No son rostros nuevos. Yolanda Díaz, Teresa Ribera y María Jesús Montero ya fueron claves para desarrollar la estrategia económica del primer gobierno de coalición y todo apunta a que verán su papel reforzado en el reparto de carteras del próximo Consejo de Ministros. El nuevo gabinete de Pedro Sánchez tendrá que afrontar importantes reformas en los próximos cuatro años en materia laboral, energética y fiscal por lo que las ministras en funciones parten como principales candidatas para hacerse cargo de estos retos. También para vertebrar la acción económica del nuevo Ejecutivo, ante la posible salida de Nadia Calviño.
La vicepresidenta primera en funciones se disputa actualmente la presidencia del Banco Europeo de Inversiones (BEI) con la que fuera 'número dos' de la Comisión Europea, la danesa Margrethe Vestager, y con otros tres candidatos. Las dos parten como favoritas, si bien la candidatura de la ministra de Asuntos Económicos ha recibido recientemente el apoyo explícito del Gobierno de Alemania (país que junto a Francia y Italia ostenta un 56,34% del capital de la entidad) para hacerse con las riendas del que es considerado el brazo financiero de la Unión Europea.
El organismo, que tendrá un papel clave en el despliegue de los fondos Next Generation, ha tenido previamente siete presidentes, todos hombres y ninguno español. De ahí la trascendencia que tendría el nombramiento de Calviño, que en caso de ser elegida asumiría el cargo el próximo 1 de enero. La gallega ha venido jugando un papel esencial en el marco de la presidencia española del Consejo Europeo, impulsando, entre otras, la reforma en ciernes de las reglas fiscales o el reglamento de la inteligencia artificial.
Yolanda Díaz
El protagonismo de la líder de Sumar no es objeto de debate, por ser socia preferente del PSOE para la legislatura. La ministra de Trabajo y Economía Social en funciones quiere seguir al frente de este departamento para abordar los temas que quedaron pendientes en la reforma laboral de 2021: el despido, la jornada laboral máxima y el Estatuto de los Trabajadores. Díaz accedió a este cargo en enero de 2020, como una de las representantes designadas por Unidas Podemos, pero no fue hasta julio de 2021 cuando fue nombrada vicepresidenta segunda del Gobierno, tras la salida del fundador del espacio 'morado', Pablo Iglesias poco antes de conseguir el acuerdo con la patronal y los sindicatos ha llevado a reducir la temporalidad del sector privado.
En la nueva configuración del Ejecutivo, Díaz podría 'ascender' a la vicepresidencia primera, ya que este es el puesto que obtuvo el fundador de Podemos con el primer acuerdo de gobierno con el PSOE. Mientras que su coalición trata de conservar los cinco representantes con los que contaba en la legislatura anterior, aunque no sigan al cargo de los mismos departamentos. Más allá del paso de Igualdad a manos del PSOE, la agrupación de izquierdas está llamada a encabezar áreas como Cultura, Derechos Sociales y uno de nueva creación, destinado a Infancia y Juventud, según las quinielas. Sumar expresó su voluntad de ganar peso en materia económica, pero los socialistas no están dispuestos a ceder terreno ni en Industria ni en Vivienda.
Teresa Ribera
Es la gran apuesta de Pedro Sánchez para afrontar el reto de la década, la transición ecológica. Así lo ha dejado claro desde que recibió el respaldo del Congreso de los Diputados por primera vez en la moción de censura presentada contra Mariano Rajoy en 2018, cuando la eligió como ministra para la Transición Ecológica. Lo volvió a hacer en 2020, después de dos elecciones generales, confiándole la vicepresidencia cuarta del Gobierno. Desde entonces, Ribera ha cobrado un papel muy relevante, sobre todo en Europa, donde ha liderado la negociación de la reforma del mercado eléctrico e impulsado la 'excepción ibérica' o tope al gas, que contribuyó a reducir el precio de la electricidad en España y Portugal y que se valoró extender a toda la UE.
Atar los apoyos a la reforma del mercado eléctrico, era el principal objetivo de la 'número dos' del PSOE por Madrid para la presidencia del Consejo de la Unión Europea, algo que se concretó en octubre cuando los 27 acordaron una postura común sobre la norma. Este consenso es solo el primer paso para el desarrollo de la nueva normativa, que tendrá que lanzar en última instancia la Comisión Europea, una vez el Parlamento ya se ha posicionado a favor de impulsarla, y afectará a un reglamento y tres directivas, por lo que habrá que adaptarla a los ordenamientos nacionales. Pero esta Ministerio también tendrá que abordar los problemas que atañen a las energías renovables, como la falta de puntos de conexión para canalizar la producción de energía fotovoltaica.
María Jesús Montero
La ministra de Hacienda en funciones y ‘número dos’ del PSOE ha tenido un papel clave en las negociaciones de los acuerdos para la investidura con los nacionalistas. Estos pactos, que incorporan importantes medidas desde el punto de vista fiscal, serán la base sobre la que se asienten dos de las reformas más importantes de la legislatura: la tributaria y la de la financiación autonómica. A Montero, que fue consejera de Hacienda de la Junta de Andalucía entre 2013 y 2018, ya le tocó dar la batalla contra las deficiencias del actual modelo de reparto (que caducó en 2014) y contra el ‘dumping fiscal’. Esto último le llevó a sacar adelante, a lo largo de la última legislatura, el nuevo impuesto temporal sobre las grandes fortunas, que ha puesto en pie de guerra a Madrid, Galicia o Andalucía, principales afectadas al tener bonificado el Impuesto sobre el Patrimonio.
Sobre la mesa de la titular de Hacienda están los trabajos para trasponer la directiva europea que fija un tipo mínimo del 15% en el impuesto sobre Sociedades. España trabaja en coordinación con el resto de los socios europeos en el conocido como ‘Pilar Dos’ sobre la fiscalidad de las grandes multinacionales, que ha sido impulsado por la OCDE. Los trabajos se han ido acelerando en las últimas semanas. Antes, al próximo Gobierno le tocará encarar la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado para 2024, de forma que puedan entrar en vigor lo antes posible tras la más que previsible prórroga de las cuentas actuales el próximo 1 de enero.
