La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha lanzado este lunes una reclamación al Gobierno para iniciar las negociaciones de un acuerdo de legislatura, el cual tenga como objetivo un nuevo acuerdo salarial y haga una rebaja de la jornada laboral hasta las 35 horas semanales para el conjunto de las administraciones públicas de todo el Estado. Así lo ha comunicado el presidente del sindicato, Miguel Borra, a la nueva secretaria de Estado y Función Pública, Clara Mapelli, y lo hará al ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, José Luis Escrivá, en la reunión que mantendrán el próximo miércoles.
Desde el sindicato de funcionarios esperan que estas reuniones sean el comienzo de una nueva hoja de ruta de reformas estructurales que requieren las administraciones públicas para mejorar las condiciones laborales y retributivas de los empleados públicos, según han trasladado a través de un comunicado. Para la organización la prioridad es recuperar "la pérdida de poder adquisitivo acumulado en la última década" para lo que es fundamental poner en marcha las diferentes mesas de negociación que permitan alcanzar un nuevo acuerdo salarial.
Además, piden la modificación del Estatuto Básico del Empleado Público para establecer en la normativa básica aspectos fundamentales para todos los empleados públicos, como la jornada laboral de 35 horas, la homogeneización de la promoción interna, la indemnización por residencia, la aportación a planes de pensiones, la regulación de la jubilación parcial o la no discriminación en la edad de jubilación forzosa, entre otras cuestiones.
La mitad se jubilará dentro pasados entre cinco y diez años
También piden la adecuación de las plantillas a las necesidades reales de prestación del servicio, agilizar los procesos selectivos y eliminar la tasa de reposición para reforzar y rejuvenecer las plantillas. Según ha alertado el sindicato, en los últimos diez años la Administración Pública Estatal ha perdido cerca de 40.000 efectivos y más de la mitad de la plantilla se jubilará en un lapso de entre cinco y diez años.
Entre estas reclamaciones se encuentran, además, el desarrollo de las leyes de Función Pública, así como la implementación efectiva del teletrabajo y del protocolo contra el acoso sexual en la Administración General del Estado y el incremento de la financiación de Muface, así como del resto del mutualismo administrativo.
