España está aún lejos de sentar las bases que permitan el despegue definitivo de la utilización de vehículos movidos por combustibles alternativos y la ansiada sustitución del actual parque móvil dominado por los motores de combustión por uno más moderno y menos contaminante. Éso es al menos lo que entiende la patronal española de fabricantes de automóviles (Anfac), que ha querido aprovechar el proceso de consulta pública abierto por la Comisión Europea para la revisión de la Directiva relativa a la implantación de infraestructuras para los combustibles alternativos para tratar de forzar una posición más decidida de Europa respecto al despliegue de los puntos de recarga y suministro de combustibles limpios en los países miembros y, más en concreto, en España.
Anfac lleva tiempo denunciando las carencias de la infraestructura de suministro española para vehículos 'limpios', singularmente por la falta de 'electrolineras' o puntos de recarga eléctrica e 'hidrogeneras' para coches movidos por hidrógeno -ninguna cumple, según Anfac, con los nuevos estándares técnicos impuestos para este tipo de instalaciones-, que se palia algo más en el caso de las 'gasineras', que dan servicio a los vehículos cuyo combustible es el gas. Los datos que maneja el sector sitúan a España a la cola de los grandes países de Europa, muy por detrás de países vecinos como Portugal, y en opinión de los fabricantes son claves a la hora de explicar la escasa penetración de los vehículos movidos por energías limpias en España, donde apenas suponen un 0,43% del parque móvil doméstico.
Desde hace unas semanas esos datos están también sobre la mesa de los dirigentes europeos que tendrán que plantear la revisión de la directiva europea sobre el asunto. "El despliegue de una infraestructura de recarga pública eficiente e inteligente es un aspecto prioritario para el éxito del vehículo eléctrico", explica el documento entregado por Anfac a la Comisión Europea, al que ha tenido acceso La Información. "Así los países con mayor despliegue de puntos de recarga son aquellos que han alcanzado cuotas de penetración en el mercado más elevadas", señala.
La fotografía del caso español que desgranan los fabricantes es demoledora. Pocos puntos de recarga, menos aún si se analizan los que son de acceso público y mal repartidos. ¿Conclusión? "La infraestructura de recarga eléctrica en España, con especial relevancia en la Red General de Carreteras del Estado, es claramente insuficiente para responder a los ambiciosos objetivos de descarbonización con los que nos hemos comprometido".
Que Bruselas nos ponga los deberes
La reciente aprobación al fin de la Ley de Eficiencia Energética y Cambio Climático promete importantes avances en la materia en los próximos años en España y de hecho el Gobierno ya ha regulado la obligatoriedad de instalar puntos de recarga en todos los edificios o la declaración de utilidad pública de los puntos de recarga para vehículos eléctricos. Pero los fabricantes no terminan de fiarse y abogan por que sea Europa la que marque el paso.
El documento de los fabricantes va al grano. La Comisión Europea debe ser más decidida, establecer objetivos claros para el despliegue de este tipo de instalaciones y monitorizar su cumplimiento o incumplimiento por parte de los países. Anfac solicita, en primer lugar, que la futura directiva europea establezca "objetivos concretos y monitorizables sobre los puntos de recarga y suministro accesibles al público" y que estos objetivos no respondan al grado de despliegue actual en los países sino "de la estimación del número de vehículos de combustibles alternativos, especialmente eléctricos y de pila de combustible, necesarios para alcanzar los objetivos de reducción de emisiones de CO2 establecidos por la propia Comisión Europea para 2025 y 2030", es decir, para ya. En otras palabras, que si hay algún país como España que se ha rezagado, tenga que hacer un sobreesfuerzo para ponerse al nivel en cosa de unos años.
La influyente patronal de los fabricantes de automóviles reclama también que del mismo modo que existen mapas de gasolineras, la directiva obligue a los países miembro a disponer de un registro de puntos de recarga y suministro abiertos al público - una iniciativa en la que el Gobierno español ya está trabajando-; que se acelere la obligatoriedad de la implantación de una red de puntos de suministro de hidrógeno; y que también se fuerce el desarrollo por parte de los países de grandes puntos de recarga para vehículos pesados, un punto que se considera crítico si se quiere que el sector del transporte por carretera cumpla los exigentes objetivos de reducción de emisiones que tiene impuestos de cara a 2030. En España, revela Anfac, solo el 0,03% de los camiones son eléctricos.
La otra gran demanda de Anfac es que desde Europa se fuerce una reducción del papeleo para instalar los llamados 'supercargadores', las instalaciones de recarga de gran potencia, que son las únicas que permiten recargar un vehículo eléctrico en el mismo tiempo en que se llenaría un depósito de gasolina. La patronal denuncia las trabas administrativas existentes para la puesta en marcha de este tipo de instalaciones, un problema que el Gobierno de España ha tratado de abordar hace apenas unas semanas con la aprobación de un Real Decreto que ha calificado como de 'utilidad pública' de los puntos de recarga de alta capacidad.
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