Bruselas fija una senda de gasto según la deuda y deja el tope de déficit del 3%

La Comisión Europea ha presentado este miércoles las líneas maestras de su futura reforma de las reglas fiscales, que marcan cómo se establece la hoja de ruta fiscal a la que tendrán que ceñirse los estados miembros. Bruselas plantea una senda de gasto neto a medio plazo que dependa de la deuda específica de cada Estado para un horizonte de cuatro años, que podría ampliarse hasta un máximo de siete. Se mantiene el límite de déficit público en un 3% y el Ejecutivo comunitario plantea además sanciones más duras y automáticas para los países que incumplan estas metas. Habrá multas de menor cuantía pero que se fijarán "con más frecuencia". 

La crisis financiera en menor medida y, sobre todo, la pandemia de covid y la conjunción de la crisis energética y la guerra en Ucrania (que han disparado el gasto a golpe de deuda para hacerles frente), han supuesto un auténtico desafío para el Pacto de Estabilidad y Crecimiento y han llevado a poner en entredicho la idoneidad de seguir manteniendo unas reglas tan estrictas ante un entorno como el actual. La Comisión, que las suspendió a raíz de la covid, pretendía mantenerlas sin efecto hasta 2024. Los cambios anunciados no implican que vayan a alcanzarse acuerdos bilaterales entre Bruselas y cada Estado miembro, puesto que los planes estructurales nacionales tendrán que recibir necesariamente el visto bueno del Consejo Europeo (de los veintisiete estados que conforman la UE). La flexibilización que traen consigo estas nuevas reglas fue solicitada, entre otros estados, por España o Países Bajos.

Dependiendo de la deuda pública que acumulen, los países se incluirán en tres tipos de categorías. Los estados con un endeudamiento sustancial deberán alcanzar un ajuste fiscal completo en cuatro años. Esa rebaja tendrá que llevarse a cabo en tres años en el caso de los que cuenten con una deuda moderada, mientras que aquellos con una deuda baja no estarán obligados a aplicar recortes. En el caso de quienes atraviesen una situación mucho más complicada -se habla de una "gran" deuda pública- se podrá extender ese periodo de cuatro años por otros tres más con el compromiso de aprobar reformas o inversiones. 

La cláusula de escape para situaciones extraordinarias

Otro aspecto importante -y que tiene mucho que ver con lo vivido tras la pandemia y la guerra en Ucrania- es que se incorpora una cláusula específica de escape a la que podrán acogerse los estados. Esta disposición tiene en cuenta la posibilidad de que se produzcan situaciones extraordinarios, tales como pandemias o guerras. No todo son novedades, puesto que la propuesta mantiene algunas obligaciones previas como el tope del 3% en el Procedimiento de Déficit Excesivo (PDE). En el caso de la deuda, los nuevos mecanismos se activarán cuando un país con un pasivo superior al 60% de su economía se desvíe de la senda de gasto neto comprometida.

"Si miras cómo ha funcionado el marco de gobernanza fiscal en las últimas décadas, hay que arreglar varias cosas", ha apuntado el vicepresidente económico del Ejecutivo comunitario. Valdis Dombrovskis ha recordado que la deuda de algunos países es "demasiado alta" y que estos no emplearon los periodos de crecimiento económico para crear colchones fiscales. Así, ha incidido en que "casi todos" los países de la UE se han saltado las normas en algún momento. "En última instancia, lo que importa para la sostenibilidad de la deuda es que los Estados miembros reduzcan sus ratios de deuda pública de forma realista, gradual y sostenida", ha añadido el comisario europeo de Economía, Paolo Gentiloni.

Fuentes del Ministerio de Economía consideran que la propuesta presentada por la Comisión es una buena base de trabajo. Entienden que se trata de una propuesta equilibrada, inspirada en el papel hispano-holandés (non-paper presentado en marzo de 2022) y en sus principios básicos de apropiación nacional, enfoque a medio plazo y diferenciación por país. "España va a impulsar un avance rápido, trabajando de forma constructiva con el resto de Estados Miembros", añaden e inciden en que pese a que la cláusula general de escape seguirá vigente durante el próximo año, Europa necesita tener claridad y seguridad jurídica cuanto antes.