Durante la primera reunión del Pleno del Congreso en 2024, que se celebrará este miércoles, se debatirá y votarán los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública para el conjunto de las administraciones, el primer paso en la tramitación de los Presupuestos Generales de 2024. En este momento el Gobierno de coalición cuenta con apoyos suficientes para superar este trámite en el parlamento, pero el PP puede tumbarlos cuando haya que debatirlos en el Senado.
Esta sesión extraordinaria (enero es un mes inhábil a efectos parlamentarios) tendrá lugar en la sede del Senado, puesto que el hemiciclo del Congreso estará en obras durante todo el mes de enero por la instalación de nuevas pantallas táctiles en los escaños. En la misma sesión se debatirá el acuerdo por el que se remite a las Cortes el Plan de Reequilibrio, una hoja de ruta de la planificación presupuestaria para el próximo trienio, según han informado a Europa Press fuentes parlamentarias.
La votación de estos objetivos se realizará con los Presupuestos de 2023 ya prorrogados porque el Ejecutivo no ha podido aprobar un proyecto de cuentas públicas antes del 1 de enero de 2024 por el calendario electoral y el posterior proceso de investidura. Esto se ha producido así por el artículo 134 de la Constitución, donde se determina que, si no se han aprobado unos Presupuestos antes del 1 de enero, se considerarán automáticamente prorrogados los del ejercicio anterior.
Regresa el déficit del 3%
La intención del Ministerio de Hacienda es aprobar la ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2024 antes de abril. Para ello ya tiene listo el límite de gasto no financiero, conocido como techo de gasto, del Presupuesto del Estado para 2024, que se eleva a 199.120 millones de euros, un 0,5% más con respecto al ejercicio anterior, incluyendo los fondos procedentes de la Unión Europea.
En la última reunión del Consejo de Política Fiscal con las comunidades autónomas, Hacienda propuso un déficit del 3% en 2024 para el conjunto de las Administraciones, del 2,7% en 2025 y del 2,5% en 2026. En el caso de las autonomías se estableció un objetivo del 0,1% para 2024. Para 2025 y 2026, las comunidades buscarán el equilibrio presupuestario. Para las entidades locales también se acordó el equilibrio presupuestario (0%) del 2024 al 2026, mientras que para la Seguridad Social el déficit se fijó en un 0,2% para 2024, en 0,1% para 2025 y en el 0% para 2025.
Pero el techo de gasto no se vota en las Cortes, sólo los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública, que tendrán que estar alineados con las normas fiscales europeas, tras años suspendidas por la pandemia. Según la Ley de Estabilidad Presupuestaria, si el Congreso o el Senado rechazan los objetivos, el Gobierno, en el plazo máximo de un mes, remitirá un nuevo acuerdo que se someterá al mismo procedimiento de tramitación.
Confianza en el paso por el Senado
Y es aquí donde aparece la mayoría absoluta del PP en el Senado y su capacidad de veto a dichos objetivos. El presidente del Senado, Pedro Rollán, ya avisó que los 'populares' situarían a la Cámara Alta como un "contrapeso" al Gobierno de coalición.
Pero el Ejecutivo confía en que el veto no se llegue a producir, porque de no aprobarse hasta en dos ocasiones, según un informe de la Abogacía del Estado, los objetivos de deuda serían los recogidos en el Programa de Estabilidad remitidos a la Comisión Europea el pasado mes de abril. Lo que supondría una menor capacidad de gasto para las comunidades autónomas y los ayuntamientos del PP. Así lo avisó en el Congreso vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, cuando pidió a los 'populares' que permitieran a los diferentes territorios hacer unos presupuestos "creíbles"
