En menos de veinticuatro horas España sabrá si ha sido capaz de coordinar las negociaciones para consensuar una reforma de las reglas fiscales que tenga posibilidades reales de salir adelante antes del parón legislativo por las elecciones al Parlamento Europeo de junio de 2024; y si su candidata a la presidencia del Banco Europeo de Inversiones (BEI), la vicepresidenta primera Nadia Calviño, consigue los apoyos suficientes para serlo. Moncloa ha puesto muchos esfuerzos en ambas empresas y el hecho de que alguna de las dos no llegase a buen puerto supondría una decepción para el Gobierno.
Esta noche los ministros de Economía y Finanzas de los Veintisiete discutirán en una cena los flecos pendientes de la última propuesta española. Fuentes de Economía inciden en que con más del 70% del texto acordado el porcentaje restante incluye los elementos más complejos de todo el paquete, los que pueden provocar reticencias de los más ortodoxos de la disciplina fiscal -caso de Alemania o Países Bajos- a dar el visto bueno al documento. Según avanzó Bloomberg, los Estados miembro con un nivel de deuda superior al 90% deberán reducirla un 1% cada año, mientras que aquellos cuyo pasivo se sitúe por encima del 60% deberán rebajarla un 0,5% anual.
España se encuentra en el primer grupo, dado que su endeudamiento público despidió el año pasado en el 113,2% del PIB y, de momento, la ratio se redujo hasta el 109,9% en septiembre. En el caso del déficit, la propuesta española aboga por una reducción anual del 0,5% del déficit estructural primario, esto es, sin que se tenga en cuenta el pago de intereses. Esta idea choca con lo defendido por frugales, que reclaman que la reducción sea sobre el déficit total para no demorar el proceso de consolidación.
Reducir déficit y deuda sin comprometer la inversión
El objetivo del equipo que lidera Calviño es que el texto final incorpore elementos que den equilibrio a las reglas fiscales, de modo que estas permitan garantizar sendas de reducción del déficit y la deuda que, garantizando la estabilidad fiscal y financiera de la Unión Europea, proporcionen el espacio para abordar las inversiones públicas necesarias para impulsar la doble transición verde y digital, así como proteger los bienes públicos europeos y todas las inversiones que se han marcado como prioritarias por parte de la Unión.
Se trata de evitar, como ya sucedió tras la pasada crisis financiera, que un calendario de recortes demasiado severo arrase con la economía y se lleve por delante todo el trabajo que se ha venido haciendo con los fondos Next Generation EU y la respuesta a la pandemia, las crisis inflacionaria y energética y la guerra en Ucrania. Francia, como España y otros países del Sur de Europa defienden esta vía. El hecho de que el último documento elaborado por el equipo de Calviño incluya objetivos numéricos, como demandaba Alemania, podría servir de acicate para el acuerdo.
Un calendario muy ajustado por las elecciones europeas de 2024
Desde un primer momento, la propuesta de la Comisión Europea otorga a los Estados mayor flexibilidad para gestionar su deuda pública e incluye sanciones menos cuantiosas pero más efectivas y viables a la hora de ser aplicadas, dado que ningún gobierno europeo ha sido multado nunca antes por incumplir la senda de estabilidad. Como explicaba Enrique Feás, investigador principal del Real Instituto Elcano, en un artículo publicado por el 'think tank', el objetivo fundamental de la reforma debe ser lograr reglas simples, más claras que las actuales, pero "flexibles y eficaces", lo que implica la garantía de cumplimiento y credibilidad.
La meta es que las nuevas reglas puedan empezar a aplicarse en 2025, pero para ello es necesario que los Veintisiete acuerden un texto antes de final de año, en lo que queda de la presidencia española del Consejo. Sólo así habrá tiempo para las negociaciones con el Parlamento Europeo en los llamados trílogos, que debería iniciarse a comienzos del próximo año -ya bajo la presidencia de turno belga- puesto que habrá poco más de un trimestre hábil antes de que el Parlamento Europeo paralice su actividad las semanas previas a las elecciones, que se celebrarán del 6 al 9 de junio del año que viene.
Calviño y sus opciones a presidir el BEI
Si los ministros logran el ansiado acuerdo a lo largo de la noche, la reunión del Ecofin de mañana podrá centrarse, entre otros asuntos, en la designación del sucesor del alemán Werner Hoyer como presidente del BEI, brazo financiero de la Unión Europea que está llamado a tener un papel destacado a la hora de canalizar los Next Generation. El puesto queda vacante el 1 de enero y Calviño parte como favorita junto a la que fuera responsable de Competencia de la Comisión Europea, la danesa Margrethe Vestager.
En principio, la ministra de Economía, Comercio y Empresa cuenta con el apoyo de Alemania, uno de los tres estados que más peso tiene en el organismo junto con Francia e Italia, así como el de Bélgica y otros estados de menor tamaño. Su marcha a Luxemburgo, sede del BEI, obligaría al presidente Pedro Sánchez a llevar a cabo una remodelación de su nuevo Gobierno a finales de este año como muy tarde para sustituir a su vicepresidenta primera.
París ha dejado claro que no anunciará hasta mañana a qué candidato apoya. "Francia tiene una posición conocida por sus socios y que hará pública el viernes por la mañana", han explicado fuentes del ministerio de Finanzas galo a las que cita EFE, en vísperas de que los ministros de Economía y Finanzas designen el viernes al futuro presidente del BEI.
