Economía confía en aplacar déficit y deuda ante el aviso de analistas e instituciones

La Actualización del Programa de Estabilidad 2023-2026 enviado este mismo mes a Bruselas incluye una senda de consolidación fiscal que marca claramente cómo ese esfuerzo, que viene realizándose desde el inicio de la legislatura, continuará los próximos años. En el Ministerio de Asuntos Económicos confían en que España será capaz de reducir el déficit y la deuda públicos de acuerdo con los objetivos que marquen las reglas fiscales -que volverán a entrar en vigor el próximo mes de enero- pese a las advertencias que han lanzado diferentes organismos y analistas. La última en hacerlo ha sido la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), que cifra en 30.000 millones de euros hasta 2027 el ajuste fiscal necesario para garantizar esa senda descendente de endeudamiento que la Comisión exigirá al país. 

Fuentes del departamento que capitanea Nadia Calviño recuerdan que, pese a los picos de déficit y deuda marcados a lo largo de la pandemia -por las medidas que el Gobierno se vio obligado a desplegar para atajar sus efectos sanitarios y económicos- se han venido cumpliendo los objetivos que el Ejecutivo se había marcado todos los años. La Comisión Europea activó la cláusula general de salvaguardia del Pacto de Estabilidad y Crecimiento -y con ello la suspensión de las metas fiscales- en marzo de 2020 debido a la Covid, y decidió después mantenerla al producirse la invasión rusa de Ucrania. 

Las mismas fuentes inciden en que el Programa de Estabilidad remitido a Bruselas adelanta un año, a 2024, el objetivo de reducir la ratio de deuda sobre PIB al 110% (el pasado ejercicio despidió en el 113,1%) y el de situar el déficit en el 3% desde el 4,8% al que cerró en 2022. Ese año, de hecho, España registró la mayor reducción en la ratio de deuda sobre PIB de su historia para un solo ejercicio -con una bajada de cinco puntos-, pese a todos los paquetes de medidas adoptados para hacer frente a las consecuencias de la guerra y de las crisis energética e inflacionaria. Al mismo tiempo, recuerdan que el déficit se ha reducido un 50% en dos años.

La retirada de medidas anticrisis y reformas estructurales

Ve un cierto margen de maniobra para aplacar el déficit -aunque por debajo de ese ajuste de 30.000 millones al que apunta la Autoridad Fiscal- Raymond Torres, director de Coyuntura de Funcas. Ese espacio estaría, en concreto, en la reducción de los gastos que trajo consigo la lucha contra la pandemia, primero, (de los que quedan ya pocas medidas desplegadas), y fundamentalmente el brote de inflación. Ambas han provocado además una merma de ingresos que en adelante podrían recuperarse. Son exenciones, reducciones de IVA, de gastos de compensación respecto a la inflación... Este paquete puede alcanzar o superar ligeramente los 10.000 millones de euros y serviría, explica Torres, para reducir el déficit. "En cierto modo sería lo más tangible, pero creo que no alcanza" a esa cifra a la que apunta la AIReF, sentencia. 

Desde su punto de vista, para colocar los desequilibrios en una senda más sostenible hacen falta una serie de acciones más estructurales que atañen tanto a los ingresos (reducción de todo tipo de exenciones, deducciones... para diferentes impuestos, tal y como aparecen en el Libro Blanco elaborado por la comisión de expertos que creó el Ministerio de Hacienda) como a una evaluación profunda del gasto público. La mayoría de países europeos cuentan con ese examen de todos sus programas de gasto para mejorar su eficacia. "No se trata de recortar, sino de asegurarse que el conjunto del gasto consigue los objetivos que se pretenden", añade el director de Coyuntura de Funcas.  

Es el mismo diagnóstico que hacía esta misma semana el Banco de España (BdE) en su 'Informe Anual 2022', donde apostaba por una reforma fiscal integral que dé más peso relativo a los impuestos sobre el consumo (fijando, entre otras cosas, un tipo único de IVA), por revisar los beneficios fiscales, por mejorar y elevar la imposición medioambiental y por aumentar la coordinación y armonización internacional del sistema. La entidad capitaneada por Pablo Hernández de Cos incidía en que a corto, medio y largo plazo las perspectivas de las cuentas públicas españolas están marcadas por la "persistencia" de unos niveles de endeudamiento público muy elevados. Esto supone un menor margen de actuación en términos fiscales ante posibles perturbaciones "macrofinancieras" que pudieran producirse en el futuro, así como una fuente de vulnerabilidad considerable para nuestro país.

Desde CaixaBank Research apuntan a que el ajuste gradual del déficit que propone el Plan de Estabilidad presentado por el Gobierno está impulsado por la recuperación económica. Esta situará el déficit en el 2,5% en 2026, en un contexto en el que el gasto público disminuirá debido al gran aumento del PIB nominal y a una cierta contención del gasto primario, excluidas las pensiones. Mientras, la recaudación pública aumentarán en porcentaje del PIB debido al alza de los ingresos procedentes de los impuestos directos y las cotizaciones sociales. De momento, señalan en su último informe mensual, la ejecución presupuestaria sigue siendo "bastante favorable", de modo que en el primer trimestre se registró un superávit del 3% del PIB, con un crecimiento de los ingresos muy superior al del gasto (del 7,4% interanual frente a 2,4%).