La Vicepresidencia de Asuntos Económicos tendrá acceso a información anonimizada sobre el tamaño, el sector de actividad y otra serie de información relevante sobre los perceptores de las líneas de avales del ICO al objeto de formarse una opinión más certera sobre el diferente comportamiento sectorial o por tipología del tejido empresarial español en la fase de recuperación que encara la economía española. Una información de enorme valor en un contexto en el que todo apunta a que el Ejecutivo se apoyará en las líneas de avales del ICO para ejecutar el plan de reestructuración de deudas empresariales, que planea aprobar este mismo mes de marzo y que probablemente aflorará tanto a las empresas con expectativas de futuro como a aquellas otras que no superarán la crisis.
El intercambio de información entre el ICO y la Vicepresidencia de Asuntos Económicos se orientará a través de un convenio con la Dirección General de Análisis Macroeconómico del departamento que dirige Nadia Calviño, que tiene como principal función la elaboración de las previsiones económicas oficiales del Gobierno pero que en los últimos meses ha volcado su actividad hacia la monitorización diaria de la situación económica, en un contexto en el que este análisis inmediato se ha convertido en crítico para evaluar la adecuada orientación de las medidas de política económica.
En los últimos meses el equipo de analistas de la Vicepresidencia de Asuntos Económicos ha pasado de revisar la información mensual proporcionada por el INE y por otras fuentes estadísticas para tratar de intuir la evolución trimestral o anual de la economía a analizar de forma minuciosa la información diaria obtenida de los datos sobre movilidad que proporciona Google o las empresas de telefonía, la información sobre consumo energético, sobre afiliación diaria a la Seguridad Social o sobre gasto con tarjetas de crédito para vislumbrar los posibles efectos sobre los hábitos de consumo de los ciudadanos de las medidas aprobadas por el Gobierno, tanto en el caso de las restricciones como en la suavización de éstas.
Las nuevas fuentes de información sin embargo ofrecen más información sobre las pautas de consumo de los ciudadanos que sobre la estabilidad financiera de las empresas, ya que incluso en el caso de los datos de empleo esa información que puede dar pistas sobre la situación de las empresas según qué sectores está distorsionada por la operativa de los ERTE, según señalan los analistas. De hecho, fuentes empresariales sugieren que la dificultad del Gobierno para determinar qué empresas pueden ser o no viables a futuro es uno de los principales factores que está retrasando el esperado mecanismo de ayudas directas a las empresas. Un factor en el que también incidió este miércoles el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, al advertir de la necesidad de poner sobre la mesa un esquema que garantice que las ayudas no acabarán en empresas sin viabilidad a futuro.
El acceso por parte de la Dirección General de Análisis Macroeconómico a información anonimizada no sólo sobre el perfil sectorial y de tamaño de las empresas beneficiarias de estos préstamos - que la Vicepresidencia ya proporciona con cierta regularidad - sino eventualmente a otra información como su comportamiento de pagos (devolución de intereses), su recurso o no a las medidas de ampliación de los periodos de carencia habilitadas por el Gobierno o incluso su recurso al eventual programa de reestructuración de deudas que pueda ponerse en marcha ofrecería al equipo de analistas que dirige Carlos Cuerpo una información extraordinariamente útil sobre la situación del tejido empresarial doméstico y los daños causados por la crisis en las empresas que atravesaron problemas de liquidez de la suficiente entidad como para acudir a este mecanismo de cobertura.
Economía no precisa si va a solicitar información de ese nivel de detalle y se limita a explicar que el convenio recién firmado establece un protocolo básico "para que el ICO puede pasar los datos de aplicación de las líneas de avales con el fin de que se pueda hacer un análisis más completo, en la línea de obtener nueva información a través de la colaboración con otras instituciones que viene desarrollando la Dirección General". El texto del convenio no da muchos más detalles y establece que "las partes se comprometen a intercambiar datos relativos a cuestiones relacionadas
con los instrumentos financieros gestionados por el ICO y, en particular, de las líneas de avales ICO COVID-19" y que ese intercambio de información se regulará a través de requerimientos específicos con fechas de entrega determinadas, a acordar más adelante.
El Gobierno ya ha maniobrado en los últimos meses en un par de ocasiones para enriquecer la información a la que tiene acceso el ICO. El pasado mes de noviembre habilitó legalmente al instituto de crédito público para acceder a la información sobre riesgo de morosidad de los clientes de los bancos que figura en la Central de Información de Riesgos del Banco de España (CIRBE), a fin de que pudieran monitorizar el comportamiento de pagos de los beneficiarios de las líneas de avales, ya que la norma anterior solo permitía al ICO acceder a los perfiles de sus propios clientes y los de las líneas de avales son clientes de las entidades bancarias. Hace apenas un mes, el Gobierno habilitó el acceso del ICO a la información sobre calificaciones crediticias del Banco de España para cada empresa beneficiaria de la línea de avales. Toda esa información está ahora en poder del ICO.
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