El reparto de lo recaudado en la casilla de fines sociales de la declaración de la renta es una de las citas más esperadas cada año por las ONG. Para el Gobierno también era una cuestión prioritaria, ya que se trataba del primer reparto que hacía el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias. La novedad este año era el refuerzo para estos fondos por la casilla solidaria del Impuesto de Sociedades, lo que ha aumentado la recaudación en 33,9 millones. Algo que, aunque significa más ingresos para las entidades sociales, no ha gustado a las más grandes de este ámbito por el sistema de reparto que ya ha sido aprobado. El motivo es la decisión del Ejecutivo de no destinar todo el dinero de Sociedades exclusivamente a la Plataforma del Tercer Sector, al haber incluido a las organizaciones ecologistas y de cooperación internacional. A lo que se suma el rechazo a que se haya incrementado el porcentaje que reciben las comunidades autónomas en detrimento de las organizaciones estatales.
Esta situación ha abierto una brecha entre estas instituciones y la Vicepresidencia de Derechos Sociales y Agenda 2030, a pesar de que todos los actores implicados verán incrementado el dinero que perciben para asistir a personas en exclusión o que apenas tienen recursos. En total, la partida alcanza los 397,7 millones, de lo que un 85,1% será gestionado por las autonomías y el resto corresponderá a la administración central. Esta última será la que se encarga de repartir los fondos para las organizaciones que operan a nivel estatal, donde se ha incluido ese 'extra' que llega gracias a la solidaridad de las empresas. Finalmente, el acuerdo ha sido que las que forman parte de la Plataforma del Tercer Sector, como Cruz Roja o la ONCE, accedan a 68,5 millones, casi 20 más que en 2019. A la vez, las entidades ambientales ingresarán 11,3 millones (1,6 más que el año pasado) y las de cooperación internacional, 76,7 (10,3 millones más que en el anterior ejercicio).
Que se haya beneficiado a ecologistas y ONGs con proyectos internacionales con los ingresos logrados por ese 0,7% que sale de Sociedades es lo que centra el enfrentamiento entre Gobierno y las grandes organizaciones con mayor trayectoria, entre las que también está la CERMI. Para estas, esa decisión supone impedirles que accedan a más de 10 millones 'extra' que les ayudarían para afrontar las consecuencias de la pandemia de coronavirus, según las fuentes consultadas por La Información. Una queja que se produce incluso aunque han crecido los fondos en un 37,3%, según los datos de la Vicepresidencia de Derechos Sociales. El departamento de Iglesias no comparte esta visión, ya que fuentes del mismo recuerdan que "todos reciben más" y que el ecologismo y la cooperación en el extranjero son objetivos que deben perseguir por tener como competencia la Agenda 2030.
El argumento del Tercer Sector, según las fuentes consultadas, es que los Presupuestos Generales de 2018, los últimos aprobados y que siguen vigentes tras dos prórrogas, establecían que el 0,7% de Sociedades tendría que ser destinado a "subvencionar actividades de interés general consideradas de interés social". Algo en lo que la vicepresidencia discrepa, ya que estas entidades son de "acción social" y el texto de la ley de los PGE habla de ese "interés social" en el que entran tanto la cooperación al desarrollo como la lucha contra el cambio climático.
Quejas por el aumento para las CCAA
Las comunidades autónomas han sido las grandes beneficiadas del nuevo sistema de reparto. Desde que el Tribunal Constitucional falló a favor de la Generalitat de Cataluña y dictaminó que tenía derecho a gestionar lo recaudado por la 'X solidaria', las CCAA han incrementado cada año el porcentaje del total que gestionan por sí solas. La subida de este año ha sido del 10,4%, tanto por lo que se suma gracias al Impuesto de Sociedades como por la decisión del Gobierno de cederles más parte del pastel. En total, los departamentos de Políticas Sociales regionales se repartirán 241,2 millones, que corresponde al 85,1% de los 397,7 de recaudación total. La más beneficiada es Andalucía, que accederá a 52 millones (6,6 más que en 2019). La que le sigue es Cataluña, que contará con 32 millones, aunque en este caso la subida de un año a otro es de apenas 1,2 millones.
Este impulso al tramo autonómico es la otra gran protesta de la Plataforma del Tercer Sector, que considera que la disminución del porcentaje de la recaudación que gestiona el Estado central supone quedarse sin casi 15 millones que podrían destinarles a ellos. Sobre todo, en medio de la situación que ha provocado el coronavirus, donde han tenido que afrontar un alud de peticiones de ayuda por parte de personas que se han quedado sin ingresos a causa del confinamiento y el cierre de numerosos sectores de la economía. Fuentes del Ejecutivo insisten con que "todos los sectores ven incrementada su financiación" y recuerdan que ya hubo un acuerdo entre Gobierno central y CCAA en la etapa de Mariano Rajoy para que cada vez se encargaran de gestionar más dinero del IRPF. Además, aseguran que haberles destinado esa parte no habría servido para ayudar a las grandes ONG contra la Covid-19, ya que el dinero tendría que destinarse a proyectos de internacionalización o de I+D
Ese reparto autonómico discutido en el Consejo Interterritorial de Derechos Sociales ha sido aprobado tras una negociación que ha supuesto varios quebraderos de cabeza para el Ejecutivo central. Varias comunidades se quejaron de la distribución de la partida que les correspondía y de que no se tuvieran en cuenta variables como la tasa AROPE, el indicador de referencia para medir la pobreza y la exclusión social. Finalmente, la mayoría de comunidades, tanto del PSOE como del PP, han votado a favor. Aunque fuentes consultadas por esta redacción señalan que algunas CCAA han acabado descontentas a pesar del pacto alcanzado por la mayoría de votos. Es el caso de Castilla y León, que no desvelado el sentido de su voto y cuyo gobierno ha declinado atender a este diario para comentar este asunto. A la vez, otras que al principio protestaron han aceptado de buen grado el pacto, como ha ocurrido con Galicia o Murcia.
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