La subida del salario mínimo interprofesional (SMI) acordada por el Ministerio de Trabajo con los sindicatos se materializará en las próximas semanas para elevar la renta mínima de los 1.080 euros brutos actuales a 1.134 euros. El desarrollo de esta política es competencia exclusiva del Gobierno, que tiene que consultar a los agentes sociales pero no tiene rango de ley, por lo que no necesita que pase por el Congreso. No obstante, la mayoría de grupos que respaldan al Ejecutivo de Pedro Sánchez están a favor de estos incrementos pero los partidos nacionalistas ya han planteado este lunes que actuar en el plano nacional podría no ser suficiente y abren la puerta a la creación de salarios mínimos autonómicos.
El diputado de EH Bildu, Oskar Matute, ha sido el primero en plantear la idea en la Comisión de Trabajo, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones del Congreso de los Diputados, que contaba con la presencia de la titular de la cartera, Yolanda Díaz. "Plantearemos la posibilidad de fijar un salario mínimo interprofesional propio, no en detrimento del que se pueda fijar, sino para adaptarlo a una realidad diferente. Las cosas no cuestan lo mismo y el coste de vida no es el mismo, por lo tanto, la posibilidad de llevar a efecto un aterrizaje que mejore las condiciones de vida de los trabajadores y trabajadoras de Euskadi, sin ir en perjuicio de las condiciones de vida de los trabajadores del Estado español es una labor que nos fijaremos" ha afirmado.
Esta no es la primera vez que la coalición abertzale pone esta reclamación encima de la mesa, ya lo hicieron en el mes de marzo en el Parlamento Vasco, para conseguir un SMI de 1.400 euros para las provincias de Álava, Vizcaya y Gipúzcoa, sin éxito, ya que es una competencia exclusiva del Estado, tal y como recoge la Constitución. Los parlamentarios vascos abogaron entonces por actuar en dos frentes, reclamando la transferencia de la competencia de las políticas pasivas de empleo y el "impulso" de la negociación colectiva para que la patronal y sindicatos acordasen ese mínimo en los convenios autonómicos. Ahora Matute recupera la propuesta en el Congreso, con el fin de reforzar el "marco de relaciones laborales vasco", como hará la prevalencia de los convenios de ámbito autonómico sobre los nacionales.
Sus socios catalanes de Esquerra Republicana (ERC) también animan al Gobierno a estudiar las posibilidades de poner en marcha diferentes remuneraciones mínimas en cada comunidad autónoma, aunque se muestran cautos por los efectos que una medida de estas características podría tener. "Creemos que se puede aumentar más aún [el SMI] y al menos estudiar lo que se ha dicho aquí de crear salarios mínimos interprofesionales localizados según las distintas nacionalidades, regiones o incluso municipios; pero deberíamos estudiarlo porque podría llevar a deslocalizaciones y es un tema con el que no podemos jugar" ha explicado el portavoz del grupo en la Comisión de Trabajo, Jordi Salvador, en referencia a la iniciativa de EH Bildu.
La vicepresidenta del Gobierno y líder de Sumar no ha hecho referencia a este tema en el turno de respuesta a la cuestiones planteadas por los diferentes grupos. Una solución que ha sido planteada tanto por el presidente de CEOE, Antonio Garamendi, como por el vicepresidente y presidente de Cepyme, Gerardo Cuerva, como solución al diferente impacto que tienen las alzas pautadas por el Ministerio en las empresas de Madrid y de Soria. Mientras que ha sido rechazada por los sindicatos de clase UGT y CCOO, quienes defienden que se trata de una referencia mínima que tiene que ser mejorada vía convenio. Sin embargo, otras organizaciones sindicales asociadas al independentismo como ELA en el País Vasco o Intersindical-CSC en Cataluña sí la respaldan.
Según los datos publicados por la Agencia Tributaria, en 2022 el salario medio de Cataluña se situaba en 29.056 euros, más de 2.500 euros por encima de la media nacional, mientras que el de País Vasco superaría los 32.000 euros brutos, según la referencia del INE. Esto significa que el salario medio de estos territorios sería holgadamente superior al indicador nacional, sobre todo si se quiere cumplir la pauta marcada por la Carta Social Europea que obliga a que este sea equivalente al 60% del salario medio. Pero, por lo pronto, no parece que sea un punto que el Ministerio de Trabajo tenga intención de abordar, con la agenda colmada de otras medidas como la reducción de la jornada laboral, la reforma de la indemnización por despido o el la participación de los trabajadores en las decisiones empresariales.
