La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha dado el visto bueno al informe preceptivo sobre la nueva tarifa regulada de la luz (PVPC) que plantea el Ministerio para la Transición Ecológica. Lo hizo el pasado viernes en pleno extraordinario y así se lo ha trasladado ya al departamento que dirige Teresa Ribera, aseguran fuentes del sector a La Información.
El proyecto de Real Decreto para modificar la metodología de cálculo del Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor (PVPC) se publicó en octubre e incorporaba referencias basadas en una cesta de productos a plazo con las que se prevén reducir hasta un tercio la volatilidad de la tarifa.
No obstante, hay que remontarse a octubre de 2021. Tras varios meses con el precio de la luz disparado, Transición Ecológica lanzó una consulta pública para modificar el PVPC, pero quedó en nada. El proceso se retomó tras que la Comisión Europea (CE) impusiera a España una revisión de la tarifa como condición para aprobar la excepción ibérica.
Para ponernos en contexto, la tarifa regulada actual fue introducida por la Ley del Sector Eléctrico de 2013 y se regula por Real Decreto 216/2014. Los consumidores tienen contrato con comercializadoras de referencia (COR), designadas por el Ministerio para la Transición Ecológica, y una potencia contratada no superior a los diez kilovatios (kW). También es la tarifa que permite que los consumidores vulnerables se beneficien del bono social eléctrico.
Tarifa regulada con "mayor estabilidad"
Ahora, en un contexto de crisis energética sin precedentes y tras que las grandes eléctricas lo hayan pedido por activa y pasiva, el Ejecutivo se ha dispuesto a reformular el cálculo del coste de producción de energía eléctrica para dotar al PVPC de una "mayor estabilidad" a la vez que se preservan las señales de precios del mercado (horarias) y a medio plazo.
Antes de que estallara la crisis energética en verano del año pasado, al calor del incremento del precio del gas y los derechos de emisión de CO2, un cliente acogido a la tarifa regulada venía pagando menos por la factura de la luz que uno en el mercado libre. Sin embargo, el panorama cambió totalmente con la actual crisis de precios energéticos, ya que el PVPC se caracteriza por ofrecer un precio del kilovatio por hora (kWh) para cada momento exacto de cada día, brindando un total de 24 precios diarios y una alta volatilidad.
El propio Gobierno señala en la memoria del proyecto del Real Decreto que la competitividad que ofrecía la tarifa regulada se ha logrado «a costa de una elevada exposición de los agentes al mercado diario, socavando los incentivos a aprovisionarse por medio de instrumentos de cobertura a plazo». De este modo, lo que el Ejecutivo pretende ahora es introducir una señal de precios a los productos a plazo, configurando esta como una cesta con referencia el mercado gestionado por OMIP, en el que se incluye un reparto de pesos entre el producto mensual, trimestral y anual.
"Este reparto entre productos a plazo permite, por un lado, indexar (al menos parcialmente) el PVPC a señales de precio de con un claro componente de largo plazo, y al mismo se introducen productos de más corto plazo que permiten igualmente a las comercializadoras de referencia ajustar con mayor precisión su portfolio de energía a las verdaderas necesidades de suministro", explica el texto del departamento de Teresa Ribera.
Marco transitorio
Si el Gobierno no realiza modificaciones tras el 'ok' de la CNMC, el reparto se haría de tal forma que el producto mensual suponga un 10% del total, el producto trimestral se sitúe en un 36%, y el producto anual sea del 54%. Asimismo se establece un marco transitorio por el cual la representatividad de la señal a plazo se incrementará de manera gradual para el periodo 2023-2025, de tal forma que, para el primer año, el peso de la señal sea del 25% y vaya incrementándose un 15% hasta alcanzar el 55% en 2025, dejando el 45% restante para la señal diaria e intradiaria.
Ribera se ha guardado la posibilidad de introducir, mediante orden ministerial, modificaciones en el peso y reparto de los productos a plazo, incorporando, en su caso, una referencia al precio resultante de las subastas de energía inframarginal, gestionable y no emisora, en caso de que estas subastas prevean finalmente la participación de las comercializadoras de referencia.
Impacto económico
Para calcular el impacto económico de la reforma del PVPC, el Gobierno comparó para el período enero 2018-junio 2022 la evolución histórica del precio con la evolución que este hubiera tenido si se calcula en función de la propuesta de reforma. El peso del mercado spot sería del 40% y el del mercado de futuros, del 60%.
Teniendo en cuenta lo anterior, la volatilidad anual del precio diario se reduciría al 17%, frente al 27% del precio del mercado mayorista (pool). Por su parte, la volatilidad anual del precio medio mensual bajaría al 16%, en comparación al 23% del pool. En relación con el impacto en precios, durante el período analizado, descendería en 2,5 euros/MWh de media. Sin embargo, este diferencial es positivo en algunos años y negativo en otros: en un año con la electricidad cara el precio baja, pero en un año con los precios baratos se consigue el efecto contrario.
Según datos de la CNMC, la energía final medida correspondiente a las comercializadoras de referencia para el año 2022, teniendo en cuenta que aún no se dispone de todos los datos mensuales, se estima en 9.713.081,8 MWh, lo que logra una reducción de precio de 297,1 millones de euros.
Aelec, patronal de las grandes eléctricas que integra a Iberdrola, Endesa y EDP, viene defendiendo desde hace tiempo la idea de que el PVPC solo exista para los consumidores más vulnerables. El PVPC actual que hay en España es el único de los países de nuestro entorno que está indexado al precio mayorista. Otros de los puntos más importantes de la normativa que prepara el Gobierno es la reforma del bono social eléctrico, que a partir de ahora se prevé que se repercuta en la propia tarifa como un "nuevo componente".
Según explicó el Gobierno, este recogerá el valor unitario del coste del bono social que deben soportar las comercializadoras de referencia. Hasta ahora lo financian las comercializadoras eléctricas y su coste anual es de unos 200 millones de euros. Una reciente sentencia del Tribunal Supremo anuló la obligación al considerarla discriminatoria e impuso que se indemnice a las empresas afectadas con las aportaciones que hayan realizado desde 2018.
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