Banca y energéticas realizarán el segundo pago de impuestos 'extra' en septiembre

Entre el 1 y el 20 de septiembre, las grandes empresas del sector energético y entidades financieras deberán realizar el segundo pago de los impuestos extraordinarios aprobados por el Gobierno. Estos gravámenes podrían generar un total de más de 2.900 millones de euros a lo largo del año, según recoge Efe.  En el primer período de pago, efectuado en febrero, estas empresas ya habían abonado 1.454,5 millones de euros. De este monto, 817,4 millones correspondieron al gravamen energético y 637,1 millones al gravamen bancario, según reportó el Ministerio de Hacienda.

Frente a este escenario, se espera recaudar anualmente alrededor de 1.700 millones a través del gravamen energético y 1.300 millones mediante el gravamen a la banca. Estas estimaciones se basan en los resultados obtenidos en el primer pago anticipado.

Prestación para energéticas

La prestación patrimonial para empresas energéticas grava durante dos años -2023 y 2024, con referencia a las cuentas del ejercicio anterior- las ventas de estas compañías con un tipo del 1,2%, a excepción de los ingresos regulados y los procedentes de fuera de España.

La Comisión mixta del concierto económico y la comisión coordinadora del convenio económico negociarán la participación de las haciendas forales vasca y navarra en estos tributos. Los importes abonados no pueden deducirse en el impuesto de sociedades ni repercutirse al cliente, algo que ya vigila la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y que está sujeto a sanción.

Afectará a todas las empresas eléctricas, gasistas y petroleras que facturaron más de 1.000 millones en 2019, excepto aquellas cuya actividad energética no sea la principal; así como a las productoras de petróleo o gas natural, minería de carbón o refino en España. La recaudación se destina al apoyo a hogares vulnerables, iniciativas para reducir el consumo de energía o inversiones en autonomía energética.

Prestación para entidades financieras

La prestación para entidades financieras es muy similar a la energética: será temporal, para dos ejercicios, no puede deducirse ni repercutirse y se negociará la participación del País Vasco y Navarra. En este caso, las entidades obligadas serán aquellas cuyos intereses y comisiones brutas cobradas a los clientes superaron los 800 millones en 2019, incluidas las entidades extranjeras supervisadas por el Banco Central Europeo que superen ese umbral en España.

La prestación gravará con un tipo del 4,8% el margen de intermediación, es decir, los intereses netos -diferencia entre los que cobra y los que paga- y las comisiones netas -diferencia entre las cobradas y pagadas-. El Gobierno espera recaudar 1.500 millones anuales, que se destinarán a financiar medidas para mitigar la subida de los precios derivada de la guerra en Ucrania. En 2024, el Gobierno evaluará los resultados de la prestación y la conveniencia de dar carácter permanente a estos dos impuestos extraordinarios.