Con la llegada del nuevo año, los socios europeos han tenido que sacar del cajón el corsé fiscal que pudieron quitarse durante cuatro ejercicios seguidos para hacer frente al incremento del gasto provocado por la pandemia de Covid, la guerra en Ucrania, el choque energético y la crisis de inflación. La vuelta de las reglas fiscales obliga a España a hacer un ajuste de más de 10.000 millones de euros en pleno frenazo económico para poder situar el déficit en el 3% que fija el Pacto de Estabilidad y Crecimiento.
Llevarlo a cabo no va a ser una tarea fácil, tras la ampliación de las medidas anticrisis y el aumento del desfase en las cuentas públicas que se habría producido a finales de 2023. Los cálculos del Ejecutivo contemplaban situar ese agujero en el 3,9% a cierre del pasado ejercicio, frente al 4,7% registrado un año antes. Los datos de ejecución presupuestaria del conjunto de las Administraciones Públicas indican que el déficit se situó hasta octubre en el 1,31% del PIB, por debajo del 1,47% que alcanzó en el mismo periodo de hace un año, porcentaje que en términos absolutos equivale a unos 19.178 millones de euros.
El problema está en que los dos últimos meses del año -para los que aún se desconocen los datos- ese desequilibrio suele ampliarse de forma notable, lo que podría complicar la senda comprometida. Esto, a las puertas de un ejercicio en el que la menor actividad hará mella en una recaudación tributaria que viene marcando récord los últimos ejercicios al calor del avance del PIB, pero también a causa de una inflación que se situó de media en el 8,4% en 2022.
Esa tasa general se habría movido todavía en el entorno del 3,55% el año pasado, a falta de que el próximo 12 de enero se haga público el dato definitivo de IPC de diciembre -la tasa general de inflación se situó en el 3,1% el mes pasado, según el avance de Estadística-. Así, de los datos de la Agencia Tributaria se desprende que la recaudación vía impuestos subió un 15,1% en 2021 y un 14,4% en 2022, frente al promedio anual del periodo 2011 a 2019 en que ese alza fue del 3,3% con un pico máximo del 7,6% en 2018.
La AIReF ve el déficit por encima del 4% a cierre de 2023
De momento, ni siquiera los organismos nacionales terminan de ponerse de acuerdo en sus estimaciones acerca de cómo habrán cerrado las cuentas públicas en 2023. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) descarta que el Ejecutivo haya sido capaz de reducir el déficit más allá del 4,1%, mientras que el Banco de España prevé que el agujero se haya rebajado al 3,8% -una décima por debajo de lo comprometido- gracias al tirón de la economía. Sin embargo, la entidad capitaneada por Pablo Hernández de Cos sí que advierte de que el año que viene las noticias no serán tan positivas y apenas reduce dicha tasa hasta el 3,4%.
Logre o no ceñirse a esa meta, lo cierto es que el Ejecutivo tendrá que lidiar con el gasto extra que supone la ampliación de las medidas anticrisis aprobada en el último Consejo de Ministros. La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, cifró en unos 5.350 millones de euros el coste de la prórroga del conocido como 'escudo social' en una entrevista concedida a la agencia EFE.
Este incluye la rebaja del IVA a los alimentos básicos todo el primer semestre, situar el tipo de la electricidad en el 10% (por encima del 5% al que se rebajó, pero por debajo del 21% que se aplicaba antes de estallar la crisis energética), así como las subvenciones al transporte público, que se mantendrán todo el ejercicio. El Consejo General de Economistas (CGE) asegura que la extensión de estas medidas y el incremento de los costes de financiación de la elevada deuda añadirán tres décimas al déficit, que despedirá este año en el 3,3% del PIB, impidiendo a España cumplir las normas fiscales vigentes.
Un escenario muy exigente... pero existe margen para cumplir
Fuentes del ministerio de Hacienda reconocen a 'La Información' que el escenario es muy exigente, si bien recuerdan que el Gobierno cuenta con cierto margen. Habrá que ver, primero, cómo evolucionan los ingresos que, recuerdan, siempre se han comportado mejor de lo previsto gracias a la prudencia que ha venido guiando el diseño de los Presupuestos Generales del Estado.
Recuerdan, además, que el Plan Presupuestario remitido a Bruselas contempla una contención del aumento del gasto público que pasará a elevarse un 3,7% hasta los 694.300 millones de euros, frente al 4,9% al que subió en 2023 (se elevará en poco más de 25.000 millones cuando el ejercicio previo lo hizo en 31.000 millones). En un artículo publicado recientemente, Desiderio Romero-Jordán, investigador de Funcas y catedrático de la Universidad Rey Juan Carlos, recordaba que detrás de esta mayor disciplina fiscal se encuentra la obligación de limitar el crecimiento del gasto por debajo del umbral del 2,6 %, sin contar con los intereses de la deuda.
El experto advertía, sin embargo, que esta previsión de gasto público incluye la revalorización de los salarios y de las pensiones públicas, que tendrían un coste conjunto en el entorno de los 12.000 millones de euros en 2024 que es "de carácter estructural" y que se suma a los 25.000 millones de aumento que ya registraron a lo largo del pasado ejercicio.
