La condonación de 15.000 millones de deuda autonómica de Cataluña no afectará a la capacidad de financiación de España. El acuerdo alcanzado entre PSOE y ERC para volver a investir a Pedro Sánchez como Presidente del Gobierno incluye la quita de 15.000 millones de euros de deuda catalana actualmente en manos del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA). Este mecanismo, puesto en marcha en 2012 por el Ejecutivo de Mariano Rajoy, tenía como objetivo facilitar la financiación a las regiones en un momento de grandes dificultades económicas como las de la crisis de 2008, de forma que no tuvieran que acudir a los mercados. Tanto ERC como Junts siempre han considerado que esta deuda fue causada por la infrafinanciación del sistema y por el impacto negativo del ciclo económico, algo que hizo multiplicar la cuantía por cuatro entre 2007 y 2014, de 15.766 a 64.466 millones.
Este fondo, que ha prestado 267.617 millones de euros a las autonomías, ha tenido como primer beneficiario a Cataluña, que ha recibido más de 98.000 millones. A día de hoy, el endeudamiento vivo de la región asciende a 84.518 millones, de los cuales 71.306 millones corresponden a deuda con la Hacienda central. El acuerdo PSOE-ERC establece que el Estado tendrá que asumir el 20% de la deuda viva actual de la región, unos 15.000 millones de euros, permitiendo a la Generalitat ahorrarse unos 1.300 millones de euros en intereses.
Deuda emitida por el Tesoro Público
El PSOE cuenta a su favor con que este movimiento contable podría salirle 'gratis' en términos fiscales. Esta deuda, que ya forma parte del total de pasivos del Estado de acuerdo con las normas de cálculo del endeudamiento del Banco Central Europeo, fue financiada con emisiones de valores del Tesoro registrados como deuda del Estado. Contablemente, los préstamos del FLA están registrados como un activo financiero para la Administración Central y como un pasivo financiero de las autonomías, según confirmó el Banco de España a La Información, de manera que cancelarlos equivaldría a deducirlos del total de deuda del Estado.
Estas quitas regionales harán que varíe la composición de la deuda en manos del Estado, pero no perjudicará al endeudamiento nacional, que seguirá pudiendo acudir a los mercados en las mismas condiciones que hasta ahora. A fecha de junio de 2023 y excluida la compensación entre los distintos niveles burocráticos, el 71,1% de la deuda nacional estaba en manos de la Administración Central; un 20,9% pertenecía a las autonomías; un 1,5% a las entidades locales y un 6,5% corresponde a la Seguridad Social.
El Estado no ingresará los intereses de demora
Si finalmente se lleva a cabo la reforma del sistema de financiación y se ejecutan las compensaciones de deuda por parte de la Hacienda central, es previsible que ese 20,9% de deuda de las autonomías se reduzca sustancialmente, creciendo en consecuencia la de la Administración Central. En contrapartida, además de no ingresar los intereses de demora correspondientes a estos créditos cancelados —1.300 millones en el caso de Cataluña— el Estado tendrá que endeudarse más: estima cerrar 2023 abonando un tipo medio del 2,5% a sus prestamistas, ocho décimas más que el año pasado.
Tras los comicios del 23-J, el PSOE abrió la puerta a reformar el sistema de financiación autonómica para así cumplir las exigencias de su socio de gobierno Sumar, presionado por los regionalistas valencianos de Compromís. A estos planes también se sumaron los independentistas, quienes ahora tendrán la llave para diseñar este nuevo modelo con el que autonomías como la Comunidad Valenciana, Murcia o Andalucía buscan incrementar las aportaciones que reciben del Estado.
Otras regiones gobernadas por el Partido Popular, como la Comunidad de Madrid o Galicia, anunciaron durante el verano su intención de dar batalla por lo que consideraban una condonación "inequitativa", según los gallegos. Para el ejecutivo regional de Isabel Díaz Ayuso, una quita como la propuesta "lanzaría una señal muy grave al mercado sobre la solvencia de la administración".
