a favor y 171 en contra) tras una sesión muy tensa en el pleno del Congreso, que se celebró por obras en el Senado.
Hubo negociaciones con los independentistas hasta el último minuto para sacar adelante dos de los tres reales decretos leyes que se presentaron ese mismo día en la Cámara: el de las medidas anticrisis y el 'ómnibus', que incluía la reforma de la Justicia y la de la Función Pública. El visto bueno del Congreso se daba por hecho, no así el del Senado, donde el PP cuenta con mayoría absoluta y capacidad de tumbar los nuevos límites de déficit y deuda. Lo mismo puede hacer con las cuentas una vez que el proyecto aterrice en la Cámara Alta.
En segundo lugar, por el contexto. Las reglas fiscales vuelven a estar vigentes después de cuatro años de suspensión a nivel europeo y España está obligada a ceñirse a un déficit del 3% este año y a rebajar una ratio de deuda que se ha incrementado más de 75 puntos desde 2008, que terminó de desbocarse a raíz de la pandemia y de la batería de medidas que se han aprobado desde entonces para paliar sus efectos y los de las crisis posteriores (inflacionaria, energética, invasión rusa de Ucrania) y que habría despedido el último ejercicio en el entorno del 108% del PIB.
Los desequilibrios presupuestarios constituirán un desafío de primer orden este año, cuando el crecimiento económico será más moderado. El Ejecutivo contempla un avance del 2%, pero su cálculo es mucho más optimista que el de otros servicios de estudios que, como Funcas, han rebajado su estimación al entorno del 1,5%. Al mismo tiempo, España deberá asumir el incremento de las cargas financieras a raíz de la subida de los tipos de interés, que permanecerán todavía por unos meses en niveles elevados. De acuerdo con los cálculos que maneja la fundación de las cajas, si no hay nuevos ajustes el déficit se situará en el 3,5% del PIB este año y la deuda se mantendrá por encima del 107%. Ambos estarían por encima de lo comprometido por el Gobierno con Bruselas (3 y 106,3% del PIB, respectivamente).
Las cuentas "no permiten grandes alegrías"
A raíz de estas dos realidades, política y económica, desde Fedea y el Consejo General de Economistas advierten de que las nuevas cuentas públicas "no permiten grandes alegrías". Sostienen que estarán rodeadas de una notable "presión política" y temen que habrá "tensiones" a lo largo de todo su proceso de negociación. Desde Hacienda, las fuentes consultadas explican que, si bien pudiera parecer que la reactivación de las reglas fiscales da menos margen para negociar los presupuestos que en otras ocasiones, al final los objetivos de estabilidad se aprobaron "sin problemas".
De momento, Montero tendrá una primera toma de contacto pública con los portavoces del ramo en la primera convocatoria de la Comisión de Hacienda del Congreso de los Diputados, que se celebrará el jueves de la próxima semana, según avanzó Europa Press. Pese a que la Constitución establece que el mes de enero está fuera del periodo ordinario de sesiones, el Ejecutivo solicitó a la Mesa del Congreso que se habilitasen las comisiones legislativas para que los ministros pudiesen ir exponiendo sus planes. En una legislatura marcada por el adelanto de las generales y el retraso en la formación del Gobierno, el calendario habitual se ha visto trastocado y obliga a pisar el acelerador.
