Economía no está dispuesta a ceder los privilegios que los acreedores públicos, fundamentalmente la Agencia Tributaria y la Seguridad Social, tienen en la resolución de los procesos de insolvencia empresarial y que les garantizan el cobro prioritario siempre que sea posible de las deudas pendientes de pago por parte de las empresas en problemas. Así lo ha puesto de manifiesto en la negociación bilateral que técnicos de la Vicepresidencia de Asuntos Económicos y del Ministerio de Justicia mantienen desde hace semanas para afinar el texto del anteproyecto de ley que transpondrá la directiva europea de reestructuración, insolvencia y exoneración de deudas y que está llamada a configurar un nuevo marco regulatorio más flexible para los procesos de quiebra empresarial, según han asegurado a La Información fuentes conocedoras del contenido de esas reuniones.
La posible retirada total o parcial de los privilegios de los acreedores públicos se había convertido en uno de los principales elementos de debate en torno a la nueva regulación después de que instituciones como el Banco de España o el Fondo Monetario Internacional hubieran señalado el carácter no exonerable de los créditos públicos en España como uno de los principales obstáculos a la supervivencia de las empresas tras una quiebra o, al menos, al adecuado funcionamiento de las herramientas concursales.
La legislación concursal blinda con carácter general el derecho de la Agencia Tributaria y la Seguridad Social a recuperar al menos el 50% de las deudas pendientes de pago por parte de la empresa declarada insolvente antes de que el resto de acreedores empiecen a cobrar y limita el margen de maniobra de los acreedores públicos para respaldar con convenios de reestructuración empresarial que no cumplan con este principio. El FMI recomendó recientemente a España romper con este esquema y favorecer que los acreedores públicos se impliquen más en estos procesos pudiendo incluso aceptar quitas superiores a las del sector privado cuando el valor social de la empresa en cuestión sea superior al económico.
En medio de este clima, Economía y Justicia empezaron a negociar la transposición de la directiva con el posible recorte de esos privilegios sobre la mesa. El debate se cerró hace poco más de una semana cuando la Vicepresidencia de Asuntos Económicos cerró la puerta a cuestionar la prioridad de cobro de los créditos públicos en los procesos de quiebra empresarial, rechazada también según las fuentes consultadas por el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Inclusión y Seguridad Social, en una de las últimas reuniones que ha mantenido con el Ministerio de Justicia para cerrar los flecos de una norma que Economía y Justicia confían en llevar al Consejo de Ministros en las próximas semanas.
El Gobierno de Pedro Sánchez mantendría así un principio que ha sobrevivido contra viento y marea a todas las reformas concursales que se han realizado en España en los últimos años. Así sucedió cuando se reguló la posibilidad de los acuerdos extrajudiciales de pagos, que dejaron expresamente los créditos públicos fuera de esa negociación; cuando se dispuso el proceso de liberación inmediata de las deudas, que permitía al deudor obtener la condonación de las deudas insatisfechas en caso de acuerdo; y cuando se habilitó el mecanismo de segunda oportunidad, que estableció los famosos planes de pago a cinco años que permitían al deudor sacudirse los créditos ordinarios y subordinados, pero que nuevamente excepcionaron los créditos públicos.
La amenaza de las 'empresas zombi'
Despachos y expertos continúan advirtiendo del riesgo de avalancha de quiebras que se puede estar gestando al abrigo de la moratoria concursal que se abrió en pleno confinamiento para evitar que se instaran procesos de insolvencia a partir de situaciones transitorias generadas por la pandemia, pero que el Gobierno ha continuado prorrogando hasta el 31 de diciembre de 2021, de modo que algunos consideran imprudente. "No se puede mirar hacia otro lado porque lo que está ocurriendo es una huida hacia adelante", aseguró la catedrática de Derecho Mercantil de la Universidad CEU San Pablo, Ana Belén Campuzano, en una reciente jornada sobre la regulación concursal organizada por Eactivos, en colaboración con la Asociación Profesional de Administradores Concursales (Aspac).
El riesgo es que muchas empresas con una situación financiera que les debería haber llevado a solicitar el concurso de acreedores lo estén dilatando aprovechando ese paréntesis legal y se encuentren con una situación peor cuando se levante la moratoria. Por eso, consideran tan importante la reforma en la que Economía y Justicia vienen trabajando en las últimas semanas. "Los concursos deben articularse como salvavidas para la empresa, no cómo un trámite de liquidación", señaló en este mismo foro Paula Herrero, directora adjunta de Eactivos
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