Ultimátum de los socios prioritarios del Gobierno: o se cambia la reforma laboral o no la apoyarán. El Ejecutivo se ha comprometido a respetar el acuerdo alcanzado con los agentes sociales y busca a la desesperada que el real decreto ley se convalide tal y como está la próxima semana, pero ERC, EH Bildu, CUP y BNG se han plantado ante esta pretensión. Las formaciones reclaman introducir una serie de medidas que no han sido pactadas con la patronal y los sindicatos y desde el equipo de la vicepresidenta Yolanda Díaz admiten que se están negociando y se busca la fórmula para encajar sus demandas sin que ese movimiento haga saltar por los aires el pacto social.
Consultados al respecto de la declaración conjunta que han firmado republicanos y abertzales, a la que también se han sumado el BNG y la CUP, aunque no el PNV, en el Ministerio de Trabajo guardan la discreción habitual sobre este tipo de negociaciones, si bien reconocen estar al tanto de las demandas de los socios (que son las habituales) y admiten que "muchas de las cuestiones que comentan ya se estaban negociando". Aunque evitan dar detalles sobre el contenido, lo cierto es que esa afirmación implica que la vicepresidenta Díaz está abordando con su 'mayoría preferida' cuestiones que no cuentan con el aval de la CEOE, lo que supondría una traición a los empresarios, según advierten desde la patronal.
"Vamos a seguir negociando mientras creamos que es posible", insisten desde Trabajo. Díaz quiere que la reforma laboral salga adelante en el Congreso con los votos de los socios de investidura y, de hecho, ya da por descontado que eso es lo que acabará sucediendo, porque la vicepresidenta considera que la suma con Ciudadanos es inviable y porque es consciente de que esa vía pondría en serios apuros el resto de la legislatura, con una agenda reformista potente de la que dependen los fondos europeos. Negocia con discreción, como es habitual, y busca fórmulas para incorporar las demandas de ERC, Bildu, la CUP y el BNG sin traicionar al diálogo social. El juego de equilibrios es harto complejo, pero Díaz está acostumbrada a este tipo de negociaciones y se muestra optimista.
¿Qué piden los socios prioritarios del Gobierno? Para empezar, que se establezca la prevalencia y prioridad aplicativa de los acuerdos y convenios colectivos provinciales y autonómicos, así como el "blindaje jurídico" de los Acuerdos Interprofesionales autonómicos y que se reconozcan y blinden así los marcos laborales propios de los diferentes territorios y los acuerdos y convenios colectivos en ellos alcanzados. Esta es una medida que aceptarían los sindicatos, pero que supone una línea roja para la CEOE, que ya rechazó el asunto en la mesa de negociación y vendió su retirada de los borradores como un logro a nivel interno entre sus socios.
Los partidos también exigen al Gobierno que recupere la autorización administrativa de la autoridad laboral en el control de los despidos colectivos a través de los Expedientes de Regulación de Empleo, recuperando para ello las causas objetivas previas a la Reforma Laboral del 2012. De nuevo, un punto que rechaza de plano la patronal, que reclama flexibilidad y ha cuestionado que el Ministerio de Trabajo haya introducido medidas en esta dirección "por la puerta de atrás", elevando el control de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, al margen de la reforma laboral negociada.
En el manifiesto político los firmantes también reclaman medidas para atajar la precariedad y las posibilidades de descuelgue salarial, centrada en una revisión y modificación de las causas y procedimientos del despido, así como de los procesos de modificación sustancial de las condiciones de trabajo bajo las causas de pérdidas previstas actualmente. "Asimismo, el descuelgue de las condiciones laborales y salariales basado en causas justificadas deberá quedar condicionada al acuerdo con la representación sindical", demandan. Una cuestión que, nuevamente, no se ha consensuado en la mesa de diálogo con los agentes sociales.
El punto más polémico del escrito es el relativo a la recuperación de la indemnización por despido improcedente, incrementando su cuantía a los 45 días por año trabajado hasta un máximo de 42 mensualidades para los despidos declarados improcedentes. También reclaman la recuperarán los salarios de tramitación. Pero este apartado es una línea roja no solo para la patronal, sino también para el propio Gobierno, ya que la propia Yolanda Díaz ha admitido que Unidas Podemos intentó introducir este cambio en el acuerdo de coalición pero el PSOE lo vetó. Además, iría en contra de las recomendaciones de Bruselas, por lo que tiene difícil encaje en la reforma.
También se insiste en la necesidad de recuperar la prioridad aplicativa de los convenios sectoriales sobre los de empresa. "A los convenios de empresa les corresponderá la función de adecuación y mejora de las condiciones fijadas en los convenios colectivos sectoriales, que constituirán el suelo mínimo de las condiciones en todas las empresas del sector", zanja el manifiesto. Adicionalmente, se pide restaurar las limitaciones de las empresas para la movilidad geográfica colectiva y recuperar la necesidad de acuerdo para la regulación de la jornada, así como medidas orientadas a reordenar el tiempo de trabajo y la reducción de la jornada laboral, para facilitar la conciliación.
Todas estas medidas, insisten desde el equipo de Yolanda Díaz, son demandas históricas de los partidos que soportan el Gobierno de coalición, por lo que el manifiesto conjunto no les ha pillado por sorpresa. Además, admiten que se están negociando desde hace tiempo. Eso sí, con total discreción y buscando la vía para acceder a parte de estas peticiones sin poner en riesgo la paz social alcanzada con la patronal en esta medida clave de la legislatura. La ministra de Trabajo se está esforzando al máximo por dar con la 'fórmula mágica' que permita este encaje y evitar a toda costa que su reforma estrella salga adelante con el respaldo de Ciudadanos.
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