Los cinco representantes del PNV en el Congreso de los Diputados brindaron su apoyo a la investidura de Pedro Sánchez tras cerrar una hoja de ruta muy concreta que fue el resultado de una negociación encabezada por la vicepresidenta primera del Gobierno y Ministra de Hacienda, María Jesús Montero. La lista de compromisos tenía un elevado componente laboral, ya que por un lado se acordó la cesión de la gestión económica de la Seguridad Social en un plazo máximo de dos años y por otro, la prelación de los convenios autonómicos sobre los nacionales, que implica una modificación del Estatuto de los Trabajadores. Esta segunda reforma se incluyó en el real decreto-ley del subsidio que decayó por el voto en contra de Podemos, por lo que el Gobierno tendrá que volver a pasarla por el Consejo de Ministros.
Sin embargo, fuentes próximas al Ministerio de Trabajo trasladan a La Información que en esta segunda ocasión el cambio tampoco será objeto de debate en el diálogo social, pese a las críticas vertidas tanto por CEOE como por CCOO y UGT al conocer que el RDL 7/2023 alteraba la estructura de la negociación sin que los agentes sociales hubieran sido consultados al respecto. Los representantes de los trabajadores expresaron su preocupación por que se hubiera hecho "obviando el marco del diálogo social y sin oír a sus legítimos representantes", crítica a la que se sumó la patronal, quien también cuestionó su impacto en la unidad de mercado.
Las mismas fuentes circunscriben el texto a un pacto sellado entre dos formaciones políticas -PSOE y PNV- que volverá a ser reproducido para obtener el respaldo del Congreso de los Diputados, pero que no irá más allá como proponen algunos agentes sociales. Fuentes sindicales aprecian que esta gestión, además de ser incomprensible en tanto que modifica cuestiones propias de la negociación colectiva que se optó por no mudar en la reforma laboral de 2021, supone una oportunidad perdida para llevar a cabo una reestructuración más profunda del esquema de la negociación entre los representantes de los trabajadores y las empresas; el cual recuerdan que se basa en la figura de la provincia y no de las comunidades autónomas.
"Recordarán que este fue el escollo que nos impidió votar a favor de la reforma laboral. Lo que entonces no fue posible, ahora lo hemos conseguido" celebró el presidente del Euzkadi Buru Batzar -el órgano ejecutivo del PNV-, Andoni Ortuzar, al presentar el acuerdo alcanzado con los socialistas en el mes de noviembre. La posibilidad de acordar convenios autonómicos y que estos primaran sobre los nacionales ya se estableció por primera vez en 1994, como resultado de otro pacto entre el PSOE y el PNV. Si bien, la reforma de 2011 había generado que esto de facto no fuera así, dado que se recogía la posibilidad de que primase el nacional si así se acordaba entre las partes, lo que ha frenado sustancialmente su desarrollo.
En el caso del texto aprobado en diciembre y que decayó al sumar 176 votos en contra también se establecía una salvaguarda, por la que se aplicaría el convenio que fuera más favorable a los trabajadores. "Estos acuerdos y convenios suscritos en el ámbito autonómico tendrán prioridad aplicativa sobre cualquier otro convenio sectorial o acuerdo de ámbito estatal, siempre que dichos convenios y acuerdos obtengan el respaldo de las mayorías exigidas para construir la comisión negociadora en la correspondiente unidad de negociación" explicaba el Gobierno en la exposición de motivos. Y para ello, se alteraban los apartados 3 y 4 del artículo 84 del Estatuto de los Trabajadores.
No obstante, esta prelación no quita que siga habiendo materias reservadas que no se pueden negociar en el ámbito autonómico, como recuerda el sindicato USO. Entre ellas se encuentra el periodo de prueba, las modalidades de contratación, la jornada máxima anual de trabajo, la clasificación profesional, la movilidad geográfica o las normas mínimas en materia de prevención de riesgos laborales. Muchas de estas materias serán modificadas en el plano nacional a lo largo de la legislatura, según ha anunciado la titular de Trabajo, Yolanda Díaz y obligan varias directivas que España tiene pendiente trasponer a la legislación nacional.
El Ministerio de Trabajo y Economía Social tiene pendiente la trasposición de la directiva de condiciones transparentes y previsibles de trabajo, la cual se esperaba que fuese al mismo Consejo de Ministros que el subsidio, pero finalmente no fue así. Desde el departamento de Díaz trasladan a los sindicatos que quedan "flecos" que abordar, pero las organizaciones sindicales y empresariales llevan ya más de medio año revisando textos en este sentido, a la par que España se expone a una sanción del Tribunal de Justicia de la Unión Europea por hacerlo con retraso. La jornada laboral será otra de las materias de los próximo cuatro años, que los negociadores tratarán a partir del próximo jueves, mientras en el horizonte queda aterrizar a España los textos europeos de salarios mínimos y negociación colectiva.
