Cansados de esperar en vano algún tipo de ayuda por parte de las Administraciones Públicas, decenas de miles de hosteleros de todo el país parecían estar esperando una señal para pasar de la reivindicación política a la acción judicial. Esa señal llegó la pasada semana en forma de fallo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco. El TSJPV determinó que no se podía trazar un vínculo claro entre la apertura de los establecimientos de hostelería y una eventual mayor incidencia del virus, y anuló las restricciones a la apertura impuestas por el Gobierno Vasco. Los hosteleros reaccionaron, en primer lugar, reabriendo sus negocios, y en segunda instancia acudiendo a sus abogados para reclamar los perjuicios económicos causados por las, según el TSJPV, escasamente sustentadas decisiones de las autoridades de restringir los horarios de apertura de sus establecimientos. La mecha prendió en el País Vasco, pero no ha tardado en extenderse por todo el territorio, donde han empezado a surgir plataformas para canalizar las demandas de los comerciantes y hosteleros contra las Administraciones que han restringido su actividad durante todos estos meses del estado de alarma.
La expectativa para las administraciones demandadas es al menos inquietante. Las cifras que manejan las organizaciones representativas del sector hostelero apuntan a que más de 100.000 establecimientos se han visto obligados a echar el cierre por las restricciones decretadas desde la irrupción de la Covid y que éstos han podido acumular pérdidas por valor de 60.000 millones de euros. Las demandas de compensación presentadas hasta la fecha no se acercan ni de lejos a esas cifras, pero no estamos más que ante el principio de una ola que puede comprometer cientos sino miles de millones de recursos públicos.
La situación dio un salto cualitativo además este jueves cuando la plataforma 'La hostelería de todos' presentó las 50 primeras demandas ante el Ministerio de Industria contra el Gobierno y de forma solidaria contra las comunidades autónomas por el perjuicio causado por las restricciones a la actividad implantadas durante los últimos meses por la Covid.
Los gobiernos autonómicos - principales responsables de las restricciones aprobadas del verano a esta parte - y los ayuntamientos - también concernidos por las restricciones adicionales implantadas en sus municipios - han empezado a ver las orejas al lobo y no quieren tener que enfrentarse a la avalancha de reclamaciones que se prevén para las próximas semanas y meses con sus propios recursos. En las últimas semanas responsables autonómicos y municipales han contactado con diferentes responsables gubernamentales para hacerles ver la gravedad de la situación y reclamar una implicación directa del Gobierno de España en las eventuales compensaciones a las que se tenga que hacer frente por las demandas de responsabilidad patrimonial que se planteen, tanto ahora como en el futuro, según aseguran fuentes del ámbito político y empresarial.
El asunto ha empezado por la hostelería - quizá el sector afectado de forma más directa por las restricciones -, pero son muchos más los sectores que se plantean acudir a los tribunales para reclamar los perjuicios económicos sufridos por las restricciones a la actividad decretadas por la Administración durante los últimos meses o por el incumplimiento de los contratos que se tenían con la misma. Lo explicaba de forma muy clara el presidente de la FEMP, Abel Caballero, en una reciente intervención en el Executive Forum. "Los ayuntamientos estamos teniendo que afrontar indemnizaciones millonarias a empresas contratistas que no han podido ejercer su actividad porque se ha echado el cierre a determinados servicios: transporte público, zonas azules...Son situaciones que hay que indemnizar, porque las empresas tienen derecho a una compensación y los ayuntamientos no tenemos recursos suficientes para hacer frente a esta situación".
El principal representante de los alcaldes de España no oculta la preocupación del mundo municipal por esta situación, especialmente porque empiezan a percibir que hay comunidades autónomas que quieren cargar a los ayuntamientos parte de la factura derivada de las restricciones adoptadas por las autoridades sanitarias durante el estado de alarma. Tampoco esconde que lo ha puesto en conocimiento del Gobierno. ¿Su propuesta? Crear un fondo global con recursos públicos para atender las compensaciones que la Justicia determine que corresponde abonar a los afectados para 'socializar' de alguna forma entre todos los niveles de la Administración la respuesta a este embrollo judicial de trascendencia millonaria.
Fuentes del ámbito de la política autonómica aseguran que también ha habido dirigentes regionales que han apelado al Gobierno para buscar una solución concertada a las denuncias que puedan interponer las empresas más directamente afectadas por las restricciones habilitadas como consecuencia de la pandemia. La situación actual es que el mismo empresario puede reclamar la responsabilidad patrimonial del Estado por el perjuicio económico sufrido durante el primer estado de alarma y de la comunidad autónoma de turno por las restricciones activadas durante el segundo estado de alarma decretado el 25 de octubre.
Otras comunidades autónomas, como la Comunidad Valenciana, han decidido avanzar por su cuenta y plantear un plan de choque con medidas específicas para los sectores que han sufrido un mayor impacto en esta crisis, como la hostelería, el turismo, el ocio o las agencias de viaje, con una dotación de más de 400 millones de euros. Está por ver si este plan de ayudas directas inhibe las potenciales reclamaciones de los empresarios de la comunidad.
El discurso del Gobierno de España hasta la fecha ha ido por la línea de dejar a las comunidades autónomas y eventualmente a los ayuntamientos la posible puesta en marcha de programas de ayudas directas a las empresas más afectadas por la crisis, a modo de compensación por las pérdidas ocasiones por la pandemia. Nada se ha hablado de un posible fondo de indemnización a empresas afectadas. Lo que sí ha hecho el Ministerio de Hacienda es regular la centralización en una unidad específica de las posibles reclamaciones de responsabilidad patrimonial que se plantearan contra el Gobierno al objeto de realizar una gestión más eficaz de las mismas.
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