Entre enero y julio de 2023 se han producido 820 bajas por despido improcedente en la Seguridad Social, lo que supone una reducción drástica respecto al dato registrado en el mismo periodo de 2022 en el que ascendieron a 1.625. De hecho, supone el mínimo de la serie histórica que se inicia en 2012, año en el que la reforma laboral llevada a cabo por el Gobierno de Mariano Rajoy abaratara el coste del despido al reducir la indemnización de los 45 días por año trabajado a solo 33. Sin embargo, en los últimos meses esta materia ha protagonizado algunas intervenciones de los agentes sociales y de la propia ministra de Trabajo y Economía Social, que decidió no abordar el despido injustificado en las negociaciones de la reforma de 2021.
Yolanda Díaz dejó de hablar de "abolir la reforma laboral de 2012" y en su lugar, centró las conversaciones y el desarrollo de la nueva normativa en la reducción de la temporalidad del mercado laboral. Un giro que no le salió gratis, dado que ERC, EH-Bildu y BNG se negaron a respaldar la nueva reforma laboral, que salió adelante gracias a un voto equivocado de un diputado 'popular', mientras que los sindicatos -primero UGT y después CCOO- presentaron una reclamación ante el Comité Europeo de Derechos Sociales (ECSR) por considerar que España no cumple con el artículo 24 de la Carta Social Europea, dado que el empresario puede anticipar qué coste tendrá el despido de un trabajador.
El número de despidos injustificados alcanzó su máximo en 2015, con más de 4.200, y desde entonces esta cifra se ha moderado progresivamente, especialmente desde la entrada en vigor de la reforma laboral a inicios de 2022. La norma impulsada por el departamento de Díaz penalizó el contrato temporal en favor de los indefinidos, lo que ha incrementado el peso de la figura del fijo discontinuo que algunos expertos consideran que ha absorbido parte de la flexibilidad laboral que antes se hacía notar en los registros de la Seguridad Social en forma de bajas por despido improcedente.
El aumento de las firmas de contratos indefinidos también se ha traducido en un alza de las personas que causan baja en la Seguridad Social por no superar el periodo de prueba, un hecho que podría camuflar un fraude para simular los antiguos contratos por obra y servicio. Si bien, apenas explicarían una pequeña parte de la caída de los despidos improcedentes. El profesor de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social en la Universitat Jaume I, Francisco Trujillo, pone el acento en que la Inspección de Trabajo (ITSS) ha elevado el control sobre las empresas en los últimos años, lo que ha llevado a que muchas refuercen sus equipos para asegurarse de cumplir con la normativa, incorporando perfiles como el 'compliance officer'.
"El aumento de sanciones de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social y el control de la ITSS son factores que pueden provocar que las empresas se lo piensen bien a la hora de despedir a un trabajador sin una causa justa", valora Trujillo, quien además subraya el daño que puede causar a la imagen y la reputación de la compañía el enfrentar un proceso de estas características. En cambio, la catedrática del Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, Eva Blazquez Agudo, señala que la ampliación de los supuestos por los que un despido es declarado nulo juega un papel en la evolución de estos datos.
El último cambio fue aprobado en junio en el decreto 5/2023 que modificó el artículo 55.5 del Estatuto de los Trabajadores e incluyó como causas de despido nulo el estar disfrutando del periodo de ocho semanas no retribuidos para el cuidado de menores o haber solicitado algún elemento de flexibilidad en la jornada laboral, en los horarios o la presencialidad. Dos supuestos que se suman a otros relacionados con la maternidad (riesgo de embarazo, lactancia, enfermedades causadas por el embarazo o adopción), excedencias para el cuidado de hijos/familiares o cambios que realice una víctima de violencia de género en su reordenación de jornada o puesto de trabajo.
Despido restaurativo
La líder de Sumar se comprometió a avanzar hacia el despido restaurativo antes de finalizar su 'periodo de escucha', lo hizo desde la tribuna del Congreso de los Diputados cuando los partidos de izquierdas de corte nacionalista le pidieron explicaciones como titular de la cartera de Trabajo y después presentaron una moción para que se recuperase la indemnización de 45 días previa a la reforma de 2012. Sin embargo, Díaz no quiere entrar en una disputa de cifras y se aferra a las sentencias de diferentes tribunales que han llevado las indemnizaciones más allá atendiendo a las circunstancias personales y laborales del trabajador.
Precisamente esta es la filosofía que la ministra quiere trasladar a la normativa, fijar criterios como la edad, si tiene hijos a cargo, una hipoteca que amortizar o los años de trayectoria profesional para determinar la cantidad que debe abonar la empresa para reparar el daño causado con el despido. Está por determinar qué forma legal adquiriría esta figura, pero el planteamiento estaría alineado por el defendido por los sindicatos en los escritos a Estrasburgo y que chocan con la postura marcada por la Abogacía del Estado. El órgano dependiente del Ministerio de Justicia expuso que la indemnización de 33 días era disuasoria y ofrecía "certidumbre y seguridad" a las dos partes de la relación laboral. UGT espera que el ECSR se pronuncie antes de 2024.
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