A estas alturas de año el deterioro de la actividad económica en la Eurozona es mayor de lo que el Banco Central Europeo (BCE) había calculado en junio. Tanto, como para que el emisor contemple ya el riesgo de estanflación -de que el PIB se estanque en un entorno de subidas de precios intensas-, y con toda probabilidad hará una pausa en las subidas de los tipos de interés en su próxima reunión del 14 de septiembre. Esta no es, sin embargo, la única preocupación para los gobernadores de la entidad, que en las actas de su última reunión advierten de que la política fiscal en muchos países europeos ha seguido siendo expansiva, lo que ha alimentado aún más las presiones inflacionistas.
En concreto, lamentan que en esos territorios la rebaja de la ratio deuda pública sobre PIB que se ha venido dando refleja más el impacto de la inflación que los esfuerzos de poner en marcha reformas estructurales por parte de los gobiernos. Así, aunque se ha producido cierto ajuste "la política fiscal en muchos países europeos había seguido siendo procíclica y, por lo tanto, seguía aumentando las presiones inflacionarias", advierten los miembros del BCE. Después de encadenar tres crisis de envergadura en apenas quince años y de tirar de endeudamiento para superarlas y evitar un colapso de las economías, el pasivo de la Eurozona alcanzaba el 91,5% de su PIB a finales del año pasado y el de la Unión Europea en conjunto el 84% de su riqueza.
Este mensaje tampoco es casual a las puertas de que los Veintisiete recuperen las reglas fiscales que dejaron en suspenso hace tres años para dar margen a los estados a que combatiesen los efectos de la pandemia, primero, y los de las crisis energética e inflacionaria y la guerra en Ucrania, después. A partir del próximo 1 de enero los gobiernos deberán ceñirse de nuevo a los objetivos del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, a las metas del 3% de déficit y del 60% o menos de deuda, a la espera de que el Parlamento Europeo y los propios Estados miembro den luz verde a la propuesta de reforma elaborada por la Comisión Europea para que pueda entrar en vigor cuanto antes.
El banco central considera que el ajuste fiscal incorporado en los presupuestos nacionales para 2024 deja aún margen para un recorte significativo en el futuro que "también apoyaría el proceso de desinflación". El organismo entiende que la Comisión Europea ya ha comenzado a pedir esfuerzos adicionales y hay señales de que los gobiernos están tomando más en serio ese ajuste. Sin embargo, la entidad recomienda "cautela", puesto que el mayor control del gasto público y la mejora de los déficits anunciados en el pasado a menudo no ha llegado a materializarse. Entre las medidas a las que se hace referencia de forma explícita está la eliminación de las rebajas fiscales y medidas extraordinarias de alivio a las familias aprobadas en el ámbito energético.
El tique de atención del BCE a los estados lo han venido dando también otros organismos. El Fondo Monetario Internacional (FMI) pidió una política fiscal más estricta en la Eurozona. "La mayoría de los directores destacaron que se necesita un mayor endurecimiento de la política monetaria", apuntaba dentro del informe con los resultados de la revisión de la economía de la zona euro bajo el Artículo IV de su Convenio Constitutivo, que fue publicado el pasado 19 de julio. Insistían además desde el Fondo en que la reducción de desequilibrios como el déficit es esencial para salvaguardar la sostenibilidad fiscal en muchos países cuyos niveles de deuda son muy elevados.
Dónde queda España en este proceso
La propia Comisión Europea ha reclamado en concreto a España que empiece a retirar las ayudas aprobadas tras la invasión rusa de Ucrania para destinar los ahorros a reducir el déficit. Nuestro país podría cumplir la senda de consolidación fiscal comprometida con Bruselas en la Actualización del Programa de Estabilidad 2023-2026 en el caso de que los Presupuestos Generales del Estado (PGE) finalmente se prorroguen el año que viene. Ese es, de hecho, el escenario más plausible a estas alturas de año. El motivo es que el texto debería presentarse en el Congreso el 30 de septiembre como máximo y esto sería prácticamente imposible si no prospera el debate de investidura del candidato del PP, Alberto Núñez Feijóo, puesto que obligaría a celebrar un nuevo debate con otro candidato.
La prórroga no es un escenario ni mucho menos novedoso en España y la vicepresidenta primera en funciones, Nadia Calviño, defendía el miércoles en una entrevista a la Cadena SER que, aunque esta se produzca finalmente, el país podrá seguir canalizando los fondos europeos asociados al Plan de Recuperación. Por otra parte, en la Actualización se incluía el compromiso de reducir el déficit público hasta el 3% el año que viene -un ejercicio antes de lo previsto inicialmente-, de forma que España pueda ceñirse en este punto a las reglas fiscales.
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