La ministra de Asuntos Sociales y Transformación Digital, Nadia Calviño, ha afirmado en su comparecencia posterior a la reunión con el sector financiero que los representantes de la Banca se posicionan en contra del gravamen que quiere imponer el Gobierno al sector. No obstante, la ministra asegura que el Ejecutivo entiende que esta medida es “correcta” y “el sector bancario puede y debe contribuir a responder al impacto de la guerra “. Sin embargo, el Ejecutivo quiere evitar que este tributo se traslade a los clientes, por lo que empleará al ministerio de Hacienda para diseñar los gravámenes "para que sea una contribución efectiva que lleve al objetivo de recaudar 1.500 millones de euros al año". Calviño ha adelantado que espera presentar la próxima semana la proposición de ley que concretará los aspectos de este nuevo tributo a las entidades financieras.
La ministra ha trasladado que los representantes del sector financiero han demandado “que no estigmatice al sector” y que este no es el fin del Gobierno, aunque consideran que la ayuda pública que se ha canalizado ante situaciones de crisis, como la Covid-19 y la guerra de Ucrania, ha servido para mejorar el conjunto de la economía, por lo que también ha tenido un impacto positivo en los balances bancarios. Además, ha señalado que el cambio de política monetaria anunciada por el Banco Central Europeo este jueves también dibuja un escenario favorable para los márgenes de beneficios de este sector. "Es evidente que los bancos no comparten esta decisión, pero desde el gobierno pensamos que es la decisión correcta para hacer un reparto justo de los esfuerzos económicos para responder a esta guerra y es importante que el impacto no recaiga totalmente sobre los ciudadanos, que no paguen siempre los mismos", ha recalcado.
No obstante, el Gobierno -ha manifestado- quiere evitar que el nuevo tributo repercuta en la solvencia del sector, en la concesión de créditos o en el bienestar de los clientes y este es uno de los principales objetivos que se han fijado en el diseño del gravamen. "Llevamos cuatro años haciendo una política fiscal responsable y es lo que estamos haciendo en este caso también", ha defendido. Sin embargo, no ha adelantado ningún aspecto sobre el diseño del impuesto que se concretará antes de final de mes en la proposición de ley que se presentará en el Parlamento para la negociación con el resto de grupos políticos. Así, los mecanismos para llevarlo a cabo no han sido objeto de la reunión, en la que el ministerio se ha limitado a transmitir las razones y los objetivos principales que guían su diseño.
Calviño ha manifestado que su sensación tras la reunión es que hay "cierta comprensión de la necesidad de proteger los ingresos públicos" para seguir la senda de reducción del déficit público y de la ratio de la deuda pública sobre el PIB. "Creo que hay un interés compartido, también con las entidades financieras, de contribuir al bienestar de los ciudadanos", ha afirmado, lo que a su parecer incluye la protección de los intereses de sus clientes y la protección de la reputación de la propia entidad en un momento "delicado y de tanta incertidumbre" en el plano internacional. Según la ministra, el sector ha mostrado su disposición para "responder a las demandas sociales" y jugar un papel más activo en la canalización de los créditos del Plan de Recuperación.
No obstante, la ministra ha defendido que las medidas que está tomando el Gobierno responden a una política fiscal responsable en la línea de las decisiones tomadas por los países del entorno. "Estamos poniendo en marcha medidas eficaces que están permitiendo alinear la inflación con la media europea, apoyar a las familias, a las clases medias, trabajadores, empresas de los sectores más afectados". En este sentido, ha resaltado la importancia de concentrar las medidas en los colectivos y sectores más afectados y la importante movilización de recursos públicos que requiere llevarlas a cabo, lo que demanda "una financiación adecuada" para la sostenibilidad fiscal a largo plazo del país.
En la reunión, en la que han participado el gobernador, Pablo Hernández de Cos, y la subgobernadora del Banco de España, Margarita Delgado, los representantes de las patronales y principales entidades españolas, también han abordado la situación macroeconómica y las perspectivas en el "complejo contexto internacional". La ministra ha destacado que España "está manteniendo una elevada confianza" por parte de los inversores internacionales, ya que a estas alturas del año se han realizado un 68% de las emisiones a medio y largo plazo previstas para 2022. También, ha reiterado que la incertidumbre marca el escenario de las previsiones, tras meses de inflación al alza, y reconoce que la evolución económica en la segunda parte del año dependerá "de manera significativa" de las actuaciones de Putin y su impacto en las grandes economías, a pesar de que "todos los organismos prevén un crecimiento en el entorno superior al 4%".
Respecto al sector financiero, la ministra de Asuntos Económicos también ha anunciado que actualmente trabaja con representantes de los consumidores para mejorar la inclusión financiera tanto para personas mayores como para aquellas que tengan algún tipo de discapacidad. En concreto, se centrará en los municipios de menos de 500 habitantes del ámbito rural, aunque también afectará a los de mayor extensión y espera ponerlo en marcha antes de finales de septiembre "para garantizar la inclusión del 100% de la población española".
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