La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) constata el escenario de enfriamiento de la economía global que dará lugar el año que viene a un crecimiento más débil y presionado, aún, por la inflación. En ese contexto, el 'think tank' que agrupa a las economías más desarrolladas del planeta advierte a España de que necesita una consolidación fiscal "más fuerte y sostenida" para seguir reduciendo la deuda pública y poder derivar recursos, a la vez, al gasto relacionado con el envejecimiento de la población y a impulsar el crecimiento.
En sus Perspectivas Económicas Mundiales, que la organización ha publicado este miércoles, la OCDE descarta que España vaya a ser capaz de reducir el endeudamiento por debajo del 110% del PIB ni en 2024 ni en 2025. La organización ha revisado la previsión de PIB para este año hasta el 2,4%, una décima por encima de lo que estimaba en septiembre. Ese avance permitirá a España reducir el pasivo del conjunto de las Administraciones Públicas hasta el 109,5% al cierre del ejercicio (desde el 113,1% al que despidió 2022).
En volumen la deuda no ha dejado de crecer y en septiembre alcanzó un récord en los 1,57 billones, según lo avanzado a mediados de este mes por el Banco de España. Sin embargo, la tasa sí ha ido menguando por el efecto denominador hasta colocarse en el 109,9% del PIB, cerca del nuevo objetivo del Gobierno del 108,1% para el conjunto del ejercicio que la OCDE cuestiona con sus nuevos cálculos.
De cara al resto de su escenario de previsión, el 'club' sitúa la ratio de deuda en el 110,1% el próximo ejercicio y en el 110% el siguiente. Estas estimaciones, unidas a las de déficit, que sitúa en el 3,2% en 2024 y en el 3,1% en 2025, llevarían a España a incumplir las actuales reglas fiscales. La Unión Europea desactiva en enero la cláusula de escape del Pacto de Estabilidad por lo que, a la espera de la reforma que ultiman los Veintisiete e impulsa el Gobierno bajo la presidencia rotatoria del Consejo Europeo, volverán a estar vigentes los topes del 3% de déficit y del 60% de deuda pública sobre PIB.
Eliminar las rebajas fiscales a energía y alimentos paulatinamente
Los países deben volver a la disciplina fiscal después de cuatro años en los que han podido contar con algo de manga ancha para hacer frente a las consecuencias de la pandemia, las crisis energética e inflacionaria y de la invasión rusa de Ucrania. En el caso español, la OCDE constata que esto supondrá un desafío añadido al estimar que el gasto relacionado con el envejecimiento de la población aumentará hasta el 2,7% del PIB potencial entre 2024 y 2040. Por ello, la organización incide en que las medidas que se aprobaron para hacer frente al golpe que el choque inflacionista asestó a las empresas y a las familias deberían finalizar según lo previsto.
Cita políticas como el cheque de 200 euros para los hogares con rentas bajas, la rebaja del IVA a la alimentación, las ayudas específicas a sectores concretos, la prórroga de las rebajas fiscales al gas y la electricidad o las subvenciones al transporte y puntualiza que, si bien la mayoría finalizará en diciembre de 2023, está previsto que los recortes fiscales sobre la energía y los alimentos "se eliminen progresivamente en el primer semestre de 2024".
Una de las economías que más crecerá en 2024 y 2025
Por el lado positivo y, pese a que la economía nacional se ralentiza, la OCDE prevé que España crezca un 1,4% el año que viene -por encima de del 1,1% que estima para la Eurozona o del 1,3% que calcula para Estados Unidos- y que ese avance se intensifique en 2025 hasta el entorno del 2%, cuando avanzaría más que la medida de los países que conforman la organización, gracias a la disminución progresiva de las presiones inflacionistas y al despliegue de los proyectos del Plan de Recuperación, Transformación y Resistencia (RTRP), ligados a los fondos Next Generation.
Una política monetaria restrictiva -el Banco Central Europeo ha advertido de que los tipos de interés seguirán elevados más tiempo de lo previsto- y una política fiscal menos favorable frenarán el consumo privado y público el año que viene. La inversión también se ralentizará debido a la restricción del crédito y a las condiciones financieras menos propicias. La organización considera que las exportaciones españolas mejorarán a partir de 2025, favorecidas por el mayor crecimiento de los principales socios comerciales europeos.
El 'think tank' advierte de que la inflación repuntará a lo largo del primer semestre del año que viene, al irse retirando gradualmente desde diciembre las medidas para frenar el alza de los precios de la energía. Con todo la tasa general de IPC volverá a disminuir hacia finales de 2024 y en 2025. La subyacente se mantendría elevada en 2024 por el efecto retardado del impacto de la subida de los precios energéticos, pero descenderá en 2025. En lo que respecta al mercado de trabajo, que se ha mantenido "robusto" a lo largo de este año, prevé que la tasa de paro se estanque este y el próximo ejercicio en el 12% y que se reduzca sólo hasta el 11,8% en 2025.
Riesgos importantes y recomendaciones fiscales y para el empleo
La organización incide en que estas perspectivas "están rodeadas de importantes riesgos". Así, una nueva escalada de los conflictos geopolíticos podría presionar al alza los precios de la energía y la inflación y empeorar las perspectivas económicas de los principales socios comerciales de España. La lenta aplicación del Plan de Recuperación podría frenar el crecimiento más de lo previsto. Por el contrario, una mejora del entorno internacional más rápida y un mayor impacto de los fondos del europeos apoyarían la actividad.
En lo que respecta a las recomendaciones, la OCDE pone el foco en dos tipos de medidas. Apuesta por fomentar los proyectos de I+D mediante asociaciones público-privadas y por reducir las diferencias normativas entre regiones. También por priorizar las cualificaciones y los resultados educativos junto con políticas activas de empleo más eficientes para mejorar las perspectivas de los jóvenes. Por último, la organización recuerda a España que cumplir los objetivos en la lucha contra el cambio climático exigirá un régimen fiscal más respetuoso con el medio ambiente, con una base imponible más amplia y menos exenciones.
