Beligerancia contra el Gobierno. Es lo que demandaron un núcleo duro de patronales críticas a Antonio Garamendi durante la celebración de la reunión de los órganos directivos de la organización empresarial en la que este miércoles tenía que haberse votado la reforma del sistema de cotización de los autónomos, un hecho que finalmente no se produjo, por motivos que se explicarán unas líneas más abajo. Varios socios de peso utilizaron el cónclave para exigir a su presidente que ponga pie en pared frente al giro a la izquierda que ha dado Pedro Sánchez en el último paquete de medidas anticrisis, especialmente con los anunciados impuestos a banca y eléctricas.
Fuentes de la cúpula de la CEOE relatan esa "exigencia de beligerancia" por parte de varias patronales territoriales y sectoriales. En concreto, Josep Sánchez Llibre, presidente de Foment del Treball, fue uno de los que dio la voz de alarma, refiriéndose directamente al "giro populista bolivariano" del Gobierno. Le acompañó en la llamada a la 'guerra' contra las políticas económicas de Sánchez el presidente de la patronal madrileña CEIM, Miguel Garrido. También se sumó un peso pesado dentro de la organización empresarial nacional como es la patronal de las pymes Cepyme, que preside Gerardo Cuerva, una de las voces más duras del entorno de Garamendi.
Desde Cepyme trasladaron además que el Gobierno no está moderando "sus beneficios", consecuencia del incremento de recaudación por impuestos, mientras que "intenta espoliar los de las empresas". También pusieron el foco en que "es la tónica habitual del Gobierno", que ya hizo lo mismo con la reforma laboral, que no se la aplicó, con la subida del salario mínimo (SMI), que no actualiza el coste a las subcontratas, y con la conocida comúnmente como "ley de los 3 minutos", en referencia al tiempo máximo para atender a un consumidor, que no se aplica en la Administración.
Y se sumaron varias organizaciones sectoriales, como Anfac (la patronal de la automoción) o Asaja, que aglutina a los empresarios del sector agrario. El presidente de esta última, Pedro Barato, también aprovechó su intervención para expresar su malestar y preocupación por la situación que atraviesa el campo, particularmente en la España vaciada, la previsión de un recorte en la producción de hasta el 30% para el año que viene o los incendios que están arrasando el país este verano, incluido terreno agrícola, además de reclamar un contrato específico para el sector, según revelan las fuentes consultadas.
Los empresarios celebraban este miércoles la reunión de su Comité Ejecutivo y Junta Directiva a las 9 y media de la mañana. Dos horas antes, en torno a las 7 y media, el presidente de la asociación de autónomos ATA, Lorenzo Amor, anunciaba en su cuenta de Twitter que había alcanzado un acuerdo con el Ministerio de Inclusión para la reforma del sistema de cotización y que los órganos de gobierno de la CEOE lo ratificarían "en las próximas horas". Pero la ratificación no se produjo porque, según denunciaron algunos socios, el texto les fue remitido a altas horas de la madrugada y no habían tenido tiempo suficiente para analizarlo. Fuentes de la patronal reconocían que buscaban "marcar terreno" aplazando el anuncio del acuerdo a este jueves, cuando se ha convocado otra reunión del Comité.
Aparcado el asunto de la reforma de autónomos, durante el turno de intervenciones varios socios aprovecharon para demandar más dureza a Garamendi frente a la política económica del Gobierno. El presidente de la CEOE ya ha calificado públicamente de "error" los impuestos anunciados por Sánchez para los sectores bancario y energético y ha pedido estabilidad jurídica y calidad regulatoria, pero sus socios de Diego de León le piden que pase a la acción y se oponga con firmeza ante lo que consideran una "deriva" de las políticas en un momento económico especialmente delicado y un ataque directo del Ejecutivo al empresariado. "Se nos demoniza y criminaliza por unos supuestos beneficios empresariales que no son reales", aseguran desde una de las patronales del flanco crítico.
El pasado 12 de julio, CEOE y Cepyme emitieron un comunicado conjunto sobre las medidas anunciadas por el presidente del Gobierno durante el debate sobre el estado de la nación en el que criticaron que "se han adoptado sin consulta previa en el marco del diálogo social y no suponen una solución real a los problemas de elevada inflación que hoy sufre la economía española". "CEOE y CEPYME quieren dejar claro que están dispuestas a buscar soluciones a esta situación, si entre todos asumimos los costes de la crisis, no haciéndolos recaer sólo sobre las empresas en forma de medidas parciales o subidas de impuestos", remarcaba un texto que desde algunos territorios y sectores se consideró tibio. Los empresarios insisten en exigir -y así se lo trasladaron a Garamendi este miércoles- "mano dura" contra lo que califican como un "ataque directo" del Gobierno al tejido empresarial.
Garamendi ha vuelto a convocar a su cúpula este jueves, después de que ayer no se votase el texto. "Se ha presentado el acuerdo en Comité y Junta y se aprobará mañana. Es una cuestión formal", aseguraban este miércoles desde ATA. Lo cierto es que la CEOE ya tenía decidido a esa hora aprobar el pacto con Escrivá, pero los empresarios optaron por apurar las horas para "marcar terreno". El ministro reunirá hoy al Pacto de Toledo para explicar la reforma y lo hará con el aval de patronal, sindicatos y asociaciones de autónomos, pero desde la CEOE advierten de que "queda la parte más dura de la reforma de las pensiones y ahí vamos a dar la batalla". Cerrar acuerdos con el Gobierno en el marco del diálogo social es positivo, pero algunos de los socios de la organización empresarial afean a Garamendi que acabe cediendo en temas tan importantes como la reforma laboral que, por cierto, tampoco apoyó internamente el sector de las patronales díscolas.
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