La 'tasa Google' aprobada por el Gobierno de España y que entrará en vigor este mismo sábado discrimina a las empresas estadounidenses, es inconsistente con los principios de la fiscalidad internacional y restringe el comercio exterior de Estados Unidos. Ésta es la demoledora conclusión a la que ha llegado el informe de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos sobre el Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales aprobado por España, al que ha tenido acceso La Información, en el marco de la investigación abierta hace unos meses contra esta figura impositiva y otras similares aprobadas en siete países de la Unión Europea y de otras áreas económicas.
Al contrario de lo que ocurriera con Francia, a la que Estados Unidos amenazó con imponer tasas y aranceles a sus productos por valor de 2.200 millones de euros, Washington no tomará en primera instancia ninguna acción punitiva en el terreno comercial contra España, si bien la resolución de la Oficina Comercial advierte de que la Administración estadounidense "continuará evaluando todos las opciones disponibles", lo que deja la puerta abierta a actuaciones posteriores en función del modo en que el Gobierno de España reciba esta resolución.
"No es una sorpresa. La postura norteamericana sobre este asunto ha sido muy clara desde el principio y no han establecido diferencias entre los distintos países que han puesto en marcha este tipo de figuras tributarias", asegura el socio responsable de Fiscalidad Digital de EY, Rufino de la Rosa, que destaca también el hecho de que Washington haya decidido no imponer ninguna sanción comercial a España "Parece que no lo van a hacer en tanto no haya una postura clara a nivel global".
"La imposición de compañías involucradas en el comercio internacional de bienes y servicios es una cuestión de gran relevancia", sostiene el representante comercial de EEUU, Robert E. Lighthizer, en un comunicado emitido este jueves por su Oficina. "La mejor solución sería que las naciones consensuaran de forma conjunta una solución". Y a eso se agarra también el Ministerio de Hacienda a la hora de valorar la decisión adoptadas por la Administración americana. "Siempre hemos dicho que el impuesto se modificará en el momento en que exista un acuerdo internacional, ya sea en el ámbito de la Unión Europea o de la OCDE, para adaptarlo a los estándares que en ese acuerdo se establezcan", aseguran fuentes del Ministerio.
En Hacienda confían en que la evaluación negativa de la Administración estadounidense sobre la 'Tasa Google' española no irá más allá de un pequeño rapapolvo diplomático y no se traducirá en sanciones comerciales a los productos españoles. Recuerdan que más allá de lo que ocurrió con Francia, Washington ha resuelto todas las discrepancias en torno a las figuras impositivas que han ido surgiendo en diferentes países para sacar provecho fiscal de la actividad de las grandes gigantes tecnológicos estadounidenses en sus territorios sin adoptar sanción comercial alguna. "El impuesto español sobre determinados servicios digitales no es discriminatorio, trata a todas las empresas por igual, no distingue si éstas son de un país o de otro", remachan desde Hacienda.
Un revés en la víspera de la entrada en vigor del impuesto
El destino ha querido que la largamente esperada resolución de la Oficina del Representante Comercial de EEUU se produzca en la víspera de la entrada en vigor del nuevo Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales, que empezará a ser operativo a todos los efectos este sábado 16 de enero. La conocida como 'Tasa Google' nace con el objetivo no disimulado de sacar tajada desde el punto de vista recaudatorio a la muy rentable operativa de los grandes gigantes tecnológicos como Google, Facebook o Amazon en España, con beneficios millonarios por su actividad en el país pero que hasta la fecha han dejado sus rendimientos fiscales en territorios de baja tributación, dejando en las arcas españolas apenas migajas.
Para conseguirlo se ha ideado un controvertido impuesto indirecto que no grava directamente a las compañías, ya sujetas al Impuesto de Sociedades, sino los servicios más habituales que prestan a sus usuarios y clientes: la prestación de servicios de publicidad en línea, los servicios de intermediación entre usuarios y la explotación comercial de bases de datos generadas a partir de la información recibida por los usuarios.
La figura, como ocurre con la mayoría de los impuestos de nueva creación, ha estado envuelta en la polémica casi desde el primer instante, bien por su posible condición de 'impuesto directo enmascarado', que denuncian algunos fiscalistas; bien por las optimistas previsiones de generación de ingresos dibujadas por el Gobierno, y en última instancia por las urgencias con las que el Ministerio de Hacienda pretendía empezar a cobrarlo. Montero quería empezar a ingresar por este impuesto ya desde abril, pero las objeciones planteadas por las grandes tecnológicas le han aconsejado finalmente posponer la recaudación del impuesto hasta el próximo mes de julio para dar un margen de tiempo razonable a las empresas a sistematizar toda la información sobre la operativa de los gigantes 'tech' que Hacienda pretende obtener con este nuevo impuesto.
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