Si hace ahora un año vivíamos en nuestro país la ‘revuelta de los tractores’, con miles de agricultores en las calles protestando contra la crisis de precios del campo español, doce meses después se puede decir que el año de la pandemia le ha sentado bien al sector agrario que, entre otras cosas, se ha demostrado imprescindible. Así, la renta agraria, según datos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, ha alcanzado en España los 29.093 millones de euros en 2020, lo que supone un incremento del 4,3 % con respecto a 2019. Esta evolución positiva de la renta agraria está asociada al buen comportamiento que ha tenido la producción de la rama agraria, que se ha situado en 52.991 millones de euros, lo que supone un aumento del 2,6% con respecto a 2019, mientras que la producción ganadera registra su valor récord, con 20.272 millones de euros, un 1,8% más que en 2019.
Sin embargo, y en este entorno en general positivo para la agricultura y ganadería españolas, la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) subraya en su balance anual que durante el año de la pandemia se ha acelerado el proceso de ‘uberización’ del campo español, concentrando el valor de la producción en menos manos. "Un 7% de macro-empresas agrarias acapara ya la mitad del incremento del valor productivo”. A pesar de la subida de la renta agraria en términos reales por el aumento de la producción, "el sector ha perdido 67.000 activos en 2020, un descenso del 7,9% respecto a 2019". La agricultura "va bien, pero sólo para algunos".
Para las organizaciones agrarias, los problemas del campo tienen solución, pero depende de la orientación que se le quiera dar a las políticas económicas y agrarias. Políticas que en 2021 deben ir orientadas a fomentar y desarrollar un modelo de economía social agraria: "Futuro para el campo sí, pero para una agricultura con agricultores y agricultoras. Tenemos que hacer frente al proceso de ‘uberización del campo español’; implantación de macro-explotaciones en manos de fondos de inversión multinacionales que representan un modelo ajeno al social y profesional, lo que amenaza la continuidad de la explotación agraria independiente", explica Miguel Blanco, secretario general de COAG.
Como ejemplo de la entrada de estos fondos de capital riesgo en el sector agroalimentario español podemos poner la reciente adquisición, en estos primeros días del 2021, por parte de DeA Capital Alternative Funds, fondo de capital riesgo del Grupo De Agostini, que ha desembarcado en nuestro país comprando el 60% de Alnut, compañía española especializada en productos de alimentación de base vegetal para niños y bebés. El 40% de la compañía permanecerá en manos de Foodiverse (anteriomente denominado Grupo Alimentario Citrus).
Alnut comercializa sus productos en multitud de establecimientos de gran consumo como Mercadona y Carrefour y se distribuyen a diferentes países de Europa y Asia. Cuenta con una facturación de 25,7 millones de euros y una plantilla de más de 100 empleados. Foodiverse es un multinacional con base en España que facturó 329 millones de euros en 2019, con más de 2.500 empleados y 229 millones de ensaladas vendidas al año en 30 países.
Foodiverse está en manos de la familia Martinavarro, que ya hace unos años vendió su sección de cítricos al fondo español Miura Private Equity, que en 2017 creó el gigante Citri&Co, uno de los mayores proveedores mundiales de cítricos, con unas 500.000 toneladas, más de 8.000 hectáreas de plantaciones de cítricos y una facturación anual de 235 millones de euros. Luis Seguí, consejero delegado de Miura, decía hace unos meses que el fondo de Miura, Agri, especializado en agricultura y alimentación, estaba "mirando" más operaciones, "tanto en España como fuera".
Pero si hablamos de la entrada de fondos de capital riesgo en la industria agroalimentaria española quizás el paradigma sea Deoleo, el mayor productor de aceite del mundo y propietario de marcas como Carbonell, Koipe y Hojiblanca, con un 51% de sus acciones en manos del fondo británico CVC Partners.
En el campo español se empiezan a conocer y son ya habituales los nombres de fondos como Miura, ProA, Magnum, Abac, Alantra, GPF, Aurica... "No es algo nuevo, pero en los últimos tiempos se ha acrecentado la presencia del capital riesgo en la agricultura. Lo que era habitual en la industria alimentaria se ha traspasado ahora a los procesos primarios", cuenta a La Información Álvaro Areta, responsable Economía Agraria de COAG, y autor junto a José Luis Miguel, director técnico de COAG, del estudio 'La ‘uberización’ del campo español. Estudio sobre la evolución del modelo social y profesional de agricultura'. "Hablamos de fondos de inversión, de capital riesgo, de fondos soberanos... que están ‘colonizando’ el campo español".
Desde COAG creen que "no hay una única causa" para este desembarco de los fondos en la agricultura española sino que "las causas para este floreciente atractivo son múltiples y combinadas. Hay cuestiones estructurales, como por ejemplo, la política europea de inyecciones de liquidez y bajos tipos de interés que conduce a una mayor disponibilidad de recursos financieros para la inversión. Pero, sobre todo, las perspectivas de crecimiento de población y de necesidad de alimentos, con recursos productivos cada vez más escasos, muestran un potencial de rentabilidad indiscutible y el valor estratégico de las empresas agrarias. Sobre todo en el sector de las frutas y hortalizas, que es donde se están concentrando las operaciones de inversión de los fondos".
Toda esta entrada de capital está produciendo un "cambio" de paradigma en el sector agrario español, que "está pasando de un agricultor autónomo, que comercializa sus productos en el mercado de manera independiente o a través de una cooperativa, a un trabajador del campo que depende de una cadena vertical, participada en muchos casos por fondos de inversión, y en la que el agricultor vivirá bien bajo ese paraguas, pero mientras estas empresas quieran porque cuando dejes de ser rentable... Nos encaminamos a un modelo de agricultura sin agricultores y éstos como asalariados de grandes oligopolios y compañías multinacionales", sentencia Areta.
Según GRAIN, una organización internacional de apoyo a campesinos y agricultores, de los siete fondos de inversión centrados en la agricultura que había en 2004 se ha pasado a más de 300. De ellos, "la mayoría de las inversiones tiene por objetivo África (56 fondos dando cuenta de 105.000 millones de dólares) seguido por Norteamérica (130 fondos, 104.000 millones de dólares), Asia (111 fondos, 41.000 millones de dólares), Europa (30 fondos, 24.000 millones de dólares), América Latina (59 fondos, 16.000 millones de dólares) y Asia Occidental/Norte de África (18 fondos, 3.000 millones de dólares)".
Si hay un ejemplo paradigmático de ello en España es el sector de la uva de mesa, en la que la región de Murcia representa cerca del 70% de la producción y la exportación total de este producto, del que se cultivan en todo el territorio unas 14.000 hectáreas. Y en Murcia se ha producido un modelo de integración y concentración en este sector a lo que se suma la entrada de capital externo a través de fondos de inversión y capital riesgo. En la actualidad, en Murcia el dominio de la comercialización se produce por tres grandes empresas: Moyca Grapes SL, El Ciruelo SL y Frutas Esther SA, que acaparan alrededor del 85% de la uva de esta zona de producción.
Moyca Grapes SL, con sede en Totana, es la principal comercializadora europea de uva de mesa sin pepita con una facturación anual de alrededor de 70 millones y su beneficio bruto cercano a los 17 millones. Cuenta con más de 1.100 hectáreas de producción propia ubicadas en Murcia, Alicante, Badajoz y Argentina y también con más 30 agricultores asociados o integrados que aportan su producción, así como con cuatro centrales de manipulación y envasado (más de 27.000 metros cuadrados). El fondo de capital riesgo ProaA Capital, una de las grandes gestoras de fondos en España y que administra activos por más de 600 millones de euros, entró en su accionariado en 2017.
El Ciruelo, empresa de Alhama de Murcia especializada en producción de uva de mesa y otras frutas dulces, cuenta con una facturación de más de 140 millones de euros al año, más de 2.000 ha de producción propia y otras 1.000 propiedad de otros agricultores. En mayo de 2019, cerró la compra de la empresa brasileña Labrunier, junto con su firma comercializadora Bravis y otras filiales. Frutas Esther, S.A. es una empresa cuya actividad principal es el cultivo y comercialización de frutas frescas, entre ellas la uva de mesa, con sede en Abarán (Murcia) y una sucursal en Reino Unido. Cuenta con 1.500 trabajadores, con una facturación anual de unos 80 millones y unos beneficios brutos de unos 7 millones anuales. En mayo de 2019 el fondo de inversión Miura Private Equity entraba en el accionariado de esta empresa. Dicho fondo gestiona activos por más de 700 millones de euros y se especializa en inversiones en pymes españolas. Desde 2008, Miura ha invertido en más de 30 empresas por un valor total de más de 800 millones de euros.
Pero hay más ejemplos. En diciembre se conocía que los fondos GPF Capital y Blue Label Capital, participada por el presidente de Planasa, Alexandre Pierron-Darbonne, adquirieron Frutas naturales de Murcia para fusionarla con la valenciana Fruxeresa, para crear una compañía que factura, en su conjunto, 140 millones de euros, y maneja 210.000 toneladas de fruta dedicada, en un 90%, a la exportación.
Por esas mismas fechas, se conocía que Alantra Private Equity Fund III entraba en el accionariado de la empresa onubense Surexport, una de las principales productoras nacionales de frutos rojos (fresas, frambuesas, moras y arándanos) con unos ingresos de 190 millones de euros al año. La familia Morales, que fundó Surexport hace más de 20 años, sigue al frente de la gestión, mientras que Alantra Private Equity sigue su apuesta por el sector de la alimentación, donde cuenta con inversiones en distintos ámbitos de la cadena alimentaria, en compañías como Unión Martin, Monbake, Frías Nutrición e Hiperbaric.
En agosto, el fondo de capital riesgo MCH Private Equity se imponía en la puja a ProA Capital e Intermediate Capital Group (ICG), para comprar por unos 100 millones de euros el 30% de Prosur, una empresa murciana dedicada a las especias alimentarias, que ha sido valorada en cerca de 300 millones de euros. Prosur fue fundada 1965 por Ginés Hernández y tiene un beneficio operativo de 20 millones de euros anuales. MCH también acaba de entrar en este mes de enero del año recién comenzado en el accionariado de la cítrícola de Castellón, Xilxes Llusar. Tal y como hizo en 2019 Atitlan adquiriendo la compañía citrícola valenciana Frutas Romu y aliándose a finales de 2020 con la también valenciana Guillem Export para comercializar un total de 110.000 toneladas anuales de fruta. El fondo madrileño de inversión Magnum Capital - Industrial Partners también entró en 2020, por ejemplo, en el capital de la almeriense Agrupapulpí, al que aportó unos 90 millones de euros. La facturación de Agrupapulpí, fundada en 1981, ronda los 60 millones de euros al año, dispone de más de 2.600 hectáreas en producción, no sólo en Almería sino también en Murcia y Granada y produce de forma directa más de 90 millones de lechugas y más de 50 millones de kilos de sandía al año, con una plantilla de más de 1.200 trabajadores. Como vemos, el sector hortofrutícola nacional continúa en el foco de los fondos de inversión después de que Miura abriese la veda en 2016 al entrar en el accionariado de Martinavarro. La siembra acaba de empezar.
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