España no esperó a Bruselas y Bruselas tampoco está dispuesta a esperar a la OCDE. La Comisión Europea ha perdido la fe en que el proceso de negociación multinacional de un impuesto digital global en el contexto del marco inclusivo de la OCDE vaya a fructificar a corto plazo y ha tomado la decisión de acelerar el proceso de configuración de un impuesto europeo sobre las grandes gigantes digitales para disponer de una propuesta firme para junio de este año, según confirman fuentes de la Comisión y de los organismos multilaterales en materia fiscal. La hoja de ruta europea ya está marcada y pasa por empezar a alimentar el presupuesto europeo con recursos fiscales propios a partir del año 2023, y eso implicará entre otras cosas que España perderá en dos años los ingresos de la 'Tasa Google'.
El flamante nuevo impuesto sobre determinados servicios digitales, que entró en vigor en España el pasado 16 de enero después de un prolongado y tortuoso trámite político que arrancó a mediados de 2017 con el Gobierno del PP y que no se ha concretado hasta el año 2021, podría no ser la única figura cuya recaudación ya prevista en los presupuestos de 2021 se fuera a Bruselas. El plan de la Comisión para conseguir recursos propios que complementen las transferencias de ingresos que ya recibe y sufraguen el pago de los intereses por los títulos de deuda que prevén colocar en el mercado no sólo se sostiene en los ingresos de la célebre 'Tasa Google', sino que prevé la aplicación de una suerte de tasa al carbono en frontera, la creación de impuestos a la aviación y el transporte marítimo por su impacto contaminante - una figura que también el Gobierno se planteó aplicar antes en España - y otro posible paquete de impuestos que incluiría a la 'Tasa Tobin', una nueva base imponible común para las empresas y una especie de contribución financiera para grandes empresas, según fuentes de la Comisión. Otras fuentes añaden a este inventario los ingresos por impuestos sobre envases de plástico no reciclados.
La longitud de la lista de impuestos que finalmente los gobiernos determinen como necesarios para sostener el excepcional presupuesto del periodo 2021-2027 determinará el coste fiscal para las arcas españolas. En el peor de los casos, el Estado español podría perder la recaudación del impuesto sobre determinados servicios digitales, el impuesto sobre transacciones financieras y el inminente impuesto sobre los envases de plástico, que según las estimaciones del Ejecutivo están llamados a aportar algo más de 2.300 millones de euros anuales, al menos en 2021 y 2022: Tasa Google, 968 millones; impuesto sobre transacciones financieras, 850 millones; e impuesto sobre envases, 491 millones de euros.
"La verdad es que tiene poco sentido haber adelantado la implantación del impuesto sobre determinados servicios digitales en España", reflexionaba la profesora de Derecho Financiero y Tributario y asesora en asuntos fiscales del Parlamento y la Comisión Europea, Patricia Lampreave, en una jornada organizada por el Instituto de Estudios Bursátiles (IEB), con el argumento de que la puesta en marcha unilateral de un impuesto nuevo supone un esfuerzo ingente...sobre todo cuando te vas a quedar sin él en los próximos dos años.
Esa perspectiva no ha descabalgado de sus intenciones al Gobierno de España, que ha empujado por la entrada en vigor de este impuesto hasta que finalmente lo ha conseguido. Fuentes del ámbito fiscal que han participado activamente en el trámite público de la norma explican las razones de Hacienda. "Todos sabemos que con Europa nunca se sabe. El plan inicial es aprobar el impuesto europeo este año y que Bruselas empiece a recaudarlo en 2023, pero no sería la primera vez que eso se retrasa". En tanto no se sustancie esa hoja de ruta España continuará cobrando el impuesto.
El trámite que debe seguir la Comisión Europea hasta conseguir asentar este marco no será un camino de rosas. El reglamento sobre disposiciones comunes para los fondos europeos, que regulará la aplicación de los mismos y también el asunto de los recursos propios de la Comisión, debe ser ratificado por todos los parlamentos nacionales, un camino que puede resultar tortuoso en algunos casos, como el de los denominados países frugales, que ya plantearon en su día la batalla respecto a la realización de transferencias directas a los países más afectados por la pandemia, como es el caso de España.
La Comisión Europea, sin embargo, confía en aprobar el texto legal el próximo mes de mayo y suscitar el apoyo generalizado de los 27 al texto. La parte buena para el Gobierno es que eso significaría que los fondos europeos empezarían a llegar a España el próximo verano, la parte menos buena es que el futuro plan de consolidación fiscal que el Ejecutivo tendrá que llevar más pronto que tarde a Bruselas no podrá contar con los ingresos, al menos, del impuesto sobre determinados servicios digitales.
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