El reglamento temporal de emergencia diseñado por la Comisión Europea para atajar el atasco en la implantación de energías renovables ha sido acogido con escepticismo en el sector fotovoltaico español. Éste considera que las limitaciones técnicas del texto favorece a los proyectos de autoconsumo y paneles solares en tejados a costa de los grandes proyectos sobre suelo rústico y natural, que deberán seguir sus trámites habituales.
La propuesta de la Comisión, que tendrá un año de vigencia, pasa por declarar de interés público superior todos los proyectos de nuevas plantas de energía renovable. Este procedimiento tiene como objetivo simplificar la tramitación de las autorizaciones necesarias para los procesos de instalación, conexión a la red y almacenamiento, que deberán efectuarse en un plazo máximo de un mes siempre que no estén sobre suelos naturales.
Durante los últimos meses, tanto las asociaciones del sector como las principales compañías energéticas han ejercido una importante presión sobre las instituciones europeas para que legislen de cara a atajar el atasco renovable que afecta a la mayoría de países debido a las trabas burocráticas. El impacto ha sido significativamente mayor en España debido a la mayor disposición de sol y el rápido despliegue de las renovables por todo el país.
Las empresas del sector creen que su impacto será limitado
Para José Donoso, director general de UNEF -principal asociación del sector solar fotovoltaico en España-, la Comisión Europea debería haber ido "un poco más lejos" en su plan de emergencia para acabar con el atasco de las renovables que mantiene en vilo a grandes instalaciones hasta un total de 60 gigavatios (GW) que podrían conectarse a la red eléctrica española.
Aunque UNEF valora muy positivamente la estrategia porque "facilita que se establezcan unas zonas prioritarias" para el desarrollo de proyectos, considera que la repercusión de las medidas será "limitada", ya que permitirá que se instalen un número limitado de plantas que "no dan respuesta a los objetivos del Plan Nacional de Energía".
El problema reside, a su juicio, en ver cómo se traslada el nuevo reglamento a la legislación española, ya que "no es suficiente con decir que se acelera la tramitación administrativa". Lamenta las rigideces de la administración, plasmadas principalmente en la falta de personal, para superar esta barrera. "Tenemos experiencias de que los plazos marcados por la ley, que son de seis meses, no se cumplen casi nunca. Tampoco se utiliza el silencio administrativo positivo, se suelen paralizar los expedientes", confiesa.
Los grandes proyectos de solar fotovoltaica seguirán atascados por falta de personal y no estar incluidos en el nuevo reglamento
Donoso considera que el mayor atasco seguirá dándose en los grandes proyectos, muchos de ellos todavía parados y pendientes de ser evaluados, lo que hará que no cambien los planes de las grandes empresas. "El texto debería haber favorecido la implantación de plantas de menos de 50 KW y con plazos de respuesta de 15 días, pero es igualmente positivo", declara a La Información. Sin embargo, cree que todas las administraciones "deben ser conscientes de que estamos en una economía de guerra", y aboga por crear "ecosistemas regulatorios que permitan acelerar la generación distribuida".
El plan de Bruselas tiene como fin eliminar los cuellos de botella burocráticos que están limitando el despliegue, tal y como ha venido denunciando el sector. En su propuesta, la Comisión Europea señala el papel de la energía solar como una fuente de generación de electricidad y calefacción de bajo coste y rápida implementación, algo que permite combatir la volatilidad actual de los precios de la electricidad.
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